En Alianza PAIS y en la oposición hay distintas posturas sobre los plazos para el trámite del proyecto de la Ley de Comunicación.
Pese a que ya existe una planificación aprobada, los tiempos para el debate siguen siendo una interrogante, bajo el escenario que a fines de julio se designarán a las nuevas autoridades en la Asamblea.
Al interior del oficialismo existen distintas visiones sobre cuándo deberá ser aprobada esa ley. La evidencia fue en la sesión del miércoles pasado en la que el legislador Ángel Vilema planteó que en tres sesiones se termine el desarrollo de lo establecido en la pregunta 9 de la consulta popular sobre los contenidos.
Pero esta propuesta no recibió el respaldo de sus colegas.
Su compañera de bancada, María Augusta Calle, aseveró, en la sesión, que no es adecuado poner plazos para ese debate. Precisó que la primera fase del análisis sobre el desarrollo de los parámetros para la clasificación de mensajes discriminatorios, violentos o explícitamente sexuales es lo más importante de la ley, por lo que no se puede establecer qué días se trabajará cada punto.
El presidente de la mesa, Mauro Andino (PAIS), también es contrario a fijar plazos.
Vilema insistió en que no puede dilatarse más el tratamiento de esta ley, y por ello que el debate no debe durar más de dos meses. Sin embargo, no descartó que el proyecto se lo trate hasta después del inicio del nuevo periodo legislativo.
“No podemos decir que la aprobación de la norma quedará para antes o después de la reestructuración de la Asamblea, porque dependerá del debate, pero la idea es que no pase de dos meses”, dijo.
El también oficialista Rolando Panchana sostuvo hace algunos días que este proyecto debe ser debatido en un corto plazo.
Desde la oposición, en cambio, gana espacio la tesis de que el proyecto de ley debe ser aprobado después de las elecciones legislativas.
El primero en proponer ese tiempo fue Jimmy Pinoargote (Municipalista), quien señaló que el cambio de autoridades de la Asamblea sí interferirá en el trámite del proyecto.
Para el legislador César Montúfar (Concertación Nacional Democrática), no se pueden imponer plazos porque los temas deben ser tratados sin presiones y con tranquilidad.
Enfatizó en que sería mejor que la aprobación de la norma se haga después de las elecciones parlamentarias internas para que no sea parte de la “parrilla de negociación política”.
Pese a que ya existe una planificación aprobada, los tiempos para el debate siguen siendo una interrogante, bajo el escenario que a fines de julio se designarán a las nuevas autoridades en la Asamblea.
Al interior del oficialismo existen distintas visiones sobre cuándo deberá ser aprobada esa ley. La evidencia fue en la sesión del miércoles pasado en la que el legislador Ángel Vilema planteó que en tres sesiones se termine el desarrollo de lo establecido en la pregunta 9 de la consulta popular sobre los contenidos.
Pero esta propuesta no recibió el respaldo de sus colegas.
Su compañera de bancada, María Augusta Calle, aseveró, en la sesión, que no es adecuado poner plazos para ese debate. Precisó que la primera fase del análisis sobre el desarrollo de los parámetros para la clasificación de mensajes discriminatorios, violentos o explícitamente sexuales es lo más importante de la ley, por lo que no se puede establecer qué días se trabajará cada punto.
El presidente de la mesa, Mauro Andino (PAIS), también es contrario a fijar plazos.
Vilema insistió en que no puede dilatarse más el tratamiento de esta ley, y por ello que el debate no debe durar más de dos meses. Sin embargo, no descartó que el proyecto se lo trate hasta después del inicio del nuevo periodo legislativo.
“No podemos decir que la aprobación de la norma quedará para antes o después de la reestructuración de la Asamblea, porque dependerá del debate, pero la idea es que no pase de dos meses”, dijo.
El también oficialista Rolando Panchana sostuvo hace algunos días que este proyecto debe ser debatido en un corto plazo.
Desde la oposición, en cambio, gana espacio la tesis de que el proyecto de ley debe ser aprobado después de las elecciones legislativas.
El primero en proponer ese tiempo fue Jimmy Pinoargote (Municipalista), quien señaló que el cambio de autoridades de la Asamblea sí interferirá en el trámite del proyecto.
Para el legislador César Montúfar (Concertación Nacional Democrática), no se pueden imponer plazos porque los temas deben ser tratados sin presiones y con tranquilidad.
Enfatizó en que sería mejor que la aprobación de la norma se haga después de las elecciones parlamentarias internas para que no sea parte de la “parrilla de negociación política”.
