Cuarenta mineros del cantón San Lorenzo (norte de Esmeraldas) llegaron ayer cerca del mediodía a la Gobernación de Esmeraldas.
En la víspera conocieron que el presidente Rafael Correa iba a visitar la capital provincial y organizaron una comitiva para buscar un diálogo directo. Contrataron un bus para llegar a tiempo.
Ellos demandan la regularización de 55 empresas mineras que operaban en la zona norte.
Los dirigentes de las comunidades Minas Viejas, San José de Cachaví, Urbina y San Francisco del Onzole se ubicaron en las afueras de la Gobernación, bajo un intenso sol. Decidieron que ninguno iría almorzar, para no dejar pasar la oportunidad de ser atendidos por el Presidente.
Correa llegó a la 13:30. Durante la mañana hizo un recorrido de obras en Tachina, Camarones y Rioverde. Ya en Esmeraldas, aceptó recibir a una comisión de mineros. Se reunieron, junto con el Gobernador, a puerta cerrada.
“Lo que queremos pedirle al Presidente es que nos permita regularizarnos en el menor tiempo posible”, dijo el presidente de la pequeña Minería de San Lorenzo, Jesús Constantino, antes de ingresar a la cita.
Él negó que se hubiera iniciado una acción legal contra el Gobierno por la destrucción de sus maquinarias, el pasado 21 de mayo. Entonces, un grupo de militares llegó en las mineras de San Lorenzo y Eloy Alfaro y colocó dinamita en las máquinas.
Constantino reconoció que las actividades mineras no se desarrollaban de forma técnica y que causaban un impacto ambiental importante en la región.
Entre las comunidades, agregó, hay gran preocupación porque la minería ha sido la única fuente de empleo para las cerca de 5 000 familias que vivían de la actividad.
El martes, los dirigentes viajaron a Quito para buscar alternativas de solución con las autoridades de Gobierno y lograron que se concretara, para el lunes 6, la visita de técnicos del Ministerio del Ambiente y de Recursos No Renovables a la zona minera.
Ellos evaluarán el daño ambiental y si es viable o no continuar con la minería.
Alejandro Rodríguez solicitó también que las autoridades respondan por las personas que laboraban en el manejo de las máquinas que fueron destruidas.
“Yo ganaba USD 500 al mes. Desde el operativo militar han pasado dos semanas y no he podido encontrar una fuente de ingresos para cubrir las necesidades de mi familia”, sostuvo el hombre de la comunidad Minas Viejas, cantón San Lorenzo.
Gilbert Ortiz, administrador de una de las 10 mineras ubicadas en San José de Cachaví, aseguró que por la paralización de su trabajo en las minas dejará de percibir USD 600 al mes.
Eso significa no contar co, USD 1 800 durante tres meses, tiempo que durará el estado de excepción decretado por la Presidencia de la República en los 113 frentes ubicados en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
En la víspera conocieron que el presidente Rafael Correa iba a visitar la capital provincial y organizaron una comitiva para buscar un diálogo directo. Contrataron un bus para llegar a tiempo.
Ellos demandan la regularización de 55 empresas mineras que operaban en la zona norte.
Los dirigentes de las comunidades Minas Viejas, San José de Cachaví, Urbina y San Francisco del Onzole se ubicaron en las afueras de la Gobernación, bajo un intenso sol. Decidieron que ninguno iría almorzar, para no dejar pasar la oportunidad de ser atendidos por el Presidente.
Correa llegó a la 13:30. Durante la mañana hizo un recorrido de obras en Tachina, Camarones y Rioverde. Ya en Esmeraldas, aceptó recibir a una comisión de mineros. Se reunieron, junto con el Gobernador, a puerta cerrada.
“Lo que queremos pedirle al Presidente es que nos permita regularizarnos en el menor tiempo posible”, dijo el presidente de la pequeña Minería de San Lorenzo, Jesús Constantino, antes de ingresar a la cita.
Él negó que se hubiera iniciado una acción legal contra el Gobierno por la destrucción de sus maquinarias, el pasado 21 de mayo. Entonces, un grupo de militares llegó en las mineras de San Lorenzo y Eloy Alfaro y colocó dinamita en las máquinas.
Constantino reconoció que las actividades mineras no se desarrollaban de forma técnica y que causaban un impacto ambiental importante en la región.
Entre las comunidades, agregó, hay gran preocupación porque la minería ha sido la única fuente de empleo para las cerca de 5 000 familias que vivían de la actividad.
El martes, los dirigentes viajaron a Quito para buscar alternativas de solución con las autoridades de Gobierno y lograron que se concretara, para el lunes 6, la visita de técnicos del Ministerio del Ambiente y de Recursos No Renovables a la zona minera.
Ellos evaluarán el daño ambiental y si es viable o no continuar con la minería.
Alejandro Rodríguez solicitó también que las autoridades respondan por las personas que laboraban en el manejo de las máquinas que fueron destruidas.
“Yo ganaba USD 500 al mes. Desde el operativo militar han pasado dos semanas y no he podido encontrar una fuente de ingresos para cubrir las necesidades de mi familia”, sostuvo el hombre de la comunidad Minas Viejas, cantón San Lorenzo.
Gilbert Ortiz, administrador de una de las 10 mineras ubicadas en San José de Cachaví, aseguró que por la paralización de su trabajo en las minas dejará de percibir USD 600 al mes.
Eso significa no contar co, USD 1 800 durante tres meses, tiempo que durará el estado de excepción decretado por la Presidencia de la República en los 113 frentes ubicados en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
