Una disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial pone en riesgo la legalización de los 7 000 taxis ejecutivos en Quito. El texto dice que "el proceso de legalización y regulación del servicio ejecutivo de taxis concluirá íntegramente en el plazo perentorio de dos meses, a partir de la promulgación de esta Ley".
La publicación en el Registro Oficial fue el pasado 29 de marzo. Con ese respaldo, Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxis, anunció ayer que su organización solicitó sancionar a los conductores de unidades que ofrecen el servicio ejecutivo, que trabajan sin el permiso de operación y sin ser legalizados.
El trámite, según Calderón, se hizo con el Director de la Agencia Nacional de Control de Tránsito. El dirigente cuestionó el proceso de legalización que impulsa el Municipio de Quito. Ayer fueron convocadas decenas de personas al Centro de Exposiciones para conocer los pasos que deben seguir para legalizar sus unidades.
“Para nosotros es indiferente quien tenga la culpa de que no se hayan legalizado rápido. Con la Ley no podrán hacer la tarea de un taxista ni en esta ciudad ni en el resto del país. Mi sugerencia es que guarden sus carros. No pueden circular”, dijo Calderón.
Al referirse al tema, Fernando Valdez, presidente de la Unión de Taxistas Ejecutivos (Unatec), respondió que el proceso de legalización se ejecuta mediante Ordenanza Municipal y que se están cumpliendo los requisitos que solicita el Municipio. Descartó que el proceso sea nulo.
Ambos dirigentes volvieron a debatir sobre el número de cupos que serán legalizados en el Distrito. Calderón recordó que un estudio de la antigua Comisión de Tránsito reveló que Quito necesitaba 3 308 taxis más y que el Municipio no tomó en cuenta ese informe que costó USD 1 millón.
Valdez, de su lado, insistió en la falta de diálogo de ambas partes, para que en el proceso solo participen 6 200 unidades.
Ahora, el Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad, anuncia que legalizará cerca de 7 000 carros. Sin embargo, Valdez calculó que hay más 11 000 aspirantes para obtener el registro.
Eddy Sánchez, concejal de la Comisión de Movilidad, manifestó que no es coherente el pedido que hace Calderón de que los transportistas informales guarden sus unidades, mientras avanza el plan de legalización.
El edil explicó que en ese mismo artículo de la Ley de Tránsito se ampara el proceso que lleva a cabo el Municipio.
El texto de la Ley también señala que “las cooperativas, empresas u operadoras que prestan actualmente el servicio ejecutivo y que se encuentran inmersas en proceso de legalización y regulación no podrán ser sancionadas”.
Por esa razón, en su opinión, no se justifica el pedido de sancionar, cuando recién desde hoy se inicia el período de inscripciones para la legalización.
“No podemos pedir que guarden sus carros. Son 7 000 familias que no pueden dejar de comer mientras se cumple la legalización”. Se calcula que el proceso, con los primeros inscritos, concluya a mediados de junio y todo el proceso hasta febrero.
La publicación en el Registro Oficial fue el pasado 29 de marzo. Con ese respaldo, Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxis, anunció ayer que su organización solicitó sancionar a los conductores de unidades que ofrecen el servicio ejecutivo, que trabajan sin el permiso de operación y sin ser legalizados.
El trámite, según Calderón, se hizo con el Director de la Agencia Nacional de Control de Tránsito. El dirigente cuestionó el proceso de legalización que impulsa el Municipio de Quito. Ayer fueron convocadas decenas de personas al Centro de Exposiciones para conocer los pasos que deben seguir para legalizar sus unidades.
“Para nosotros es indiferente quien tenga la culpa de que no se hayan legalizado rápido. Con la Ley no podrán hacer la tarea de un taxista ni en esta ciudad ni en el resto del país. Mi sugerencia es que guarden sus carros. No pueden circular”, dijo Calderón.
Al referirse al tema, Fernando Valdez, presidente de la Unión de Taxistas Ejecutivos (Unatec), respondió que el proceso de legalización se ejecuta mediante Ordenanza Municipal y que se están cumpliendo los requisitos que solicita el Municipio. Descartó que el proceso sea nulo.
Ambos dirigentes volvieron a debatir sobre el número de cupos que serán legalizados en el Distrito. Calderón recordó que un estudio de la antigua Comisión de Tránsito reveló que Quito necesitaba 3 308 taxis más y que el Municipio no tomó en cuenta ese informe que costó USD 1 millón.
Valdez, de su lado, insistió en la falta de diálogo de ambas partes, para que en el proceso solo participen 6 200 unidades.
Ahora, el Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad, anuncia que legalizará cerca de 7 000 carros. Sin embargo, Valdez calculó que hay más 11 000 aspirantes para obtener el registro.
Eddy Sánchez, concejal de la Comisión de Movilidad, manifestó que no es coherente el pedido que hace Calderón de que los transportistas informales guarden sus unidades, mientras avanza el plan de legalización.
El edil explicó que en ese mismo artículo de la Ley de Tránsito se ampara el proceso que lleva a cabo el Municipio.
El texto de la Ley también señala que “las cooperativas, empresas u operadoras que prestan actualmente el servicio ejecutivo y que se encuentran inmersas en proceso de legalización y regulación no podrán ser sancionadas”.
Por esa razón, en su opinión, no se justifica el pedido de sancionar, cuando recién desde hoy se inicia el período de inscripciones para la legalización.
“No podemos pedir que guarden sus carros. Son 7 000 familias que no pueden dejar de comer mientras se cumple la legalización”. Se calcula que el proceso, con los primeros inscritos, concluya a mediados de junio y todo el proceso hasta febrero.
