La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional está tramitando el proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales, de iniciativa del Ejecutivo, que unifica la legislación existente sobre los límites entre provincias y cantones.
El proyecto fue enviado a la Asamblea el 20 de octubre de 2010 y remitido a la Comisión, presidida por Virgilio Hernández, el 24 de mayo, la cual tiene un máximo de 65 días para presentar el informe para primer debate.
El documento definirá 422 líneas, 54 interprovinciales y 368 intercantonales, siendo los más polémicos los de La Concordia, Las Golondrinas, Simón Bolívar, La Sexta, El Piedrero, Hacienda Juval, Matilde Esther, Santa Rosa de Agua Clara, Guayas-Azuay, Yanahurco entre Salcedo y Pujilí, y Huaquillas - Arenillas.
En el país existen 24 provincias, 221 cantones y 800 juntas parroquiales rurales. Sin embargo, la falta de definición de límites provinciales es del 25%, cantonales 50% y parroquiales 75%. Nadie sabe hasta dónde manda.
Hernández reconoció que es una ley altamente conflictiva, por lo que espera contar con las opiniones, tanto de los legisladores como de los alcaldes y prefectos, para “no afectar la unidad nacional”.
Mary Verduga (PAIS) concuerda con él en cuanto a lo dificultoso del tema, pero enfatizó la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de cada caso de conflictos limítrofes para poder resolverlos.
“Este proyecto de ley no da la respuesta que esperan los territorios con conflictos”, explicó Diana Atamaint (PK) y agregó que a través de una ley no se pueden demarcar los territorios. “No somos el ente técnico para resolver los errores de la Comisión Especial de Límites Internos de la República (Celir)”.
Paco Fierro (PSP) manifestó que el proyecto del Ejecutivo “ha levantado un polvorín en todo lado, ya que la gente no está de acuerdo con los límites que se quieren imponer”. Anticipó que no habrá los votos necesarios para aprobar esa ley.
Tanto Fierro como Atamaint concuerdan en que se deben proponer solamente métodos alternativos para resolver los conflictos, como la consulta popular, respetando el derecho de pertenencia de los habitantes.
Cuando el director de la Celir, Raúl Muñoz, visitó la Comisión manifestó que la consulta popular es la alternativa para solucionar determinados casos, la cual debería darse a los 30 días de la vigencia de la ley.
Para los límites entre los cantones Huaquillas y Arenillas se propone que el Consejo Provincial realice las gestiones para que las autoridades de los referidos cantones se pongan de acuerdo.
El proyecto fue enviado a la Asamblea el 20 de octubre de 2010 y remitido a la Comisión, presidida por Virgilio Hernández, el 24 de mayo, la cual tiene un máximo de 65 días para presentar el informe para primer debate.
El documento definirá 422 líneas, 54 interprovinciales y 368 intercantonales, siendo los más polémicos los de La Concordia, Las Golondrinas, Simón Bolívar, La Sexta, El Piedrero, Hacienda Juval, Matilde Esther, Santa Rosa de Agua Clara, Guayas-Azuay, Yanahurco entre Salcedo y Pujilí, y Huaquillas - Arenillas.
En el país existen 24 provincias, 221 cantones y 800 juntas parroquiales rurales. Sin embargo, la falta de definición de límites provinciales es del 25%, cantonales 50% y parroquiales 75%. Nadie sabe hasta dónde manda.
Hernández reconoció que es una ley altamente conflictiva, por lo que espera contar con las opiniones, tanto de los legisladores como de los alcaldes y prefectos, para “no afectar la unidad nacional”.
Mary Verduga (PAIS) concuerda con él en cuanto a lo dificultoso del tema, pero enfatizó la necesidad de hacer un análisis exhaustivo de cada caso de conflictos limítrofes para poder resolverlos.
“Este proyecto de ley no da la respuesta que esperan los territorios con conflictos”, explicó Diana Atamaint (PK) y agregó que a través de una ley no se pueden demarcar los territorios. “No somos el ente técnico para resolver los errores de la Comisión Especial de Límites Internos de la República (Celir)”.
Paco Fierro (PSP) manifestó que el proyecto del Ejecutivo “ha levantado un polvorín en todo lado, ya que la gente no está de acuerdo con los límites que se quieren imponer”. Anticipó que no habrá los votos necesarios para aprobar esa ley.
Tanto Fierro como Atamaint concuerdan en que se deben proponer solamente métodos alternativos para resolver los conflictos, como la consulta popular, respetando el derecho de pertenencia de los habitantes.
Cuando el director de la Celir, Raúl Muñoz, visitó la Comisión manifestó que la consulta popular es la alternativa para solucionar determinados casos, la cual debería darse a los 30 días de la vigencia de la ley.
Para los límites entre los cantones Huaquillas y Arenillas se propone que el Consejo Provincial realice las gestiones para que las autoridades de los referidos cantones se pongan de acuerdo.
