Abdalá Bucaram Pulley, asambleísta del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), presentará en los próximos días una acción de protección con el fin de dejar sin efecto la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio de manera escalonada de las tarifas eléctricas a los consumidores que superen los 500 kilovatios hora al mes.
Además, anuncia que iniciará la recolección de firmas en la Asamblea para enjuiciar políticamente al ministro de Electricidad, Esteban Albornoz.
La acción de protección está contemplada en el artículo 88 de la Constitución y se puede presentar cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública o en contra de políticas públicas.
Bucaram sostiene que el alza de tarifas es una medida discriminatoria, que va en contra del principio de igualdad.
El asambleísta señala que en estos días presentará la acción ante un juez para que la califique y luego remita el caso a la Corte Constitucional. Si la acción de protección es aceptada, el incremento de tarifas no sería aplicado, afirma.
A partir de hoy, Bucaram recolectará las firmas para solicitar el juicio político del ministro Albornoz.
El artículo 131 de la Constitución establece que se necesitan 31 votos para auspiciar un juicio político, es decir, la cuarta parte de los miembros de la Asamblea.
Según el Gobierno, lo que se pretende con el alza tarifaria es generar ahorro de energía.
Ante las críticas que la medida ha recibido, especialmente en la Costa, donde hay una mayor demanda de luz por las condiciones climáticas, el ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, dijo que son comentarios malintencionados y que en esta región el consumo promedio de luz es de 180 kilovatios hora al mes.
“Una persona en Guayaquil que tenga 550 kilovatios de consumo, es decir, un poquito por encima de este esquema tarifario pagará $ 1,59 más”, aseguró Glas.
El Ministerio de Electricidad considera que con la aplicación del nuevo esquema habrá un incremento en la facturación mensual de $ 4’710.000, “lo que significa una adecuada focalización fiscal por concepto de subsidios, de aproximadamente $ 60 millones al año”.
Para Ricardo Gómez, un padre de familia que vive en la ciudadela Huancavilca Norte, en Guayaquil, esos cálculos no le aseguran nada. Él normalmente paga entre $ 40 y $ 60 mensuales, pero en la época de invierno, entre diciembre y mayo, puede cancelar hasta $ 100 por el uso de los ventiladores o por el aire acondicionado. Por eso considera que el Gobierno debería revisar la base de kilovatios mensuales de consumo en la Costa.
Además, anuncia que iniciará la recolección de firmas en la Asamblea para enjuiciar políticamente al ministro de Electricidad, Esteban Albornoz.
La acción de protección está contemplada en el artículo 88 de la Constitución y se puede presentar cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales por actos u omisiones de cualquier autoridad pública o en contra de políticas públicas.
Bucaram sostiene que el alza de tarifas es una medida discriminatoria, que va en contra del principio de igualdad.
El asambleísta señala que en estos días presentará la acción ante un juez para que la califique y luego remita el caso a la Corte Constitucional. Si la acción de protección es aceptada, el incremento de tarifas no sería aplicado, afirma.
A partir de hoy, Bucaram recolectará las firmas para solicitar el juicio político del ministro Albornoz.
El artículo 131 de la Constitución establece que se necesitan 31 votos para auspiciar un juicio político, es decir, la cuarta parte de los miembros de la Asamblea.
Según el Gobierno, lo que se pretende con el alza tarifaria es generar ahorro de energía.
Ante las críticas que la medida ha recibido, especialmente en la Costa, donde hay una mayor demanda de luz por las condiciones climáticas, el ministro de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, dijo que son comentarios malintencionados y que en esta región el consumo promedio de luz es de 180 kilovatios hora al mes.
“Una persona en Guayaquil que tenga 550 kilovatios de consumo, es decir, un poquito por encima de este esquema tarifario pagará $ 1,59 más”, aseguró Glas.
El Ministerio de Electricidad considera que con la aplicación del nuevo esquema habrá un incremento en la facturación mensual de $ 4’710.000, “lo que significa una adecuada focalización fiscal por concepto de subsidios, de aproximadamente $ 60 millones al año”.
Para Ricardo Gómez, un padre de familia que vive en la ciudadela Huancavilca Norte, en Guayaquil, esos cálculos no le aseguran nada. Él normalmente paga entre $ 40 y $ 60 mensuales, pero en la época de invierno, entre diciembre y mayo, puede cancelar hasta $ 100 por el uso de los ventiladores o por el aire acondicionado. Por eso considera que el Gobierno debería revisar la base de kilovatios mensuales de consumo en la Costa.
