La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado (Socialista), convocó a sesión del organismo hoy, a partir de las 9:30, para iniciar el trámite del juicio político unificado propuesto en contra del ministro de Salud Pública, David Chiriboga.Los proponentes son Francisco Ulloa (MPD) y Abdalá Bucaram Pulley (PRE), quienes acusan al Ministro de incumplimiento de funciones y por la falta de acción frente a la crisis en el sector de la salud, así mismo Ulloa exige que el funcionario informe cómo se ha invertido el dinero destinado a dicha emergencia y que responda por la muerte de varios neonatos en Guayaquil, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas.
La Comisión receptará varios testimonios solicitados por la parte interpelante, para el conocimiento y aprobación de las pruebas de oficio.
En la sesión se llevará a cabo la evacuación de pruebas con los testimonios solicitados por Ulloa de Daniel Astudillo, exdirector del Hospital Isidro Ayora de Loja, Rómulo Salazar, delegado del Defensor del Pueblo de Loja, Catalina Sandoval, exdirectora del Hospital Gustavo Dominguez de Santo Domingo, Clay Cabrera, delegado del Defensor del Pueblo de Santo Domingo.
También acudirá Carlos Villacreses, delegado del Defensor del Pueblo del Guayas, Telmo Jaramillo, adjunto segundo del Defensor del Pueblo del Ecuador, Francisco Plaza, coordinador de la Comisión Especializada del Colegio de Médicos del Guayas encargada de investigar la Muerte de los Neonatos, y Patricia Parrales, directora del Hospital Francisco Ycaza Bustamante de Guayaquil.
Sobre este proceso, el legislador Francisco Ulloa (MPD) consideró que el Ministro debe responder por lo sucedido en el Hospital Gustavo Domínguez de Santo Domingo de los Tsáchilas; también en el Regional Isidro Ayora de Loja, “donde en la sala de Neonatología ya suman 27 muertos en los últimos 4 meses y 316 desde 2006”.
Los montos asignados
° 540 millones de dólares se destinaron a la emergencia sanitaria que se puso en vigencia en 2007.
° 400 millones de dólares adicionales para la atención en los hospitales públicos se asignaron en enero de este año mediante la declaratoria de otra emergencia sanitaria.
