La fuga de combustible desde Ecuador a Colombia crece cada vez más. Los proveedores colombianos de gas licuado de petróleo (GLP) calculan que el 53% del producto que se consume en los municipios del sur de Nariño, ya en el vecino país, es subsidiado por el Estado ecuatoriano.
En el sur de Nariño existen dos plantas distribuidoras de gas. En el último mes se presentaron varios problemas de desabastecimiento. La ola invernal en Colombia provocó la ruptura de la tubería que distribuye el gas en el sur de ese país. El desabastecimiento lo suple el carburante ecuatoriano.
El comercio informal de combustible involucra a decenas de personas y empieza en Tulcán, con la compra y venta de un boleto, luego con la adquisición del carburante y después con el transporte del GLP por las vías alternas y el cruce en las acémilas, motocicletas y bicicletas.
Los comerciantes afirman, además, que 500 familias de Ipiales se dedican a la venta de combustible ecuatoriano. El precio del gas en la ciudad fronteriza se somete a la ley de la oferta y la demanda, pero el valor es menor que el oficial.
Jesús Alfonso Parada Cruz, gerente general de Empresas Distribuidoras de Gas de Colombia, explicó que 26 mil cilindros de bombonas ingresan mensualmente desde Ecuador.
La entrada del carburante se da por vías alternas y el puente internacional de Rumichaca. En la frontera, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) identificó hasta hace dos semanas 37 rutas alternas utilizadas para el comercio informal y calificó, entre los productos más rentables, precisamente el combustible. Alrededor de 300 cilindros de GLP se fugan a diario por un solo paso.
Los 18 municipios de la exprovincia de Obando consumen gas ecuatoriano, las pérdidas para las empresas de gas en el sur de Nariño son cuantiosas. En mayo del año anterior, se vendieron más de 345 mil galones de gas en el sur del país, pero en este año, la venta oficial se redujo a 266 mil. De las 26 mil familias que viven en Ipiales, 18 mil acceden a gas ecuatoriano y las restantes al carburante colombiano, según la investigación presentada por las empresas del vecino país.
Riesgo
En medio de esta realidad, más de 600 familias vinculadas con empresas distribuidoras de gas en el sur de Nariño temen perder su única fuente de ingresos por el comercio informal del gas, que en Ipiales se puede adquirir sin inconvenientes.
Transportar desde la bahía de Rumichaca hasta Ipiales un cilindro puede costar hasta un dólar, pero el carburante en sí se consigue hasta en 35 mil pesos (17 dólares).
Los dueños de los cilindros pagan para que se transporte por las vías alternas. Las calles ilegales en Ecuador están conectadas con veredas y municipio de Ipiales.
Por las cuatro esquinas del sector fronterizo, a cinco minutos del centro de Tulcán, fácilmente se llega a la vereda de San Francisco de Arellano, del municipio de Carlosama (Colombia), a El Brinco, a Puenes (Colombia), y del Río Carchi a Carlosama.
A varios terrenos fronterizos, sin autorización de sus dueños, se los convierte en caminos, lo que dificulta el trabajo de la fuerza pública. La Agencia Norte Hidrocarburífera impulsa varios proyectos para detener el comercio informal pero nada da resultado, incluso se tiene planificado colocar tarjetas inteligentes para la compra del gas y de esta manera frenar este ilícito que perjudica al Estado ecuatoriano.
En el sur de Nariño existen dos plantas distribuidoras de gas. En el último mes se presentaron varios problemas de desabastecimiento. La ola invernal en Colombia provocó la ruptura de la tubería que distribuye el gas en el sur de ese país. El desabastecimiento lo suple el carburante ecuatoriano.
El comercio informal de combustible involucra a decenas de personas y empieza en Tulcán, con la compra y venta de un boleto, luego con la adquisición del carburante y después con el transporte del GLP por las vías alternas y el cruce en las acémilas, motocicletas y bicicletas.
Los comerciantes afirman, además, que 500 familias de Ipiales se dedican a la venta de combustible ecuatoriano. El precio del gas en la ciudad fronteriza se somete a la ley de la oferta y la demanda, pero el valor es menor que el oficial.
Jesús Alfonso Parada Cruz, gerente general de Empresas Distribuidoras de Gas de Colombia, explicó que 26 mil cilindros de bombonas ingresan mensualmente desde Ecuador.
La entrada del carburante se da por vías alternas y el puente internacional de Rumichaca. En la frontera, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) identificó hasta hace dos semanas 37 rutas alternas utilizadas para el comercio informal y calificó, entre los productos más rentables, precisamente el combustible. Alrededor de 300 cilindros de GLP se fugan a diario por un solo paso.
Los 18 municipios de la exprovincia de Obando consumen gas ecuatoriano, las pérdidas para las empresas de gas en el sur de Nariño son cuantiosas. En mayo del año anterior, se vendieron más de 345 mil galones de gas en el sur del país, pero en este año, la venta oficial se redujo a 266 mil. De las 26 mil familias que viven en Ipiales, 18 mil acceden a gas ecuatoriano y las restantes al carburante colombiano, según la investigación presentada por las empresas del vecino país.
Riesgo
En medio de esta realidad, más de 600 familias vinculadas con empresas distribuidoras de gas en el sur de Nariño temen perder su única fuente de ingresos por el comercio informal del gas, que en Ipiales se puede adquirir sin inconvenientes.
Transportar desde la bahía de Rumichaca hasta Ipiales un cilindro puede costar hasta un dólar, pero el carburante en sí se consigue hasta en 35 mil pesos (17 dólares).
Los dueños de los cilindros pagan para que se transporte por las vías alternas. Las calles ilegales en Ecuador están conectadas con veredas y municipio de Ipiales.
Por las cuatro esquinas del sector fronterizo, a cinco minutos del centro de Tulcán, fácilmente se llega a la vereda de San Francisco de Arellano, del municipio de Carlosama (Colombia), a El Brinco, a Puenes (Colombia), y del Río Carchi a Carlosama.
A varios terrenos fronterizos, sin autorización de sus dueños, se los convierte en caminos, lo que dificulta el trabajo de la fuerza pública. La Agencia Norte Hidrocarburífera impulsa varios proyectos para detener el comercio informal pero nada da resultado, incluso se tiene planificado colocar tarjetas inteligentes para la compra del gas y de esta manera frenar este ilícito que perjudica al Estado ecuatoriano.
