Diversas organizaciones sociales conformaron un observatorio ciudadano a los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados. El organismo vigilará que los contenidos que se divulguen a través de la prensa no vulneren los derechos de la ciudadanía. Además velará por el respeto del pronunciamiento ciudadano que el 7 de mayo último e demandó la aprobación de la Ley de Comunicación.
El observatorio está conformado por la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Movimiento de Mujeres por la Vida, el Consejo de Montubios del Ecuador, la Comisión Nacional Afroecuatoriana, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNCEA), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otros.
Luis Manosalvas, integrante de la CNCEA indicó que el observatorio realizará un monitoreo continuo y permanente a los contenidos de los medios de comunicación. También solicitará la rendición de cuentas y evaluación de la gestión de los medios.
“Vamos a realizar un monitoreo pormenorizado al proyecto de Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea Nacional. No vamos a permitir que se viole lo que dice la Constitución. Vigilaremos que se respeten la pregunta 3 y 9 de la Consulta Popular”, manifestó Manosalvas.
El 7 de mayo, la ciudadanía se pronunció favorablemente para que la Asamblea Nacional redacte una Ley de Comunicación en la que se contemple la creación de un organismo que regule los contenidos de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezcan criterios de responsabilidad ulterior de los emisores, según consta en la pregunta 9; mientras que la pregunta 3 prohibe que los dueños y directivos de medios de comunicación y entidades financieras tengan participación en otras actividades por fuera de estos ámbitos.
En ese contexto, Manosalvas informó que el Observatorio entregará la información procesada, sobre la programación de los medios locales y nacionales, al Consejo de Regulación que se cree una vez aprobada la Ley.
Aclaró que ese observatorio es autónomo y no pertenece a ninguna agrupación política. Los gastos para su organización y operatividad, en todas las provincias, correrán por su propia cuenta.
Ricardo Carrillo, viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), aclaró que cumpliendo lo dispuesto en la Constitución, este ente gubernamental solo brindará apoyo técnico para la operatividad del Observatorio. Señaló también que aspira que el organismo se integre con expertos de comunicación social.
“No es un espacio de persecución. Es un espacio de responsabilidad social”, enfatizó el funcionario. / Presidencia
El observatorio está conformado por la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Movimiento de Mujeres por la Vida, el Consejo de Montubios del Ecuador, la Comisión Nacional Afroecuatoriana, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNCEA), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otros.
Luis Manosalvas, integrante de la CNCEA indicó que el observatorio realizará un monitoreo continuo y permanente a los contenidos de los medios de comunicación. También solicitará la rendición de cuentas y evaluación de la gestión de los medios.
“Vamos a realizar un monitoreo pormenorizado al proyecto de Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea Nacional. No vamos a permitir que se viole lo que dice la Constitución. Vigilaremos que se respeten la pregunta 3 y 9 de la Consulta Popular”, manifestó Manosalvas.
El 7 de mayo, la ciudadanía se pronunció favorablemente para que la Asamblea Nacional redacte una Ley de Comunicación en la que se contemple la creación de un organismo que regule los contenidos de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezcan criterios de responsabilidad ulterior de los emisores, según consta en la pregunta 9; mientras que la pregunta 3 prohibe que los dueños y directivos de medios de comunicación y entidades financieras tengan participación en otras actividades por fuera de estos ámbitos.
En ese contexto, Manosalvas informó que el Observatorio entregará la información procesada, sobre la programación de los medios locales y nacionales, al Consejo de Regulación que se cree una vez aprobada la Ley.
Aclaró que ese observatorio es autónomo y no pertenece a ninguna agrupación política. Los gastos para su organización y operatividad, en todas las provincias, correrán por su propia cuenta.
Ricardo Carrillo, viceministro de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), aclaró que cumpliendo lo dispuesto en la Constitución, este ente gubernamental solo brindará apoyo técnico para la operatividad del Observatorio. Señaló también que aspira que el organismo se integre con expertos de comunicación social.
“No es un espacio de persecución. Es un espacio de responsabilidad social”, enfatizó el funcionario. / Presidencia
