La acusación penal en contra de Rivadeneira y Gordillo y, que fue impulsada por el Frente de Defensa de la Amazonía, planteaba que la petrolera conspiró con los funcionarios del Gobierno ecuatoriano para falsificar los resultados de un informe de saneamiento ambiental y así evitar el pago de las indemnizaciones.
Fajardo considera que esta resolución es cuestionable porque se deja un delito en la impunidad. Según él, se demostró científica y técnicamente que no hubo una remediación ambiental a los daños generados por Texaco en los 20 años de operaciones.
La orden que emitió el juez Luis Moyano se dio en respuesta al dictamen acusatorio que presentó contra los imputados el fiscal subrogante del Estado, Alfredo Alvear, por falsificación ideológica dentro del caso sobre presunta contaminación en la Amazonía.
El fiscal alegaba que los letrados de la compañía estadounidense y los antiguos representantes del Gobierno ecuatoriano mintieron al elaborar un documento de descargo en 1998 que decía que Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron, había cumplido con sus obligaciones de limpieza en un área de explotación petrolera.
El caso, según Fajardo, se inició a raíz de un examen especial que realizó la Contraloría del Estado y en el que se habrían detectado indicios de falsificación de los documentos sobre la remediación ambiental, que contrastaban con la realidad de los suelos afectados.
En este caso también fueron involucrados por la Fiscalía el representante legal de Chevron en Ecuador, Rodrigo Pérez Pallares, Luis Albán Granizo, Martha Romero, José Dután Erráez, Álex Suárez y Marcos Trejo.
Fajardo considera que esta resolución es cuestionable porque se deja un delito en la impunidad. Según él, se demostró científica y técnicamente que no hubo una remediación ambiental a los daños generados por Texaco en los 20 años de operaciones.
La orden que emitió el juez Luis Moyano se dio en respuesta al dictamen acusatorio que presentó contra los imputados el fiscal subrogante del Estado, Alfredo Alvear, por falsificación ideológica dentro del caso sobre presunta contaminación en la Amazonía.
El fiscal alegaba que los letrados de la compañía estadounidense y los antiguos representantes del Gobierno ecuatoriano mintieron al elaborar un documento de descargo en 1998 que decía que Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron, había cumplido con sus obligaciones de limpieza en un área de explotación petrolera.
El caso, según Fajardo, se inició a raíz de un examen especial que realizó la Contraloría del Estado y en el que se habrían detectado indicios de falsificación de los documentos sobre la remediación ambiental, que contrastaban con la realidad de los suelos afectados.
En este caso también fueron involucrados por la Fiscalía el representante legal de Chevron en Ecuador, Rodrigo Pérez Pallares, Luis Albán Granizo, Martha Romero, José Dután Erráez, Álex Suárez y Marcos Trejo.
