Según Fernanda Soliz, responsable del eje de desechos de la organización, esos anuncios de gravar a las botellas plásticas con diez centavos responde a una medida paliativa e ingenua de tratar la problemática ambiental.
“El trasladar en impuestos ciudadanos únicamente se vuelve en una medida cómplice de los verdaderos responsables de la producción de basura que es el sector empresarial e industrial”, manifestó.
En el caso de las botellas plásticas, Soliz explicó que no se trata de poner un impuesto, sino atacar a la mercantilización del agua, que es un bien inalienable y que requiere que las empresas municipales hagan esfuerzos por proveer agua gratuita y pública . “Los empresarios no solo ganan con el plástico que producen, sino con el embotellamiento de agua que proviene de las empresas municipales”. Para la ambientalista, en este sistema debería estar el control.
Añadió que “los impuestos son falsas soluciones y tibias, porque no atacan el problema y mantienen la complicidad con las industrias”.
Según la organización, solo el 15% de la basura va a los contenedores, mientras los restantes desechos van a los basurales a cielo abierto o clandestinos. El 50% de esa basura es orgánica que al exponerse a cielo abierto genera unas dinámicas de contaminación masiva y emisiones de gas de efecto invernadero, gas metano y CO².
Citó el caso de Lago Agrio (Sucumbíos), en donde existen 10 petroleras y 16 plantas embasadoras de agua que no pagan ni un centavo por el tratamiento de la basura y son quienes producen el doble de basura de toda esa población.
La sugerencia de Ivonne Ramos, presidenta de Acción Ecológica, es que el Gobierno debe desincentivar el uso de las fundas plásticas. Propone que la población lleve los canastos, como se hacía antes.
De igual forma, sugiere que en vez de gravar impuestos a los vehículos se deberían impulsar formas alternativas de transporte o de movilización con el uso de ciclovehículos.
“El trasladar en impuestos ciudadanos únicamente se vuelve en una medida cómplice de los verdaderos responsables de la producción de basura que es el sector empresarial e industrial”, manifestó.
En el caso de las botellas plásticas, Soliz explicó que no se trata de poner un impuesto, sino atacar a la mercantilización del agua, que es un bien inalienable y que requiere que las empresas municipales hagan esfuerzos por proveer agua gratuita y pública . “Los empresarios no solo ganan con el plástico que producen, sino con el embotellamiento de agua que proviene de las empresas municipales”. Para la ambientalista, en este sistema debería estar el control.
Añadió que “los impuestos son falsas soluciones y tibias, porque no atacan el problema y mantienen la complicidad con las industrias”.
Según la organización, solo el 15% de la basura va a los contenedores, mientras los restantes desechos van a los basurales a cielo abierto o clandestinos. El 50% de esa basura es orgánica que al exponerse a cielo abierto genera unas dinámicas de contaminación masiva y emisiones de gas de efecto invernadero, gas metano y CO².
Citó el caso de Lago Agrio (Sucumbíos), en donde existen 10 petroleras y 16 plantas embasadoras de agua que no pagan ni un centavo por el tratamiento de la basura y son quienes producen el doble de basura de toda esa población.
La sugerencia de Ivonne Ramos, presidenta de Acción Ecológica, es que el Gobierno debe desincentivar el uso de las fundas plásticas. Propone que la población lleve los canastos, como se hacía antes.
De igual forma, sugiere que en vez de gravar impuestos a los vehículos se deberían impulsar formas alternativas de transporte o de movilización con el uso de ciclovehículos.
