El Gobierno nuevamente influyó en el tratamiento de la Ley de Comunicación al negarse a enviar un delegado para este debate y anunciarlo pocos minutos antes de la reinstalación de la comisión ocasional.
A pesar de que el propio presidente Rafael Correa y la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, expresaron su acuerdo con esta propuesta, al dar marcha atrás, el Ejecutivo ratificó que no renunciará a la posibilidad de objetar este proyecto independientemente de los acuerdos legislativos.
El argumento para esa decisión fue que este planteamiento buscaba restar la calidad de colegislador del jefe de Estado. “La Asamblea debe cumplir con lo que ha determinado el pueblo. Además, el veto es una atribución del presidente y no puede estar supeditado a nada”, dijo la ministra Soliz.
Para los miembros de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, esta decisión no tiene que alterar el trámite de esta ley. El miércoles, la Comisión resolvió elaborar un documento, que fue aprobado por unanimidad por 10 de los integrantes de la mesa, a excepción de Fausto Cobo, que no estuvo en la reunión para presentarlo como insumo para el segundo debate.
Este informe, que resulte de los debates en la mesa, se presentará al pleno para su tratamiento junto al de su presidente, Mauro Andino, y que fue suscrito solo por legisladores de PAIS el 1 de julio del 2010.
Este acuerdo se dio luego de tres horas de discusión en la que los legisladores de oposición no respaldaron esta resolución hasta que no se permita el tratamiento de toda la ley. No obstante, esa decisión no implica que analizarán todo el proyecto.
En la sesión se mencionó que no se debatirán los textos aprobados en la comisión por unanimidad. Además, el próximo miércoles se elaborará un cronograma de actividades y se definirán los temas en los que se enfocará el debate.
Sin embargo, las bancadas no oficialistas ahora solicitan un compromiso por escrito de los legisladores de AP para ratificar los textos aprobados.
A pesar de que el propio presidente Rafael Correa y la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, expresaron su acuerdo con esta propuesta, al dar marcha atrás, el Ejecutivo ratificó que no renunciará a la posibilidad de objetar este proyecto independientemente de los acuerdos legislativos.
El argumento para esa decisión fue que este planteamiento buscaba restar la calidad de colegislador del jefe de Estado. “La Asamblea debe cumplir con lo que ha determinado el pueblo. Además, el veto es una atribución del presidente y no puede estar supeditado a nada”, dijo la ministra Soliz.
Para los miembros de la comisión, tanto del oficialismo como de la oposición, esta decisión no tiene que alterar el trámite de esta ley. El miércoles, la Comisión resolvió elaborar un documento, que fue aprobado por unanimidad por 10 de los integrantes de la mesa, a excepción de Fausto Cobo, que no estuvo en la reunión para presentarlo como insumo para el segundo debate.
Este informe, que resulte de los debates en la mesa, se presentará al pleno para su tratamiento junto al de su presidente, Mauro Andino, y que fue suscrito solo por legisladores de PAIS el 1 de julio del 2010.
Este acuerdo se dio luego de tres horas de discusión en la que los legisladores de oposición no respaldaron esta resolución hasta que no se permita el tratamiento de toda la ley. No obstante, esa decisión no implica que analizarán todo el proyecto.
En la sesión se mencionó que no se debatirán los textos aprobados en la comisión por unanimidad. Además, el próximo miércoles se elaborará un cronograma de actividades y se definirán los temas en los que se enfocará el debate.
Sin embargo, las bancadas no oficialistas ahora solicitan un compromiso por escrito de los legisladores de AP para ratificar los textos aprobados.
