En las oficinas de los 43 juzgados que funcionan en el Palacio de Justicia de Quito, jueces, secretarios y asistentes ayer atendían a los usuarios con su ritmo habitual. Aunque funcionarios y servidores judiciales admitían que existe incertidumbre.
La mayoría de ellos comentaba que se sentían preocupados por las implicaciones del estado de excepción en la Función Judicial, que el presidente Rafael Correa decretó la tarde del lunes.
El Decreto 872, en su artículo 2, dispone la movilización de todo el personal de la Función Judicial. Eso al Secretario de un juzgado civil de Pichincha (prefirió reservarse su identidad por temor a represalias) le inquietaba la posibilidad de que sean enviados a otra provincia y que eso le significará distanciarse de su familia.
Una de las asistentes del Juzgado V de la Niñez y Adolescencia coincidió al señalar que ella se iría sola, ya que su esposo es profesor en la Universidad Central y su hija estudia Medicina.
Ante este ambiente de incertidumbre, la Asociación de Empleados Judiciales llamaba a la calma. En un comunicado, exhibido en una de las paredes del Palacio de Justicia, dice, entre otras cosas, que “Les recordamos que vivimos un momento de transición, en el cual es necesario mantener la calma, estar unidos e informarnos en base a fuentes oficiales, para evitar malos entendidos y proliferación de rumores”.
Pero la preocupación subió después de que a las 11:00, de ayer, se distribuía entre jueces y empleados el cuarto memorando relacionado con la emergencia. En la circular No. 2420-DP-DPP, la jefa de personal provincial (e), Rocío Ortega, comunicó que, por pedido de la Dirección Provincial de la Judicatura, cada empleado debe enviar información personal, judicatura a la que pertenece, ciudad de domicilio, número de clave del biométrico, etc.
Mientras apuntaban sus datos personales en hojas adjuntas al comunicado, algunos comentaban que ese sería el principio para el desplazamiento de los empleados hacia otros lugares.
La mayoría de ellos comentaba que se sentían preocupados por las implicaciones del estado de excepción en la Función Judicial, que el presidente Rafael Correa decretó la tarde del lunes.
El Decreto 872, en su artículo 2, dispone la movilización de todo el personal de la Función Judicial. Eso al Secretario de un juzgado civil de Pichincha (prefirió reservarse su identidad por temor a represalias) le inquietaba la posibilidad de que sean enviados a otra provincia y que eso le significará distanciarse de su familia.
Una de las asistentes del Juzgado V de la Niñez y Adolescencia coincidió al señalar que ella se iría sola, ya que su esposo es profesor en la Universidad Central y su hija estudia Medicina.
Ante este ambiente de incertidumbre, la Asociación de Empleados Judiciales llamaba a la calma. En un comunicado, exhibido en una de las paredes del Palacio de Justicia, dice, entre otras cosas, que “Les recordamos que vivimos un momento de transición, en el cual es necesario mantener la calma, estar unidos e informarnos en base a fuentes oficiales, para evitar malos entendidos y proliferación de rumores”.
Pero la preocupación subió después de que a las 11:00, de ayer, se distribuía entre jueces y empleados el cuarto memorando relacionado con la emergencia. En la circular No. 2420-DP-DPP, la jefa de personal provincial (e), Rocío Ortega, comunicó que, por pedido de la Dirección Provincial de la Judicatura, cada empleado debe enviar información personal, judicatura a la que pertenece, ciudad de domicilio, número de clave del biométrico, etc.
Mientras apuntaban sus datos personales en hojas adjuntas al comunicado, algunos comentaban que ese sería el principio para el desplazamiento de los empleados hacia otros lugares.
