El ministro del Interior, José Serrano, y el asambleísta por Esmeraldas Línder Altafuya (MPD), se enfrentaron verbalmente ayer, durante la sesión de la Comisión de Biodiversidad, presidida por Rosana Alvarado (PAIS), en medio de la discusión sobre el operativo militar llevado a cabo en San Lorenzo, el pasado 21 de mayo, que terminó en la destrucción de las maquinarias con las que operaban mineras catalogadas por el Gobierno como ilegales.
“Pretenden hacer acusaciones temerarias sin fundamentos”, enfatizó el Ministro, sobre la acusación que, según Altafuya y Marco Murillo, hicieron los trabajadores y moradores de la zona del ataque sobre una supuesta relación del Ministro con mineras grandes, que no sufrieron ataque alguno. Serrano dijo que esas afirmaciones quieren dañar su honra, ya que se basan en rumores de que él tenía maquinaria en el sector.
“Si yo tenía maquinaria tenía que haber pedido que no se destruyan las de Serrano”, indicó y lo calificó de “tamaña falsedad”, argumentando que dicha ‘falacia’ pretende defender a los mineros ilegales.
El Ministro explicó que varias veces antes se intentaron realizar operativos en contra de esta actividad, pero que solamente incautaron dos maquinarias porque la información se filtraba y los mineros ilegales eran advertidos.
“Hubo una agresión por parte de los mineros ilegales, que pretenden esconderse detrás de ciertas autoridades que ocultan esta ignominia”, destacó el ministro Serrano.
Marco Murillo (MIAY), presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, informó que el organismo aprobó el martes el inicio de una investigación sobre el operativo militar y sobre las denuncias sobre gente vinculada al Gobierno involucrada en el sector minero de San Lorenzo.
El legislador calificó el pedido del Ministro del Interior y la actuación del juez de “sospechosas”, y dio a conocer que ya hizo los requerimientos de información necesarios a los ministerios del Interior y de Defensa, ya que la decisión del juez pudo haber sido ‘manipulada’.
Serrano especificó que en las zonas de San Lorenzo y Eloy Alfaro se tomó una acción en uso de la normativa constitucional y los derechos de la naturaleza, “el juez ordenó la destrucción de esas armas, no maquinarias, que estaban destruyendo las comunidades esmeraldeñas”, sentenció.
El Ministro acotó que las comunidades “estaban siendo esclavizadas por estos delincuentes protegidos, probablemente, también por seudo autoridades”.
Homero Arellano, ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, por su parte, afirmó que los datos son reservados para que la operación no se malogre, y que la actuación de mafias organizadas causa un impacto ambiental, por lo que erradicarán la minería ilegal.
Rosa Pérez, ministra encargada de Defensa, expuso que concordó con que ese cumplía con un decreto y que el operativo fue dentro de un esquema jurídico y constitucional.
El asambleísta Cléver Jiménez (PK) insistió en que el objetivo de terminar con los mineros artesanales es dejar el espacio para las grandesempresas”, lo que ahonda la polémica generada en las últimas semanas.
Miembros del sector de Santiago Alto, Esmeraldas, denunciaron a la Comisión de Biodiversidad los daños a la salud que han sufrido a causa de la contaminación del agua por la minería ilegal y agradecieron a Rosana Alvarado por recibirlos y hacer pública su denuncia.
“Pretenden hacer acusaciones temerarias sin fundamentos”, enfatizó el Ministro, sobre la acusación que, según Altafuya y Marco Murillo, hicieron los trabajadores y moradores de la zona del ataque sobre una supuesta relación del Ministro con mineras grandes, que no sufrieron ataque alguno. Serrano dijo que esas afirmaciones quieren dañar su honra, ya que se basan en rumores de que él tenía maquinaria en el sector.
“Si yo tenía maquinaria tenía que haber pedido que no se destruyan las de Serrano”, indicó y lo calificó de “tamaña falsedad”, argumentando que dicha ‘falacia’ pretende defender a los mineros ilegales.
El Ministro explicó que varias veces antes se intentaron realizar operativos en contra de esta actividad, pero que solamente incautaron dos maquinarias porque la información se filtraba y los mineros ilegales eran advertidos.
“Hubo una agresión por parte de los mineros ilegales, que pretenden esconderse detrás de ciertas autoridades que ocultan esta ignominia”, destacó el ministro Serrano.
Marco Murillo (MIAY), presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, informó que el organismo aprobó el martes el inicio de una investigación sobre el operativo militar y sobre las denuncias sobre gente vinculada al Gobierno involucrada en el sector minero de San Lorenzo.
El legislador calificó el pedido del Ministro del Interior y la actuación del juez de “sospechosas”, y dio a conocer que ya hizo los requerimientos de información necesarios a los ministerios del Interior y de Defensa, ya que la decisión del juez pudo haber sido ‘manipulada’.
Serrano especificó que en las zonas de San Lorenzo y Eloy Alfaro se tomó una acción en uso de la normativa constitucional y los derechos de la naturaleza, “el juez ordenó la destrucción de esas armas, no maquinarias, que estaban destruyendo las comunidades esmeraldeñas”, sentenció.
El Ministro acotó que las comunidades “estaban siendo esclavizadas por estos delincuentes protegidos, probablemente, también por seudo autoridades”.
Homero Arellano, ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, por su parte, afirmó que los datos son reservados para que la operación no se malogre, y que la actuación de mafias organizadas causa un impacto ambiental, por lo que erradicarán la minería ilegal.
Rosa Pérez, ministra encargada de Defensa, expuso que concordó con que ese cumplía con un decreto y que el operativo fue dentro de un esquema jurídico y constitucional.
El asambleísta Cléver Jiménez (PK) insistió en que el objetivo de terminar con los mineros artesanales es dejar el espacio para las grandesempresas”, lo que ahonda la polémica generada en las últimas semanas.
Miembros del sector de Santiago Alto, Esmeraldas, denunciaron a la Comisión de Biodiversidad los daños a la salud que han sufrido a causa de la contaminación del agua por la minería ilegal y agradecieron a Rosana Alvarado por recibirlos y hacer pública su denuncia.
