El Gobierno tiene listo el nuevo proyecto de Ley de Mercado de Valores, que será enviado a la Asamblea, en los próximos días. Allí se plantean cambios sustanciales.
Las empresas públicas saldrán, en forma definitiva, del mercado de valores. La única obligación será registrar la información de las transacciones que se realicen entre entidades o empresas públicas.
Según Efraín Vieira, gerente del Biess, en las negociaciones entre dos empresas públicas no es necesario pagar comisión a las bolsas de valores. "Todas las operaciones del Biess, en adelante -dijo en su momento- van a ser fuera de bolsa".
De hecho, en los primeros cinco meses de 2011, las operaciones totales del sector público en las bolsas cayeron en $ 2 mil millones, pues apenas registraron $ 592 millones en operaciones estatales. En el mismo período del año pasado, las entidades públicas transaron $ 2.592 millones. Por ejemplo, solo en mayo del año pasado, el movimiento de bonos del Estado llegó a $ 578,5 millones, mientras en mayo de este año sumó $ 27,1 millones.
Para Ramiro Crespo, directivo de las casas de valores, esta decisión afectará la transparencia de las transacciones bursátiles. "Si el IESS le compra bonos al Ministerio de Finanzas -dijo- esa operación tiene que ser conocida públicamente. El caso es que las operaciones del sector público dan la transparencia de los precios, los cuales sirven de referencia para otros participantes del mercado".
El proyecto también establece la exclusión de la banca privada del mercado de valores, "para evitar conflicto de intereses", ya que el sistema financiero compite con dicho mercado.
Esta medida, según Ramiro Crespo, propiciará que las casas de valores ya no sean de propiedad de los bancos sino de gente vinculada. "Esas separaciones -sostiene- pueden llevar a ineficiencias y afectarán al mercado de valores".
El documento, elaborado por el Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE) y que ya fue enviado a la Presidencia de la República el pasado 7 de junio, da un plazo de dos años para cumplir con las nuevas disposiciones.
En ese lapso, por ejemplo, la banca estará obligada a desinvertir su participación en las casas de valores, administradoras de fondos, depósitos de compensación y liquidación de valores en todo el país.
El proyecto de ley también propone una integración del mercado de valores. Esto concuerda con la propuesta de Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, de que las bolsas del Ecuador se fusionen, para tener una sola entidad bursátil y dar una mayor profundidad a la actividad en el país, que en 2010 alcanzó un movimiento equivalente al 8,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La propuesta incluye la creación de un mercado paralelo, exclusivo para las Pymes (pequeñas y medianas empresas) que quieran financiarse en las bolsas, que no solicite calificaciones de riesgo ni auditoría externa para sus emisiones de títulos.
Se buscará la apertura del capital accionarial de las compañías con el objetivo de que los ahorros se inviertan en acciones y no en el sistema financiero privado. Se crea el Club de Inversiones que consiste en un patrimonio común dotado de personalidad jurídica. Estará conformado por el aporte de un grupo de personas, con el fin de que estas puedan acceder al mercado de capitales para colocar sus ahorros. Además, se nombrará al defensor del inversor, un cargo que formará parte de la Defensoría del Pueblo y que deberá ser desempeñado por un especialista en bolsas. La nueva ley además obligará a la creación de la Junta de Regulación del Mercado de Valores, que normalizará al sector y establecerá los requisitos.
Las empresas públicas saldrán, en forma definitiva, del mercado de valores. La única obligación será registrar la información de las transacciones que se realicen entre entidades o empresas públicas.
Según Efraín Vieira, gerente del Biess, en las negociaciones entre dos empresas públicas no es necesario pagar comisión a las bolsas de valores. "Todas las operaciones del Biess, en adelante -dijo en su momento- van a ser fuera de bolsa".
De hecho, en los primeros cinco meses de 2011, las operaciones totales del sector público en las bolsas cayeron en $ 2 mil millones, pues apenas registraron $ 592 millones en operaciones estatales. En el mismo período del año pasado, las entidades públicas transaron $ 2.592 millones. Por ejemplo, solo en mayo del año pasado, el movimiento de bonos del Estado llegó a $ 578,5 millones, mientras en mayo de este año sumó $ 27,1 millones.
Para Ramiro Crespo, directivo de las casas de valores, esta decisión afectará la transparencia de las transacciones bursátiles. "Si el IESS le compra bonos al Ministerio de Finanzas -dijo- esa operación tiene que ser conocida públicamente. El caso es que las operaciones del sector público dan la transparencia de los precios, los cuales sirven de referencia para otros participantes del mercado".
El proyecto también establece la exclusión de la banca privada del mercado de valores, "para evitar conflicto de intereses", ya que el sistema financiero compite con dicho mercado.
Esta medida, según Ramiro Crespo, propiciará que las casas de valores ya no sean de propiedad de los bancos sino de gente vinculada. "Esas separaciones -sostiene- pueden llevar a ineficiencias y afectarán al mercado de valores".
El documento, elaborado por el Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE) y que ya fue enviado a la Presidencia de la República el pasado 7 de junio, da un plazo de dos años para cumplir con las nuevas disposiciones.
En ese lapso, por ejemplo, la banca estará obligada a desinvertir su participación en las casas de valores, administradoras de fondos, depósitos de compensación y liquidación de valores en todo el país.
El proyecto de ley también propone una integración del mercado de valores. Esto concuerda con la propuesta de Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, de que las bolsas del Ecuador se fusionen, para tener una sola entidad bursátil y dar una mayor profundidad a la actividad en el país, que en 2010 alcanzó un movimiento equivalente al 8,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
La propuesta incluye la creación de un mercado paralelo, exclusivo para las Pymes (pequeñas y medianas empresas) que quieran financiarse en las bolsas, que no solicite calificaciones de riesgo ni auditoría externa para sus emisiones de títulos.
Se buscará la apertura del capital accionarial de las compañías con el objetivo de que los ahorros se inviertan en acciones y no en el sistema financiero privado. Se crea el Club de Inversiones que consiste en un patrimonio común dotado de personalidad jurídica. Estará conformado por el aporte de un grupo de personas, con el fin de que estas puedan acceder al mercado de capitales para colocar sus ahorros. Además, se nombrará al defensor del inversor, un cargo que formará parte de la Defensoría del Pueblo y que deberá ser desempeñado por un especialista en bolsas. La nueva ley además obligará a la creación de la Junta de Regulación del Mercado de Valores, que normalizará al sector y establecerá los requisitos.
