Las críticas por la eliminación del subsidio eléctrico para ciertos usuarios del sector residencial se traducen en recursos legales que buscan la suspensión del tarifario aprobado por el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) el 9 de junio.
El asambleísta Galo Lara (SP) presentó el miércoles una acción de protección en contra de los siete miembros del directorio y su director ejecutivo.
Lara argumentó que la medida viola el derecho a la igualdad y es discriminatoria, “ya que para un mismo sector, esto es el residencial, se están disponiendo diferentes tipos de escalas por costo de electricidad”.
El Conelec dispuso suprimir el subsidio a los abonados que consuman más de 500 kilovatios hora al mes (kWh/m). Luego el Gobierno anunció que el tope subiría a 700 kWh/m solo para los usuarios de la Costa y en época de invierno.
“Se está discriminando a un mismo sector residencial cuyo objetivo al recibir el servicio de luz es simplemente acceder a una vida digna”, expresó el legislador en el recurso que recayó en el Juzgado Décimo de la Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha.
Los asambleístas de Madera de Guerrero (MG) también interpusieron la misma acción denunciando que “se pretende castigar a un sector de la población haciéndole pagar los costos de la ineficiencia estatal”.
Varios dirigentes del movimiento acudieron ayer a la Corte en Guayas para poner la demanda suscrita por Cynthia Viteri y Andrés Roche.
“El alza de tarifas viola los derechos del consumidor, el derecho a recibir servicios públicos con precios equitativos y viola el derecho de los ciudadanos a ser consultados por las medidas que afecten sus derechos”, expresaron en el escrito que recayó en el Juzgado Quinto Adjunto de Tránsito.
Los legisladores de SP y MG coincidieron en pedir a la autoridad judicial que suspenda provisionalmente la resolución del Conelec.
Otro queja se planteará hoy. El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, anunció a través de un boletín que pondrá una acción de protección en la Corte provincial.
El artículo 88 de la Constitución establece que dicho recurso podrá presentarse cuando exista la vulneración de derechos constitucionales por parte de alguna autoridad pública.
El asambleísta Galo Lara (SP) presentó el miércoles una acción de protección en contra de los siete miembros del directorio y su director ejecutivo.
Lara argumentó que la medida viola el derecho a la igualdad y es discriminatoria, “ya que para un mismo sector, esto es el residencial, se están disponiendo diferentes tipos de escalas por costo de electricidad”.
El Conelec dispuso suprimir el subsidio a los abonados que consuman más de 500 kilovatios hora al mes (kWh/m). Luego el Gobierno anunció que el tope subiría a 700 kWh/m solo para los usuarios de la Costa y en época de invierno.
“Se está discriminando a un mismo sector residencial cuyo objetivo al recibir el servicio de luz es simplemente acceder a una vida digna”, expresó el legislador en el recurso que recayó en el Juzgado Décimo de la Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha.
Los asambleístas de Madera de Guerrero (MG) también interpusieron la misma acción denunciando que “se pretende castigar a un sector de la población haciéndole pagar los costos de la ineficiencia estatal”.
Varios dirigentes del movimiento acudieron ayer a la Corte en Guayas para poner la demanda suscrita por Cynthia Viteri y Andrés Roche.
“El alza de tarifas viola los derechos del consumidor, el derecho a recibir servicios públicos con precios equitativos y viola el derecho de los ciudadanos a ser consultados por las medidas que afecten sus derechos”, expresaron en el escrito que recayó en el Juzgado Quinto Adjunto de Tránsito.
Los legisladores de SP y MG coincidieron en pedir a la autoridad judicial que suspenda provisionalmente la resolución del Conelec.
Otro queja se planteará hoy. El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, anunció a través de un boletín que pondrá una acción de protección en la Corte provincial.
El artículo 88 de la Constitución establece que dicho recurso podrá presentarse cuando exista la vulneración de derechos constitucionales por parte de alguna autoridad pública.
