Un nuevo informe sobre el caso Palo Azul está listo y determina que no es un campo petrolero unificado. Este fue solicitado a la Fiscalía en el juicio de peculado que se tramita por la Segunda Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y fue elaborado por el perito Hugo Loza Paredes y tres técnicos.
Según el informe, el campo Palo Azul, que produce 30 mil barriles diarios de crudo liviano, no es unificado, por lo que nunca debió entregarse contratos de explotación unificada a las empresas privadas.
La Fiscalía, que reabrió este caso en el 2007, considera que desde el gobierno de Gustavo Noboa se generó un perjuicio al Estado de más de $ 500 millones, pues el campo fue adjudicado como unificado a Cayman-Petromanabí y años después a Petrobras.
El peritaje, de 82 páginas, ratifica lo actuado por la comisión interdisciplinaria que formó Alberto Acosta, el primer ministro de Energía de este gobierno, quien dijo que ese pozo no era compartido.
Con esta nueva pieza procesal el fiscal subrogante Alfredo Alvear dijo que solo queda por fijarse fecha para la audiencia pública y solicitar que en el juicio se sindique a los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños de Filanbanco. También podrían ser llamados funcionarios del actual y de otros gobiernos, por no tomar en cuenta el criterio de la comisión especial.
En la página 32 se asegura: “Entre lo determinado por la comisión en el 2007 y lo analizado en el 2011, no existen diferencias y en base a la nueva información del pozo Palo Azul 35 (perforado para identificar si el campo era compartido) se concluye que no puede existir continuidad entre las estructuras de Palo Azul 1 y de Palo Azul 2...”. La Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE) descubrió el yacimiento y lo bautizó como Palo Rojo hace 30 años. Junto a ese pozo –del Estado– se encuentra el bloque 18, que en 1999 estaba concesionado al consorcio Cayman-Petromanabí, vinculado a la familia Isaías. Luego de estudios de Petroproducción y Cayman, se determinó que Palo Azul era unificado.
El 20 de septiembre del 2000 el ministro Pablo Terán autorizó el convenio de explotación unificada, es decir, que el pozo formaba parte de una estructura geológica compartida por el bloque 18 y Petroproducción. Ese bloque contaba con 1,8 millones de barriles de reservas probadas, por lo que no era un campo comercial.
Los ingresos se dividieron entre las empresas y el Estado. La Unidad de Administración de Contratos Petroleros de Petroecuador señala que Palo Azul empezó a producir en enero del 2003. Luego de varias transferencias de acciones, el contrato quedó en manos de Petrobras.
Una vez que la comisión del 2007 consideró que no era unificado, el gobierno de Rafael Correa contrató a la consultora Gaffney & Cline, cuyo informe señalaba que sí era un solo campo. Luego se denunció que esta firma trabajaba para Petrobas en la certificación de reservas en Ecuador y América Latina.
Galo Chiriboga, quien sucedió a Alberto Acosta, remitió el 27 de diciembre del 2007 una carta al presidente Correa desconociendo lo actuado por la comisión. Se la “dejó sin efecto por carecer de sustento legal porque la indagación es un aspecto penal que corresponde a la Fiscalía... Cualquier observación a los procesos de contratación deben sustentarse en los informes de carácter técnico y en las auditorías de la DNH”.
Con base a este informe, Correa aseguró que Palo Azul sí era parte del bloque 18, ya que hasta antes de eso, el presidente estaba dispuesto a negociar ese contrato con Petrobras en vista de que “resulta que son dos yacimientos diferentes”.
“Con el informe de Palo Azul listo queda pendiente extender la investigación a los (hermanos Roberto y William) Isaías cuando se establezca fecha y hora para la audiencia pública”.
Alfredo Alvear
FISCAL SUBROGANTE
Según el informe, el campo Palo Azul, que produce 30 mil barriles diarios de crudo liviano, no es unificado, por lo que nunca debió entregarse contratos de explotación unificada a las empresas privadas.
La Fiscalía, que reabrió este caso en el 2007, considera que desde el gobierno de Gustavo Noboa se generó un perjuicio al Estado de más de $ 500 millones, pues el campo fue adjudicado como unificado a Cayman-Petromanabí y años después a Petrobras.
El peritaje, de 82 páginas, ratifica lo actuado por la comisión interdisciplinaria que formó Alberto Acosta, el primer ministro de Energía de este gobierno, quien dijo que ese pozo no era compartido.
Con esta nueva pieza procesal el fiscal subrogante Alfredo Alvear dijo que solo queda por fijarse fecha para la audiencia pública y solicitar que en el juicio se sindique a los hermanos Roberto y William Isaías, ex dueños de Filanbanco. También podrían ser llamados funcionarios del actual y de otros gobiernos, por no tomar en cuenta el criterio de la comisión especial.
En la página 32 se asegura: “Entre lo determinado por la comisión en el 2007 y lo analizado en el 2011, no existen diferencias y en base a la nueva información del pozo Palo Azul 35 (perforado para identificar si el campo era compartido) se concluye que no puede existir continuidad entre las estructuras de Palo Azul 1 y de Palo Azul 2...”. La Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE) descubrió el yacimiento y lo bautizó como Palo Rojo hace 30 años. Junto a ese pozo –del Estado– se encuentra el bloque 18, que en 1999 estaba concesionado al consorcio Cayman-Petromanabí, vinculado a la familia Isaías. Luego de estudios de Petroproducción y Cayman, se determinó que Palo Azul era unificado.
El 20 de septiembre del 2000 el ministro Pablo Terán autorizó el convenio de explotación unificada, es decir, que el pozo formaba parte de una estructura geológica compartida por el bloque 18 y Petroproducción. Ese bloque contaba con 1,8 millones de barriles de reservas probadas, por lo que no era un campo comercial.
Los ingresos se dividieron entre las empresas y el Estado. La Unidad de Administración de Contratos Petroleros de Petroecuador señala que Palo Azul empezó a producir en enero del 2003. Luego de varias transferencias de acciones, el contrato quedó en manos de Petrobras.
Una vez que la comisión del 2007 consideró que no era unificado, el gobierno de Rafael Correa contrató a la consultora Gaffney & Cline, cuyo informe señalaba que sí era un solo campo. Luego se denunció que esta firma trabajaba para Petrobas en la certificación de reservas en Ecuador y América Latina.
Galo Chiriboga, quien sucedió a Alberto Acosta, remitió el 27 de diciembre del 2007 una carta al presidente Correa desconociendo lo actuado por la comisión. Se la “dejó sin efecto por carecer de sustento legal porque la indagación es un aspecto penal que corresponde a la Fiscalía... Cualquier observación a los procesos de contratación deben sustentarse en los informes de carácter técnico y en las auditorías de la DNH”.
Con base a este informe, Correa aseguró que Palo Azul sí era parte del bloque 18, ya que hasta antes de eso, el presidente estaba dispuesto a negociar ese contrato con Petrobras en vista de que “resulta que son dos yacimientos diferentes”.
“Con el informe de Palo Azul listo queda pendiente extender la investigación a los (hermanos Roberto y William) Isaías cuando se establezca fecha y hora para la audiencia pública”.
Alfredo Alvear
FISCAL SUBROGANTE
