La Legislatura ecuatoriana recibió el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, remitido por el presidente Rafael Correa con el calificativo de urgente en materia económica.
El proyecto tiene como propósito evitar, prevenir, corregir y sancionar el abuso del poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas.
Además contiene normas para el control y regulación de las operaciones de concentración económica y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar colectivo e individual.
A las disposiciones de esta ley estarán sometidos todos los operadores económicos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos en el mercado nacional, según la propuesta.
Entre los lineamientos que se aplicarán se encuentra el reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico; la defensa irrestricta del interés colectivo de la sociedad; el reconocimiento de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y solidarias; y, la libertad de empresa y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado.
Para la aplicación de la ley se observarán los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso.
En el cuerpo legal se crea la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que determinará para cada caso el mercado relevante, integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.
El proyecto contiene 91 artículos, cinco disposiciones generales relacionadas con la jerarquía, financiamiento, publicaciones, regulación sectorial y adecuaciones; 26 reformas y derogatorias; tres disposiciones transitorias y una final.
En la exposición de motivos, el mandatario destaca que “el Estado tiene como deber prioritario evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados, promoviendo el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ello”.
Todo esto “en un sistema económico de carácter social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin, propendiendo a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza teniendo por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.
El proyecto tiene como propósito evitar, prevenir, corregir y sancionar el abuso del poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas.
Además contiene normas para el control y regulación de las operaciones de concentración económica y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar colectivo e individual.
A las disposiciones de esta ley estarán sometidos todos los operadores económicos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las agrupen y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos en el mercado nacional, según la propuesta.
Entre los lineamientos que se aplicarán se encuentra el reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema económico; la defensa irrestricta del interés colectivo de la sociedad; el reconocimiento de las diferentes formas de organización económica, incluyendo las organizaciones populares y solidarias; y, la libertad de empresa y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado.
Para la aplicación de la ley se observarán los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso.
En el cuerpo legal se crea la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, que determinará para cada caso el mercado relevante, integrado por el mercado de producto y el mercado geográfico.
El proyecto contiene 91 artículos, cinco disposiciones generales relacionadas con la jerarquía, financiamiento, publicaciones, regulación sectorial y adecuaciones; 26 reformas y derogatorias; tres disposiciones transitorias y una final.
En la exposición de motivos, el mandatario destaca que “el Estado tiene como deber prioritario evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado y otras que afecten el funcionamiento de los mercados, promoviendo el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el acceso a ello”.
Todo esto “en un sistema económico de carácter social y solidario que reconoce al ser humano como sujeto y fin, propendiendo a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza teniendo por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.
