La existencia de un nuevo informe pericial en el que se afirma que el Campo Palo Azul no es unificado, demanda un pronunciamiento de la Segunda Sala de la Corte Nacional de Justicia respecto del pedido de la Fiscalía, para que se vincule al proceso a Roberto Isaías, como representante de Petromanabí, una de las empresas privadas que se habría beneficiado de los contratos de explotación compartida.
Pero, previamente deberá resolverse la recusación planteada por uno de los imputados en este proceso penal, al conjuez Felipe Granda, para luego despachar la apelación planteada por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, al auto por el cual el juez Luis Quiroz ordenó el cierre de la instrucción por haber transcurrido en demasía el tiempo destinado para esta etapa procesal, que en marzo último cumplió un año.
El Juez hizo notar que según las reformas al Código de Procedimiento Penal de 24 de marzo de 2009, la etapa de instrucción debe mantenerse abierta por un plazo máximo de hasta 30 días adicionales a los 90 que dura esta etapa procesal. En este caso, se han dado por lo menos tres vinculaciones, cada una con 30 días adicionales y está pendiente la vinculación de Roberto Isaías.
En el limbo
En enero pasado, Quiroz denunció una supuesta “viveza criolla” que tiene visos de maniobra a la que recurren ciertos fiscales, que en lugar de imputar de una vez a todos, lo van haciendo en decisiones sucesivas para tener abierta la instrucción por más tiempo.
Dijo que el plazo adicional de 30 días afecta a otras instituciones del Derecho Procesal Penal, como es la caducidad de la prisión preventiva, y sus consecuencias disciplinarias, las apelaciones, y se agrava si el procesado no ha recuperado la libertad.
La respuesta del Fiscal no se hizo esperar y planteó la revocatoria de ese auto, pero ante la falta de despacho de Quiroz a este requerimiento se vino la recusación al juez, la misma que fue aceptada y el proceso pasó a manos de Felipe Granda, que también está recusado, pero no hay aún una respuesta y el proceso sigue en el limbo, porque el último de los nombrados está impedido de actuar hasta que se resuelva su situación legal.
Informes contradictorios
Este proceso legal tiene su origen en la denuncia formulada en 2001 por el entonces diputado de Pachakutik, Antonio Posso, pero un informe de Contraloría en 2006 hizo que se desestime el caso y éste fue archivado.
Pero, en 2007 un informe de la Comisión Multidisciplinaria encabezada por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, determinó un supuesto fraude técnico en la calificación de unificado del Campo Palo Azul, lo que motivó para que se reabra el caso y la Fiscalía inicie una instrucción fiscal sindicando a 27 personas, que ahora ya suman 30.
Pero, previamente deberá resolverse la recusación planteada por uno de los imputados en este proceso penal, al conjuez Felipe Granda, para luego despachar la apelación planteada por el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, al auto por el cual el juez Luis Quiroz ordenó el cierre de la instrucción por haber transcurrido en demasía el tiempo destinado para esta etapa procesal, que en marzo último cumplió un año.
El Juez hizo notar que según las reformas al Código de Procedimiento Penal de 24 de marzo de 2009, la etapa de instrucción debe mantenerse abierta por un plazo máximo de hasta 30 días adicionales a los 90 que dura esta etapa procesal. En este caso, se han dado por lo menos tres vinculaciones, cada una con 30 días adicionales y está pendiente la vinculación de Roberto Isaías.
En el limbo
En enero pasado, Quiroz denunció una supuesta “viveza criolla” que tiene visos de maniobra a la que recurren ciertos fiscales, que en lugar de imputar de una vez a todos, lo van haciendo en decisiones sucesivas para tener abierta la instrucción por más tiempo.
Dijo que el plazo adicional de 30 días afecta a otras instituciones del Derecho Procesal Penal, como es la caducidad de la prisión preventiva, y sus consecuencias disciplinarias, las apelaciones, y se agrava si el procesado no ha recuperado la libertad.
La respuesta del Fiscal no se hizo esperar y planteó la revocatoria de ese auto, pero ante la falta de despacho de Quiroz a este requerimiento se vino la recusación al juez, la misma que fue aceptada y el proceso pasó a manos de Felipe Granda, que también está recusado, pero no hay aún una respuesta y el proceso sigue en el limbo, porque el último de los nombrados está impedido de actuar hasta que se resuelva su situación legal.
Informes contradictorios
Este proceso legal tiene su origen en la denuncia formulada en 2001 por el entonces diputado de Pachakutik, Antonio Posso, pero un informe de Contraloría en 2006 hizo que se desestime el caso y éste fue archivado.
Pero, en 2007 un informe de la Comisión Multidisciplinaria encabezada por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, determinó un supuesto fraude técnico en la calificación de unificado del Campo Palo Azul, lo que motivó para que se reabra el caso y la Fiscalía inicie una instrucción fiscal sindicando a 27 personas, que ahora ya suman 30.
De ahí en adelante, se han sucedido tres informes técnico-periciales, uno realizado por la empresa Gaffney Cline & Asociation, que declaró compartido el Campo Palo Azul de Petroecuador con el Bloque 18 de las compañías Cayman y Petromanabí, ésta última del Grupo Isaías.
A este pronunciamiento se sumó la experticia de Beieip-Franlab, que igual habla de un campo unificado, informe que no ha sido aceptado por la Fiscalía. A éstos, debe sumarse otro documento recientemente presentado por Hugo Loza Paredes y otros tres técnicos, que da cuenta que el Campo Palo Azul no es unificado con el Bloque 18.
