En cinco años, el Seguro Social quiere destinar $ 138,5 millones para contratar un administrador de programa que prevenga fraudes y recaude aportes, por medio de tarjetas magnéticas.
Esa cifra, comparable al presupuesto total que se asignará este 2011 a la Universidad Central del Ecuador ($ 136,6 millones) y al Ministerio de Justicia ($ 132,2 millones), ha recibido críticas de la asambleísta Nívea Vélez (ARE), del representante sindical Fernando Ibarra, y hasta de funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que han presentado informes que indican que dicho gasto “no se justifica”.
El proyecto fue presentado por la directora del hospital Carlos Andrade Marín, María Sol Larrea Sánchez, y el director de Pensiones, Byron Proaño, al presidente del IESS, Ramiro González, el 19 de marzo pasado.
De manera general, el proyecto busca contratar a una empresa que suministre la tecnología e infraestructura para la impresión de tarjetas de banda magnética personalizada. Será una tarjeta recargable, multipropósito, multifuncional, aceptada nacional e internacionalmente que contará con la aceptación de una institución emisora como Visa, MasterCard, American, Diners, Discover, entre otras.
Según el proyecto, con esas tarjetas se reduciría a cero el costo de transacciones por débito y en ventanilla de los bancos. También se podría atraer con este servicio a los afiliados en el extranjero; disminuir los problemas de fraudes en el IESS que se han dado por suplantación y duplicación de identidad.
De acuerdo con Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de los Trabajadores y de Seguridad Social, aunque la propuesta “puede sonar muy bonita, tiene un costo muy alto que no incluye un sustento técnico”.
Explicó que sin conocer el monto real de los supuestos fraudes y a pesar de contar con informes en contra de la propia institución, se buscaba aprobarlo de manera ágil. Pero por presión de sectores sindicales y de la Asamblea estaría parado.
El 16 de marzo se pidió a varios departamentos del IESS sus criterios, unos a favor y otros en contra.
Manuel Vivanco, exmiembro del Consejo Directivo del IESS, opinó que este tipo de proyectos se presentan porque la institución no tiene políticas financieras y de riesgos; que las autoridades no se han preocupado, un ejemplo, por hacer estudios actuariales adecuados.
El presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, Fernando Ibarra, calificó al proyecto como una “mala broma”. Además, criticó que el proyecto de tanta envergadura se le haya encargado a un personal no especializado. A pedido de Ibarra, la Superintendencia de Bancos ya ha requerido al director general del IESS, Fernando Guijarro, que “remita la información completa y documentada relacionada con el contrato del administrador del programa de prevención de fraudes, así como los informes en los que se estaba respaldando”.
Este Diario buscó, sin éxito, contactarse a través de los departamentos de comunicación, con Ramiro González y María Sol Larrea. Se nos informó que ambas autoridades estaban en Manabí.
Esa cifra, comparable al presupuesto total que se asignará este 2011 a la Universidad Central del Ecuador ($ 136,6 millones) y al Ministerio de Justicia ($ 132,2 millones), ha recibido críticas de la asambleísta Nívea Vélez (ARE), del representante sindical Fernando Ibarra, y hasta de funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que han presentado informes que indican que dicho gasto “no se justifica”.
El proyecto fue presentado por la directora del hospital Carlos Andrade Marín, María Sol Larrea Sánchez, y el director de Pensiones, Byron Proaño, al presidente del IESS, Ramiro González, el 19 de marzo pasado.
De manera general, el proyecto busca contratar a una empresa que suministre la tecnología e infraestructura para la impresión de tarjetas de banda magnética personalizada. Será una tarjeta recargable, multipropósito, multifuncional, aceptada nacional e internacionalmente que contará con la aceptación de una institución emisora como Visa, MasterCard, American, Diners, Discover, entre otras.
Según el proyecto, con esas tarjetas se reduciría a cero el costo de transacciones por débito y en ventanilla de los bancos. También se podría atraer con este servicio a los afiliados en el extranjero; disminuir los problemas de fraudes en el IESS que se han dado por suplantación y duplicación de identidad.
De acuerdo con Vélez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de los Trabajadores y de Seguridad Social, aunque la propuesta “puede sonar muy bonita, tiene un costo muy alto que no incluye un sustento técnico”.
Explicó que sin conocer el monto real de los supuestos fraudes y a pesar de contar con informes en contra de la propia institución, se buscaba aprobarlo de manera ágil. Pero por presión de sectores sindicales y de la Asamblea estaría parado.
El 16 de marzo se pidió a varios departamentos del IESS sus criterios, unos a favor y otros en contra.
Manuel Vivanco, exmiembro del Consejo Directivo del IESS, opinó que este tipo de proyectos se presentan porque la institución no tiene políticas financieras y de riesgos; que las autoridades no se han preocupado, un ejemplo, por hacer estudios actuariales adecuados.
El presidente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, Fernando Ibarra, calificó al proyecto como una “mala broma”. Además, criticó que el proyecto de tanta envergadura se le haya encargado a un personal no especializado. A pedido de Ibarra, la Superintendencia de Bancos ya ha requerido al director general del IESS, Fernando Guijarro, que “remita la información completa y documentada relacionada con el contrato del administrador del programa de prevención de fraudes, así como los informes en los que se estaba respaldando”.
Este Diario buscó, sin éxito, contactarse a través de los departamentos de comunicación, con Ramiro González y María Sol Larrea. Se nos informó que ambas autoridades estaban en Manabí.
