El gobernador del sureño estado de Alabama (EE.UU.), Robert Bentley, promulgó ayer la ley antiinmigrante HB 56, considerada una versión más ‘dura’ de la SB1070, la legislación estatal de Arizona que criminaliza a los indocumentados.
La medida de Alabama, que entraría en vigor el 1 de septiembre, permite a la Policía del estado detener a una persona bajo sospecha de que se encuentra indocumentada en EE.UU., penaliza a quienes transporten a un indocumentado y exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados, entre otros.
La ley, considerada por organizaciones civiles como una versión "más dura" de la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados, también exige a las escuelas a públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.
"Esta ley, firmada (ayer) por el gobernador Bentley, va mucho más lejos que la controvertida ley (de Arizona)", dijo Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC).
La activista calificó la medida de "inconstitucional", "racista" y "mal intencionada".
El SPLC y una coalición de organizaciones civiles, entre las que se encuentra la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), presentaron esta semana un recurso legal para solicitar a un juez federal que bloquee la entrada en vigor en Georgia de la ley estatal HB 87 similar a la SB1070.
El Gobierno mexicano lamentó ayer la promulgación en Alabama (EE.UU.) de la ley HB 56, "que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades.
En un comunicado, la cancillería asegura que a partir de ahora, "tomando en cuenta los precedentes legales sentados" por cortes estadounidenses sobre la ley SB1070 de Arizona y con la HB497 de Utah, ambas restrictivas con los migrantes, "se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama".
La medida de Alabama, que entraría en vigor el 1 de septiembre, permite a la Policía del estado detener a una persona bajo sospecha de que se encuentra indocumentada en EE.UU., penaliza a quienes transporten a un indocumentado y exige a las empresas verificar el estatus migratorio de sus empleados, entre otros.
La ley, considerada por organizaciones civiles como una versión "más dura" de la ley de Arizona que criminaliza a los indocumentados, también exige a las escuelas a públicas del estado determinar el estatus migratorio de los estudiantes y niega el acceso a educación superior a inmigrantes indocumentados.
"Esta ley, firmada (ayer) por el gobernador Bentley, va mucho más lejos que la controvertida ley (de Arizona)", dijo Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC).
La activista calificó la medida de "inconstitucional", "racista" y "mal intencionada".
El SPLC y una coalición de organizaciones civiles, entre las que se encuentra la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU), presentaron esta semana un recurso legal para solicitar a un juez federal que bloquee la entrada en vigor en Georgia de la ley estatal HB 87 similar a la SB1070.
El Gobierno mexicano lamentó ayer la promulgación en Alabama (EE.UU.) de la ley HB 56, "que criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades.
En un comunicado, la cancillería asegura que a partir de ahora, "tomando en cuenta los precedentes legales sentados" por cortes estadounidenses sobre la ley SB1070 de Arizona y con la HB497 de Utah, ambas restrictivas con los migrantes, "se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama".
