La ‘Ley Antimonopolio’ que anunció el ejecutivo ya está lista y, según su texto inicial, busca evitar y sancionar el abuso de los operadores económicos que tengan poder de mercado (tengan dominio en términos de bienes, servicios o zonas). El sector empresarial, sin embargo, sostiene que es contradictoria, tiene un enfoque de concentración de poder del Ejecutivo y que espantará las inversiones.
Según el documento enviado a la Asamblea, la Ley considera que hay abuso cuando un operador, en base a su dominio, “impida, restrinja, falsee, altere o distorsione la competencia, constituirá una conducta sujeta a control, regulación y de ser el caso, a las sanciones”. Además, prohíbe la aplicación de acuerdos colusorios o de prácticas restrictivas.
En la categoría de abuso, por ejemplo, entran prácticas como: acciones que impidan la participación de la competencia; que permitan aumentar sus márgenes de ganancias, mediante la extracción de excedente del consumidor; la fijación de precios predatorios; la alteración de niveles de producción, entre otros.
En el caso de acuerdos o prácticas restrictivas, se incluyen: venta condicionada o atada; descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de la venta de tarjetas de afiliación que impliquen el pago; establecer contratos de venta exclusiva, entre otros.
Según el proyecto, se aplican exenciones a los operadores que no afecten el bienestar colectivo o particular. Sin embargo, no se determina claramente cómo o qué tipo de requisitos deben cumplir para estar fuera de esta Ley.
Tal como está, según Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, el proyecto “está concebido para concentrar el poder del Ejecutivo… no deja de generar peligro y no estimulará la inversión”.
Sobre la supuesta concentración de poder, Aspiazu explicó que el proyecto establece que “de manera discrecional, la Presidencia podrá, vía decreto ejecutivo, decidir quiénes quedan sujetos al régimen de competencia y quiénes no, díganse empresas públicas o privadas”, situación que, “en razón del interés público, podrá disponerse un monopolio temporal”.
Según Aspiazu, eso convierte al proyecto en una Ley que no es para todos. “En la filosofía de la competencia, lo principal es evitar un prejuicio al consumidor que se ve obligado a pagar servicios, bienes demasiado caros por prácticas monopólicas u oligopólicas en donde se simule una libre competencia”.
Lo que sucedería, según Aspiazu, es que, por ejemplo, el sector de la energía seguirá con un monopolio (de paso, opinó que por eso las tarifas son altas). Esto, porque “se pueden exceptuar de alguna manera a las empresas que gocen de protección del Ejecutivo”.
Según el documento enviado a la Asamblea, la Ley considera que hay abuso cuando un operador, en base a su dominio, “impida, restrinja, falsee, altere o distorsione la competencia, constituirá una conducta sujeta a control, regulación y de ser el caso, a las sanciones”. Además, prohíbe la aplicación de acuerdos colusorios o de prácticas restrictivas.
En la categoría de abuso, por ejemplo, entran prácticas como: acciones que impidan la participación de la competencia; que permitan aumentar sus márgenes de ganancias, mediante la extracción de excedente del consumidor; la fijación de precios predatorios; la alteración de niveles de producción, entre otros.
En el caso de acuerdos o prácticas restrictivas, se incluyen: venta condicionada o atada; descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de la venta de tarjetas de afiliación que impliquen el pago; establecer contratos de venta exclusiva, entre otros.
Según el proyecto, se aplican exenciones a los operadores que no afecten el bienestar colectivo o particular. Sin embargo, no se determina claramente cómo o qué tipo de requisitos deben cumplir para estar fuera de esta Ley.
Tal como está, según Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, el proyecto “está concebido para concentrar el poder del Ejecutivo… no deja de generar peligro y no estimulará la inversión”.
Sobre la supuesta concentración de poder, Aspiazu explicó que el proyecto establece que “de manera discrecional, la Presidencia podrá, vía decreto ejecutivo, decidir quiénes quedan sujetos al régimen de competencia y quiénes no, díganse empresas públicas o privadas”, situación que, “en razón del interés público, podrá disponerse un monopolio temporal”.
Según Aspiazu, eso convierte al proyecto en una Ley que no es para todos. “En la filosofía de la competencia, lo principal es evitar un prejuicio al consumidor que se ve obligado a pagar servicios, bienes demasiado caros por prácticas monopólicas u oligopólicas en donde se simule una libre competencia”.
Lo que sucedería, según Aspiazu, es que, por ejemplo, el sector de la energía seguirá con un monopolio (de paso, opinó que por eso las tarifas son altas). Esto, porque “se pueden exceptuar de alguna manera a las empresas que gocen de protección del Ejecutivo”.
