El Ministro del Interior, José Serrano, afirmó que, antes de que el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha haya declarado inocentes al ex director del Hospital de la Policía, César Carrión y a los uniformados Luis Aníbal Martínez, Luis Bahamonde y Jaime Vinicio Paucar, el Gobierno ya anunció que existía una actitud parcializada por parte de los jueces que llevaban este caso.
Serrano señaló dos ejemplos concretos que respaldan esta afirmación. El primero que hace referencia a la actitud que los jueces asumieron al momento del interrogatorio a los testigos. Indicó que aunque está prohibida la realización de preguntas y repreguntas a los testigos, el Juez Sierra no solo que los interrogó sino que además les llamó la atención sobre un supuesto nerviosismo a la hora de presentar sus testimonios.
El funcionario señaló que la parcialización de los jueces también se evidenció al momento de evaluar la grabación de audio del 30-S en la que escucha a un policía que, a través de la frecuencia de radio patrulla, llama a sus compañeros a asesinar al Presidente Correa.
El ministro explicó que ese audio fue sometido a un peritaje técnico para identificar la voz de su autor. En ese examen se utilizaron sistemas de medición de decibeles y se determinó que la voz era la del policía Luis Aníbal Martínez.
No obstante, el juez Sierra solicitó otro peritaje. Ese segundo examen se lo realizó solo con un programa casero (Nero) y cuando se le preguntó al perito cómo había determinado que el audio no correspondía a la voz de Martínez, este contesto que por medio de su oído.
Adicionalmente, según el ministro Serrano, los jueces del Tribunal Quito tampoco tomaron en cuenta el hecho de que el Coronel Carrión uso mandil de médico para entrar a la habitación en la que se hallaba el Mandatario, esto sin ser galeno de profesión.
Por todo esto, el ministro del Interior aseveró que los procesos penales y administrativos continúan tanto en este caso como en el del mayor (r) Fidel Araujo (otro de los involucrados que ya fue liberado) y que se apelará la parcialización de los jueces y la violación al Código de Procedimiento Penal.