El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió ayer devolver al Ejecutivo el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, conocido como “Ley Antimonopolio”. El motivo es que el documento que llegó a la Asamblea, el pasado lunes, tiene un error de forma.
El presidente de esta Función del Estado, Fernando Cordero, explicó que en la disposición general primera del proyecto, para ser calificado como económico-urgente, habla de una ley especial.
Cordero expresó que la categoría de especial no consta en los dos tipos de leyes (Ordinaria y Orgánica) contemplados en la Constitución. “Debe ser corregido para ser admitido por el CAL”, indicó.
A través de un oficio dirigido al Jefe de Estado, el titular de la Asamblea sugirió que se incluya una disposición transitoria en la que se especifique el plazo para la creación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Según la propuesta, este organismo se encargará de controlar el “mercado relevante”.
Cordero añadió que esta nueva entidad tendrá atribuciones distintas a las de la Superintendencia de Compañías.
Durante la primera reunión del CAL, correspondiente al período 2011-2013, sus siete integrantes estuvieron de acuerdo con regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Si bien coincidieron en que se cree una norma que controle los monopolios y oligopolios, indicaron que el CAL hizo lo que le correspondía, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Francisco Ulloa, tercer vocal del organismo, reiteró que la resolución estuvo apegada a derecho.
“La ley como tal es necesaria, pero debe brindar las garantías suficientes de lo que significa el desarrollo de iniciativas económicas y de los procedimientos de control”, precisó.
El legislador señaló que entre las atribuciones de la nueva Superintendencia, previstas en el artículo 39 del proyecto, están conocer, juzgar y resolver las infracciones cometidas.
Fausto Cobo, segundo vocal del CAL, estuvo de acuerdo en que se cree una disposición transitoria en la que se determine qué va a pasar hasta que se conforme la Superintendencia. Esto debido a que, si la ley entra en vigencia, el organismo regulador debe estar conformado.
Pedro de la Cruz, primer vocal del CAL, aseveró que un marco legal bajo esta estructura permitirá democratizar la economía y así evitar que se acumulen poderes: “Existen monopolios privados, pero también este sector dice que el monopolio es del Estado, pero este es de todos los ecuatorianos”.
En tanto, para el régimen, el objetivo de la propuesta es evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, en especial del sector privado.
Es así que apuesta a la promoción del acceso equitativo a los factores de producción, al control del acaparamiento de factores y recursos productivos y a la redistribución y supresión de privilegios.
Cordero aseguró que el Mandatario corregirá esta observación de inmediato, pero mientras eso sucede señaló que ese tiempo le permitirá a la Asamblea conformar las 12 comisiones especializadas permanentes, más la de Fiscalización, para que, en su debido momento, la mesa de Desarrollo Económico analice el proyecto del régimen.
El presidente de esta Función del Estado, Fernando Cordero, explicó que en la disposición general primera del proyecto, para ser calificado como económico-urgente, habla de una ley especial.
Cordero expresó que la categoría de especial no consta en los dos tipos de leyes (Ordinaria y Orgánica) contemplados en la Constitución. “Debe ser corregido para ser admitido por el CAL”, indicó.
A través de un oficio dirigido al Jefe de Estado, el titular de la Asamblea sugirió que se incluya una disposición transitoria en la que se especifique el plazo para la creación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Según la propuesta, este organismo se encargará de controlar el “mercado relevante”.
Cordero añadió que esta nueva entidad tendrá atribuciones distintas a las de la Superintendencia de Compañías.
Durante la primera reunión del CAL, correspondiente al período 2011-2013, sus siete integrantes estuvieron de acuerdo con regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Si bien coincidieron en que se cree una norma que controle los monopolios y oligopolios, indicaron que el CAL hizo lo que le correspondía, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Francisco Ulloa, tercer vocal del organismo, reiteró que la resolución estuvo apegada a derecho.
“La ley como tal es necesaria, pero debe brindar las garantías suficientes de lo que significa el desarrollo de iniciativas económicas y de los procedimientos de control”, precisó.
El legislador señaló que entre las atribuciones de la nueva Superintendencia, previstas en el artículo 39 del proyecto, están conocer, juzgar y resolver las infracciones cometidas.
Fausto Cobo, segundo vocal del CAL, estuvo de acuerdo en que se cree una disposición transitoria en la que se determine qué va a pasar hasta que se conforme la Superintendencia. Esto debido a que, si la ley entra en vigencia, el organismo regulador debe estar conformado.
Pedro de la Cruz, primer vocal del CAL, aseveró que un marco legal bajo esta estructura permitirá democratizar la economía y así evitar que se acumulen poderes: “Existen monopolios privados, pero también este sector dice que el monopolio es del Estado, pero este es de todos los ecuatorianos”.
En tanto, para el régimen, el objetivo de la propuesta es evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, en especial del sector privado.
Es así que apuesta a la promoción del acceso equitativo a los factores de producción, al control del acaparamiento de factores y recursos productivos y a la redistribución y supresión de privilegios.
Cordero aseguró que el Mandatario corregirá esta observación de inmediato, pero mientras eso sucede señaló que ese tiempo le permitirá a la Asamblea conformar las 12 comisiones especializadas permanentes, más la de Fiscalización, para que, en su debido momento, la mesa de Desarrollo Económico analice el proyecto del régimen.
