Para recopilar información sobre las empresas Corporación CASE y Grupo Z, la fiscal Cecilia Rodríguez, de la Unidad de Soluciones Rápidas Florida Norte, pidió asistencia penal al gobierno de Estados Unidos.
La solicitud la realizó en enero y hasta esta semana la Fiscalía no ha recibido informes societarios sobre las compañías CASE y Grupo Z, con las que la compañía Sociedad Industrial y Comercial EICA firmó contratos para maquinaria, cuyo destino final era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Con CASE, EICA firmó un contrato por $ 11 millones y con Grupo Z por $ 1,5 millones. Con la primera se registraron demoras en los envíos de maquinaria y con la segunda se compró equipos ya adquiridos a CASE y con sobreprecio.
A Grupo Z, los exgerentes de EICA, Álvaro Muñoz Santos y Alfredo Galarza Palomeque, transfirieron cerca de $ 500 mil, según la Fiscalía, durante la administración del exgerente Geovanni Castro Robles, exsubsecretario del MTOP. Los envíos de dinero se hicieron pese a que Castro no firmó el contrato con la empresa Grupo Z.
Durante un conversatorio con medios de comunicación, el titular del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad, Pedro Delgado, confirmó que Castro no suscribió el documento y que “eso se está investigando”.
El Fideicomiso es la entidad que administra a las empresas que el Gobierno incautó a los hermanos Isaías. EICA pasó a manos del Estado desde julio del 2008, desde entonces ha tenido siete gerentes.
En el conversatorio, Delgado mostró unas diapositivas en las que resumió el estado de las empresas incautadas. También entregó auditorías realizadas por la empresa Esparta Business a la gestión del exgerente Charles Balda, esposo de una prima del presidente Rafael Correa.
En esas auditorías, Esparta cuestiona la administración de Balda entre otras cosas por la compra de vehículos híbridos a través de Yuri Rivadeneira, un supuesto amigo de Balda y quien también tenía a su cargo el servicio de alimentación para los empleados de EICA.
“Esa compra se hizo mediante un intermediario porque EICA no tenía la distribución de Toyota (vehículos modelos Highlander), si después él no los entregó, yo ya no estaba en la gerencia de EICA”, indicó Balda desde Estados Unidos.
En el contrato entre EICA y el MTOP (firmado el 31 de diciembre del 2009), la utilidad para la empresa incautada era del 16,5%, cerca de $ 5 millones del monto total del contrato, valorado en $ 33 millones, dinero cuyo destino no se detalla en las diapositivas de Delgado. Las auditorías que mostró Delgado se basaron en gran medida a la gestión de Charles Balda.
Los análisis también se hicieron a la empresa Intercontinental de Materiales IMC, filial de EICA, pero no constaban en la carpeta que dio Delgado.
A la compañía IMC, la Agencia Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial le adjudicó un cuestionado contrato de $ 7,1 millones para chalecos y placas de motociclistas.
La solicitud la realizó en enero y hasta esta semana la Fiscalía no ha recibido informes societarios sobre las compañías CASE y Grupo Z, con las que la compañía Sociedad Industrial y Comercial EICA firmó contratos para maquinaria, cuyo destino final era el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Con CASE, EICA firmó un contrato por $ 11 millones y con Grupo Z por $ 1,5 millones. Con la primera se registraron demoras en los envíos de maquinaria y con la segunda se compró equipos ya adquiridos a CASE y con sobreprecio.
A Grupo Z, los exgerentes de EICA, Álvaro Muñoz Santos y Alfredo Galarza Palomeque, transfirieron cerca de $ 500 mil, según la Fiscalía, durante la administración del exgerente Geovanni Castro Robles, exsubsecretario del MTOP. Los envíos de dinero se hicieron pese a que Castro no firmó el contrato con la empresa Grupo Z.
Durante un conversatorio con medios de comunicación, el titular del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad, Pedro Delgado, confirmó que Castro no suscribió el documento y que “eso se está investigando”.
El Fideicomiso es la entidad que administra a las empresas que el Gobierno incautó a los hermanos Isaías. EICA pasó a manos del Estado desde julio del 2008, desde entonces ha tenido siete gerentes.
En el conversatorio, Delgado mostró unas diapositivas en las que resumió el estado de las empresas incautadas. También entregó auditorías realizadas por la empresa Esparta Business a la gestión del exgerente Charles Balda, esposo de una prima del presidente Rafael Correa.
En esas auditorías, Esparta cuestiona la administración de Balda entre otras cosas por la compra de vehículos híbridos a través de Yuri Rivadeneira, un supuesto amigo de Balda y quien también tenía a su cargo el servicio de alimentación para los empleados de EICA.
“Esa compra se hizo mediante un intermediario porque EICA no tenía la distribución de Toyota (vehículos modelos Highlander), si después él no los entregó, yo ya no estaba en la gerencia de EICA”, indicó Balda desde Estados Unidos.
En el contrato entre EICA y el MTOP (firmado el 31 de diciembre del 2009), la utilidad para la empresa incautada era del 16,5%, cerca de $ 5 millones del monto total del contrato, valorado en $ 33 millones, dinero cuyo destino no se detalla en las diapositivas de Delgado. Las auditorías que mostró Delgado se basaron en gran medida a la gestión de Charles Balda.
Los análisis también se hicieron a la empresa Intercontinental de Materiales IMC, filial de EICA, pero no constaban en la carpeta que dio Delgado.
A la compañía IMC, la Agencia Nacional de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial le adjudicó un cuestionado contrato de $ 7,1 millones para chalecos y placas de motociclistas.
