El estado de Arizona llevará su controvertida ley migratoria conocida como SB 1070 ante la Corte Suprema, informó su gobernadora, Jan Brewer, en un comunicado este lunes.
La ley SB 1070, que por primera vez en la historia de Estados Unidos convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, fue parcialmente suspendida por un juez federal antes de que entrara en vigor en julio pasado, decisión confirmada luego por un alto tribunal de apelaciones.
"Supe desde el principio que esta batalla legal sería larga", dijo la gobernadora en su comunicado. "Pero puesto que este es el camino que escogimos, espero que Arizona gane" ante el máximo tribunal estadounidense.
La ley entró en vigor sin varias controvertidas disposiciones, entre ellas una que obligaba a la policía estatal a comprobar el estatuto migratorio de cualquier sospechoso.
El Departamento de Justicia impugnó la ley bajo el argumento de que los asuntos migratorios son competencia del gobierno federal.
La ley SB 1070 ha servido de inspiración a otros Congresos estatales en todo el país, como Florida, cuyos legisladores debaten medidas parecidas.
"Este tema es más importante que la simple seguridad fronteriza. Se trata del principio de que un estado pueda asumir la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, en especial ante la ausencia de asistencia federal de forma suficiente", explicó el comunicado.
Arizona, que tiene casi 350 km de frontera con México, es la principal puerta de entrada a Estados Unidos de los inmigrantes que intentan cruzar por tierra, según datos oficiales.
Un tercio de los 6,6 millones de habitantes de Arizona no nacieron en Estados Unidos y unos 460.000, según varias estimaciones, estarían en situación irregular.
Los opositores de la ley la consideran xenófoba y advierten que llevaría a la policía estatal a detener a la gente por su raza o aspecto.
Brewer explicó que en lugar de apelar de nuevo la ley ante el noveno circuito federal, con sede en San Francisco, prefería llevar la SB 1070 directamente ante la Corte Suprema, ante la urgencia del caso.
La ley SB 1070, que por primera vez en la historia de Estados Unidos convierte la inmigración ilegal en un delito estatal, fue parcialmente suspendida por un juez federal antes de que entrara en vigor en julio pasado, decisión confirmada luego por un alto tribunal de apelaciones.
"Supe desde el principio que esta batalla legal sería larga", dijo la gobernadora en su comunicado. "Pero puesto que este es el camino que escogimos, espero que Arizona gane" ante el máximo tribunal estadounidense.
La ley entró en vigor sin varias controvertidas disposiciones, entre ellas una que obligaba a la policía estatal a comprobar el estatuto migratorio de cualquier sospechoso.
El Departamento de Justicia impugnó la ley bajo el argumento de que los asuntos migratorios son competencia del gobierno federal.
La ley SB 1070 ha servido de inspiración a otros Congresos estatales en todo el país, como Florida, cuyos legisladores debaten medidas parecidas.
"Este tema es más importante que la simple seguridad fronteriza. Se trata del principio de que un estado pueda asumir la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, en especial ante la ausencia de asistencia federal de forma suficiente", explicó el comunicado.
Arizona, que tiene casi 350 km de frontera con México, es la principal puerta de entrada a Estados Unidos de los inmigrantes que intentan cruzar por tierra, según datos oficiales.
Un tercio de los 6,6 millones de habitantes de Arizona no nacieron en Estados Unidos y unos 460.000, según varias estimaciones, estarían en situación irregular.
Los opositores de la ley la consideran xenófoba y advierten que llevaría a la policía estatal a detener a la gente por su raza o aspecto.
Brewer explicó que en lugar de apelar de nuevo la ley ante el noveno circuito federal, con sede en San Francisco, prefería llevar la SB 1070 directamente ante la Corte Suprema, ante la urgencia del caso.
