QUITO. El coronel César Carrión (c), implicado en el caso 30-S, acudió a la audiencia de apelación de la Corte Provincial.
El fiscal Jorge Cano se abstuvo ayer de acusar a 20 de los 47 policías implicados en la rebelión policial que se registró el 30 de septiembre del 2010 (30-S).
La decisión de Cano fue conocida durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, en la que se pidió a la jueza 10ª de Garantías Penales de Pichincha, Carmen Baño, convoque a juicio por el delito de rebelión armada a 4 de los 47 implicados en la sublevación policial.
Según el fiscal, durante las investigaciones se logró determinar la responsabilidad de los implicados en el caso.
Cano afirmó que los hechos ocurridos en el Regimiento Quito configuran un delito de acción pública en el que existen suficientes elementos para decir que hubo rebelión armada.
No hay duda, según Cano, que el delito perpetrado con violencia por una multitud se dirigió contra la administración pública, representada en el presidente Rafael Correa.
Hasta el cierre de esta edición, Cano pidió convocar a juicio en calidad de autores del delito a Paola Mafla, Andrés Solano León, Geovanny Fuentes y Marco Zúñiga.
En otra audiencia, la Tercera Sala Penal de la Corte de Quito decidirá si acepta la apelación de la Fiscalía a la sentencia absolutoria que liberó al exdirector del hospital policial, César Carrión, y a otros tres acusados de intento de magnicidio.
El pedido lo hizo el fiscal Luis Enríquez durante la audiencia a la que acudió acompañado del fiscal distrital, Marco Freire.
Según la Fiscalía, se demostró que las pruebas son contundentes para comprobar el delito de magnicidio y la responsabilidad de los policías procesados.
En esta ocasión, Enríquez volvió a defender su prueba y aprovechó para señalar que –a su juicio– el policía Segundo Paucar quiso quitar la máscara antigás al presidente Correa.
Afirmó que en otro video se observa cómo Carrión atentó contra la vida de Rafael Correa, al cerrar la puerta de ingreso al hospital adonde iba Correa a recibir los primeros auxilios.
Además, el fiscal dijo haber identificado la voz del policía Luis Martínez a través de la radio patrulla cuando sugiere matar al presidente y que también identificó a Luis Bahamonde como el policía que lanzó gas lacrimógeno a Correa.
Martínez, acusado de autor intelectual del delito de magnicidio, denunció que la Fiscalía incluyó en la apelación una prueba de audio que no consta en el proceso original, lo que invalidaría la actuación de la 3ª Sala Penal.
El fiscal Jorge Cano se abstuvo ayer de acusar a 20 de los 47 policías implicados en la rebelión policial que se registró el 30 de septiembre del 2010 (30-S).
La decisión de Cano fue conocida durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, en la que se pidió a la jueza 10ª de Garantías Penales de Pichincha, Carmen Baño, convoque a juicio por el delito de rebelión armada a 4 de los 47 implicados en la sublevación policial.
Según el fiscal, durante las investigaciones se logró determinar la responsabilidad de los implicados en el caso.
Cano afirmó que los hechos ocurridos en el Regimiento Quito configuran un delito de acción pública en el que existen suficientes elementos para decir que hubo rebelión armada.
No hay duda, según Cano, que el delito perpetrado con violencia por una multitud se dirigió contra la administración pública, representada en el presidente Rafael Correa.
Hasta el cierre de esta edición, Cano pidió convocar a juicio en calidad de autores del delito a Paola Mafla, Andrés Solano León, Geovanny Fuentes y Marco Zúñiga.
En otra audiencia, la Tercera Sala Penal de la Corte de Quito decidirá si acepta la apelación de la Fiscalía a la sentencia absolutoria que liberó al exdirector del hospital policial, César Carrión, y a otros tres acusados de intento de magnicidio.
El pedido lo hizo el fiscal Luis Enríquez durante la audiencia a la que acudió acompañado del fiscal distrital, Marco Freire.
Según la Fiscalía, se demostró que las pruebas son contundentes para comprobar el delito de magnicidio y la responsabilidad de los policías procesados.
En esta ocasión, Enríquez volvió a defender su prueba y aprovechó para señalar que –a su juicio– el policía Segundo Paucar quiso quitar la máscara antigás al presidente Correa.
Afirmó que en otro video se observa cómo Carrión atentó contra la vida de Rafael Correa, al cerrar la puerta de ingreso al hospital adonde iba Correa a recibir los primeros auxilios.
Además, el fiscal dijo haber identificado la voz del policía Luis Martínez a través de la radio patrulla cuando sugiere matar al presidente y que también identificó a Luis Bahamonde como el policía que lanzó gas lacrimógeno a Correa.
Martínez, acusado de autor intelectual del delito de magnicidio, denunció que la Fiscalía incluyó en la apelación una prueba de audio que no consta en el proceso original, lo que invalidaría la actuación de la 3ª Sala Penal.
