La Empresa Nacional Minera (Enami) obtuvo la concesión de siete campos comprendidos en una extensión de 410 hectáreas en la comunidad de Congüime (Zamora-Chinchipe), en donde, hasta septiembre del año pasado -antes de la intervención del Gobierno-, se desarrollaban actividades de minería ilegal.
Estas áreas serán operadas por las mismas comunidades mediante la firma de contratos de prestación de servicios (en este caso se fijará una tarifa determinada) o en sociedad con la Enami, según una nota publicada en el portal oficialista El Ciudadano.
Para arrancar los procesos de reubicación de este colectivo productivo, en diciembre del año pasado, los mineros pequeños y artesanales de la población shuar conformaron la compañía de hecho Kenkuin Kurinunka. “El objetivo es que la actividad que se desarrolle en lo posterior en esa zona sea eficiente, con respeto al ambiente, con la aplicación de tecnologías de punta y procesos mineros metalúrgicos óptimos enmarcados en la normativa tributaria y de seguridad industrial”, señaló el gerente de la empresa estatal, José Cisneros.
El proceso, que demandará una inversión inicial de $ 500 mil, comprende las fases de exploración, evaluación de reservas, cuantificación y explotación y, según los plazos fijados se completará máximo en cuatro meses.
La próxima semana iniciará el análisis prospectivo exploratorio con la intervención de la comunidad y la colaboración de técnicos del Instituto Geológico Minero, que estudiarán las reservas que hay. Para estas tareas se requerirá la mano de obra de al menos 40 personas de la localidad, adelantó Cisneros, quien agregó que esta cifra podría duplicarse.
“Empezamos a crear fuentes de empleo para quienes se dedicaban a esta actividad (aproximadamente unas 40 familias), con la diferencia de que ahora se trabajará bajo las normas legales y bajo el concepto de la economía social y solidaria”, precisó el titular de la Enami.
Este estudio es necesario para que la Agencia de Control Minero emita los permisos para determinado tipo de explotación.
La minería ilegal en la zona se instaló hace ocho años
La explotación minera irregular en el sector de Congüime arrancó en 2003 cuando la dirigencia shuar -que agrupa siete comunidades- efectuó convenios con mineros colombianos que llegaron al área con diferentes propuestas de explotación. Antes de esa fecha, las actividades eran realizadas únicamente por los comuneros de forma artesanal.
Luego de varios meses de negociaciones, los mineros desembolsaron un monto aproximado de 200 mil dólares para poder realizar sus actividades en las comunidades. No obstante, en 2006 la relación con los comuneros se deterioró y los colombianos se marcharon de la zona, pero dejando un gran impacto ambiental, sobre todo en los pastizales arrasados por las maquinarias de 26 grupos de mineros.
En el 2007, una nueva oleada de empresarios, esta vez ecuatorianos, arribó al sector para hacer una propuesta similar a las comunidades.
En aquella ocasión, los líderes shuar concretaron un acuerdo por 60 mil dólares para permitir la explotación en el sector.
El inicio de los trabajos trajo consigo un cambio en las fórmulas de ganancia. Estos nuevos mineros les propusieron a los pobladores dos formas de pago: la compra directa de los terrenos para la explotación o un porcentaje de los montos totales que se obtengan por la venta del oro.
Luego de dos años de actividades, las comunidades empezaron a darse cuenta de la gran cantidad de desechos sólidos y líquidos -sobre todo diésel y mercurio- en el río Nangaritza que surca las poblaciones.
Fueron tres años, hasta mediados de 2010, que la comunidad tuvo disputas con los mineros por la contaminación y por las formas de pago.
Estas áreas serán operadas por las mismas comunidades mediante la firma de contratos de prestación de servicios (en este caso se fijará una tarifa determinada) o en sociedad con la Enami, según una nota publicada en el portal oficialista El Ciudadano.
Para arrancar los procesos de reubicación de este colectivo productivo, en diciembre del año pasado, los mineros pequeños y artesanales de la población shuar conformaron la compañía de hecho Kenkuin Kurinunka. “El objetivo es que la actividad que se desarrolle en lo posterior en esa zona sea eficiente, con respeto al ambiente, con la aplicación de tecnologías de punta y procesos mineros metalúrgicos óptimos enmarcados en la normativa tributaria y de seguridad industrial”, señaló el gerente de la empresa estatal, José Cisneros.
El proceso, que demandará una inversión inicial de $ 500 mil, comprende las fases de exploración, evaluación de reservas, cuantificación y explotación y, según los plazos fijados se completará máximo en cuatro meses.
La próxima semana iniciará el análisis prospectivo exploratorio con la intervención de la comunidad y la colaboración de técnicos del Instituto Geológico Minero, que estudiarán las reservas que hay. Para estas tareas se requerirá la mano de obra de al menos 40 personas de la localidad, adelantó Cisneros, quien agregó que esta cifra podría duplicarse.
“Empezamos a crear fuentes de empleo para quienes se dedicaban a esta actividad (aproximadamente unas 40 familias), con la diferencia de que ahora se trabajará bajo las normas legales y bajo el concepto de la economía social y solidaria”, precisó el titular de la Enami.
Este estudio es necesario para que la Agencia de Control Minero emita los permisos para determinado tipo de explotación.
La minería ilegal en la zona se instaló hace ocho años
La explotación minera irregular en el sector de Congüime arrancó en 2003 cuando la dirigencia shuar -que agrupa siete comunidades- efectuó convenios con mineros colombianos que llegaron al área con diferentes propuestas de explotación. Antes de esa fecha, las actividades eran realizadas únicamente por los comuneros de forma artesanal.
Luego de varios meses de negociaciones, los mineros desembolsaron un monto aproximado de 200 mil dólares para poder realizar sus actividades en las comunidades. No obstante, en 2006 la relación con los comuneros se deterioró y los colombianos se marcharon de la zona, pero dejando un gran impacto ambiental, sobre todo en los pastizales arrasados por las maquinarias de 26 grupos de mineros.
En el 2007, una nueva oleada de empresarios, esta vez ecuatorianos, arribó al sector para hacer una propuesta similar a las comunidades.
En aquella ocasión, los líderes shuar concretaron un acuerdo por 60 mil dólares para permitir la explotación en el sector.
El inicio de los trabajos trajo consigo un cambio en las fórmulas de ganancia. Estos nuevos mineros les propusieron a los pobladores dos formas de pago: la compra directa de los terrenos para la explotación o un porcentaje de los montos totales que se obtengan por la venta del oro.
Luego de dos años de actividades, las comunidades empezaron a darse cuenta de la gran cantidad de desechos sólidos y líquidos -sobre todo diésel y mercurio- en el río Nangaritza que surca las poblaciones.
Fueron tres años, hasta mediados de 2010, que la comunidad tuvo disputas con los mineros por la contaminación y por las formas de pago.
