Este miércoles, a partir de las 09:30, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por la asambleísta Silvia Salgado, recibirá las pruebas de cargo y descargo, como parte de la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Francisco Ulloa y Abdalá Bucaram en contra del ministro de Salud, David Chiriboga, a quien se lo acusa por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley, pues se los responsabiliza de las malas condiciones de las unidades de neonatología de algunos hospitales públicos.
En este marco, la titular del organismo legislativo, convocó para que den sus testimonios a Daniel Astudillo, Director del Hospital Isidro Ayora; Rómulo Salazar, de la Defensoría del Pueblo de Loja; Catalina Sandoval, Directora del Hospital Gustavo Domínguez; Clay Cabrera, Defensor del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas; y, Carlos Villacreses, Delegado del Defensor del Pueblo de la Provincia del Guayas.
Así mismo, Thelmo Jaramillo, Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo del Ecuador; Francisco Plaza, Coordinador de la Comisión Especializada del Colegio de Médicos de Guayaquil; y, Patricia Parrales, Directora Hospital Francisco Ycaza Bustamante de Guayaquil.
Las acusaciones del asambleísta Abdalá Bucaram se fundamentan en la ineficaz rectoría del sistema de salud pública, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, especialmente en los servicios públicos estatales en todos los niveles, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios, conforme lo dispuesto en los artículos 361 y 262 de la Constitución.
Asegura que, con mayor razón, se debe cumplir este mandato, si en el nuevo Estado constitucional de derechos y justicia, el Estado es responsable de fortalecer los servicios estatales de salud, incorporando el talento humano y sustancialmente proporcionando infraestructura física y equipamiento a las instituciones públicas de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 363 de la Constitución.
Mientras, la solicitud del legislador Francisco Ulloa subraya que el ministro debe responder por lo sucedido en el Hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Tsáchilas y en el Regional Isidro Ayora de Loja.
Además, tiene que explicar lo ocurrido en el Hospital de Niños Francisco de Ycaza Bustamante, donde se investiga la muerte de 11 recién nacidos, cinco de los cuales habrían sido afectados por la bacteria serratia marcescens, según lo ha reconocido el propio ministro. Sostiene que el Gobierno debe clarificar qué ha pasado con la declaratoria de estado de emergencia y de excepción del sector salud, que puso en vigencia desde el 2007 y, lo que es más, qué sucedió con los 540 millones de dólares, que se habrían destinado a fortalecer la infraestructura y los equipos de las unidades médicas del país.
En este marco, la titular del organismo legislativo, convocó para que den sus testimonios a Daniel Astudillo, Director del Hospital Isidro Ayora; Rómulo Salazar, de la Defensoría del Pueblo de Loja; Catalina Sandoval, Directora del Hospital Gustavo Domínguez; Clay Cabrera, Defensor del Pueblo de Santo Domingo de los Tsáchilas; y, Carlos Villacreses, Delegado del Defensor del Pueblo de la Provincia del Guayas.
Así mismo, Thelmo Jaramillo, Adjunto Segundo del Defensor del Pueblo del Ecuador; Francisco Plaza, Coordinador de la Comisión Especializada del Colegio de Médicos de Guayaquil; y, Patricia Parrales, Directora Hospital Francisco Ycaza Bustamante de Guayaquil.
Las acusaciones del asambleísta Abdalá Bucaram se fundamentan en la ineficaz rectoría del sistema de salud pública, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, responsable de formular la política nacional de salud, normar, regular y controlar todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, especialmente en los servicios públicos estatales en todos los niveles, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios, conforme lo dispuesto en los artículos 361 y 262 de la Constitución.
Asegura que, con mayor razón, se debe cumplir este mandato, si en el nuevo Estado constitucional de derechos y justicia, el Estado es responsable de fortalecer los servicios estatales de salud, incorporando el talento humano y sustancialmente proporcionando infraestructura física y equipamiento a las instituciones públicas de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 363 de la Constitución.
Mientras, la solicitud del legislador Francisco Ulloa subraya que el ministro debe responder por lo sucedido en el Hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Tsáchilas y en el Regional Isidro Ayora de Loja.
Además, tiene que explicar lo ocurrido en el Hospital de Niños Francisco de Ycaza Bustamante, donde se investiga la muerte de 11 recién nacidos, cinco de los cuales habrían sido afectados por la bacteria serratia marcescens, según lo ha reconocido el propio ministro. Sostiene que el Gobierno debe clarificar qué ha pasado con la declaratoria de estado de emergencia y de excepción del sector salud, que puso en vigencia desde el 2007 y, lo que es más, qué sucedió con los 540 millones de dólares, que se habrían destinado a fortalecer la infraestructura y los equipos de las unidades médicas del país.
