Opositores presentan denuncia penal por nueve cadenas del Gobierno, que fueron ordenadas por la Secom, sobre el juicio contra diario El Universo y fueron difundidas en julio pasado
Los asambleístas de oposición, Enrique Herrería, César Montúfar y Leonardo Viteri presentaron la mañana de ayer en la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal contra del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y la subsecretaria de Información, Verónica Álvarez, por un supuesto delito de peculado y prevaricato, por obligar a varios medios de comunicación emitir cadenas nacionales los días 21, 22, 23 y 24 de julio pasado.
A Verónica Álvarez, la incluyen en la denuncia porque su firma consta en la autorización de seis cadenas radiales así como para la transmisión de tres enlaces televisivos el 22, 23 y 24 del mismo mes.
En rueda de prensa conjunta, los tres legisladores explicaron los argumentos de su acción. Montúfar dijo que la Secom ordenó las transmisiones bajo el nombre de "Informativos de acontecimientos de interés general, caso El Universo", lo que carece de valor jurídico porque recordó que el proceso contra el rotativo guayaquileño es un tema planteado a título personal por Rafael Correa, más no como primer mandatario.
"Es un delito el uso de dineros públicos para este fin. Dentro de las funciones del Presidente de la República, no está el de plantear demandas penales de acción privada contra de ninguna persona y tampoco está en juego un tema del Estado ecuatoriano por tanto es absolutamente claro que está utilizando bienes públicos y está abusando dolosamente de una función pública para perseguir y promover una causa de un interés absolutamente privado", enfatizó Montúfar.
Por ello, los opositores pidieron a la Fiscalía que investigue si realmente se cometió el delito de peculado y prevaricato, pues según ellos argumentan en la denuncia, se habría violado el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que dispone que los medios solo pueden difundir cadenas con información referente a las actividades propias de las gestiones de los funcionarios estatales.
"El objetivo de estas cadenas es privado, se las ha desnaturalizado y dado mal uso", consta en la denuncia. Montúfar, Herrería y Viteri también responsabilizan a la Secom por el uso indebido de bienes públicos, por obligar a medios privados para enlazarse a cadenas injustificadas, actos que atentan contra de las garantías constitucionales, dijeron. "Las cadenas deben tener siempre una finalidad pública, no pueden ser utilizadas para fines particulares de funcionario alguno", dijo Viteri.
Los asambleístas de oposición, Enrique Herrería, César Montúfar y Leonardo Viteri presentaron la mañana de ayer en la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal contra del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y la subsecretaria de Información, Verónica Álvarez, por un supuesto delito de peculado y prevaricato, por obligar a varios medios de comunicación emitir cadenas nacionales los días 21, 22, 23 y 24 de julio pasado.
A Verónica Álvarez, la incluyen en la denuncia porque su firma consta en la autorización de seis cadenas radiales así como para la transmisión de tres enlaces televisivos el 22, 23 y 24 del mismo mes.
En rueda de prensa conjunta, los tres legisladores explicaron los argumentos de su acción. Montúfar dijo que la Secom ordenó las transmisiones bajo el nombre de "Informativos de acontecimientos de interés general, caso El Universo", lo que carece de valor jurídico porque recordó que el proceso contra el rotativo guayaquileño es un tema planteado a título personal por Rafael Correa, más no como primer mandatario.
"Es un delito el uso de dineros públicos para este fin. Dentro de las funciones del Presidente de la República, no está el de plantear demandas penales de acción privada contra de ninguna persona y tampoco está en juego un tema del Estado ecuatoriano por tanto es absolutamente claro que está utilizando bienes públicos y está abusando dolosamente de una función pública para perseguir y promover una causa de un interés absolutamente privado", enfatizó Montúfar.
Por ello, los opositores pidieron a la Fiscalía que investigue si realmente se cometió el delito de peculado y prevaricato, pues según ellos argumentan en la denuncia, se habría violado el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que dispone que los medios solo pueden difundir cadenas con información referente a las actividades propias de las gestiones de los funcionarios estatales.
"El objetivo de estas cadenas es privado, se las ha desnaturalizado y dado mal uso", consta en la denuncia. Montúfar, Herrería y Viteri también responsabilizan a la Secom por el uso indebido de bienes públicos, por obligar a medios privados para enlazarse a cadenas injustificadas, actos que atentan contra de las garantías constitucionales, dijeron. "Las cadenas deben tener siempre una finalidad pública, no pueden ser utilizadas para fines particulares de funcionario alguno", dijo Viteri.
