QUITO. Los vocales del Consejo de la Judicatura permanecerán en sus cargos hasta que se perfeccionen los resultados de la consulta popular y sean reemplazados por una comisión tripartita.
El planteamiento del vocal Oswaldo Domínguez, del Consejo de la Judicatura, para presentar una renuncia masiva no pasó de eso.
Ayer, solo tres vocales renunciaron a sus cargos frente a los resultados de la consulta popular, en la que ganaron las preguntas que dan paso a una reestructuración de la justicia y a la sustitución de los miembros del CJ por una comisión tripartita integrada por el Ejecutivo, Legislativo y Función de Transparencia.
Aunque los vocales Oswaldo Domínguez, Marco Tulio Cordero y Herman Jaramillo sí renunciaron, el pleno del organismo se negó a conocer y aceptar la dimisión, considerando que no tiene competencia para ello.
Por tanto, según el vocal Max Ulpiano Salazar, a los tres vocales no les quedará otra alternativa que regresar a sus cargos hasta que se perfeccionen los resultados de la consulta popular y sean reemplazados por la comisión tripartita.
Según Salazar, las normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) determinan que ningún funcionario público puede abandonar sus funciones sin antes ser legalmente reemplazado.
Tras una revisión de la normativa legal con la que se rige el CJ, Salazar indicó que al igual que el Consejo, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana tampoco pueden conocer las renuncias de los magistrados, por no ser los entes nominadores. “La ley no determina qué ente debe ser el encargado para analizar y resolver las renuncias de los vocales del CJ”, dijo.
No obstante, el vocal Oswaldo Domínguez aseguró que no regresará a su oficina porque los inventarios ya fueron entregados al departamento administrativo del CJ; mientras que la tarde de ayer tenía previsto devolver el carro del Estado que le fue asignado a la Contraloría.
“Me regreso a Cuenca, y a partir del lunes me reintegro a la cátedra universitaria y a mis actividades profesionales y privadas”, dijo.
Según Domínguez, sería indigno permanecer en el cargo, luego de los maltratos de que fueron víctimas en la Asamblea durante el juicio político planteado por el legislador Mauro Andino, de PAIS.
El planteamiento del vocal Oswaldo Domínguez, del Consejo de la Judicatura, para presentar una renuncia masiva no pasó de eso.
Ayer, solo tres vocales renunciaron a sus cargos frente a los resultados de la consulta popular, en la que ganaron las preguntas que dan paso a una reestructuración de la justicia y a la sustitución de los miembros del CJ por una comisión tripartita integrada por el Ejecutivo, Legislativo y Función de Transparencia.
Aunque los vocales Oswaldo Domínguez, Marco Tulio Cordero y Herman Jaramillo sí renunciaron, el pleno del organismo se negó a conocer y aceptar la dimisión, considerando que no tiene competencia para ello.
Por tanto, según el vocal Max Ulpiano Salazar, a los tres vocales no les quedará otra alternativa que regresar a sus cargos hasta que se perfeccionen los resultados de la consulta popular y sean reemplazados por la comisión tripartita.
Según Salazar, las normas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) determinan que ningún funcionario público puede abandonar sus funciones sin antes ser legalmente reemplazado.
Tras una revisión de la normativa legal con la que se rige el CJ, Salazar indicó que al igual que el Consejo, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana tampoco pueden conocer las renuncias de los magistrados, por no ser los entes nominadores. “La ley no determina qué ente debe ser el encargado para analizar y resolver las renuncias de los vocales del CJ”, dijo.
No obstante, el vocal Oswaldo Domínguez aseguró que no regresará a su oficina porque los inventarios ya fueron entregados al departamento administrativo del CJ; mientras que la tarde de ayer tenía previsto devolver el carro del Estado que le fue asignado a la Contraloría.
“Me regreso a Cuenca, y a partir del lunes me reintegro a la cátedra universitaria y a mis actividades profesionales y privadas”, dijo.
Según Domínguez, sería indigno permanecer en el cargo, luego de los maltratos de que fueron víctimas en la Asamblea durante el juicio político planteado por el legislador Mauro Andino, de PAIS.
