En tres empresas que colocaron anuncios de empleo a través del periódico no afilian a sus trabajadores y en otras dos no hay voluntad para hacerlo. Esto pese al triunfo de la pregunta 10 de la consulta popular, que obliga a afiliar y prevé la cárcel para los infractores.
Una periodista de este Diario acudió a las entrevistas que realizó una encuestadora como candidata para un puesto en su ‘call center’. En las oficinas, ubicadas en el sector Iñaquito, en el norte de Quito, una joven explicó que el trabajo era por horas y por proyecto y por esta razón no se afiliaba.
Idéntico escenario se presentó para las aspirantes a un puesto de teleoperadora en una empresa que vende paquetes turísticos. En la av. Amazonas y Veintimilla, el hombre que entrevistaba dijo que no podía afiliar, pero que pagaba USD 30 por venta y que el salario podía llegar a USD 800.
Si de todas maneras quieren la afiliación ofrecía el salario mínimo (USD 264). “Tuvimos una chica que quiso estar afiliada, pero al primer mes pidió el cambio, vio que sus compañeras ganaban más”, contaba el entrevistador y daba un consejo: “Sugiero que se afilien voluntariamente”.
La negación a la afiliación no es exclusiva de estas firmas. En sectores como el del transporte y el comercio hay patronos que niegan a afiliar y plantean soluciones que van en perjuicio del trabajador. Marco Sandoval, gerente de la central de radio taxi, que trabaja con varias cooperativas de taxis, transmite la posición de los dueños de unidades: “Conozco gente que tiene un chofer para el día y otro para la noche, y les he escuchado decir que van a afiliarlos pero no sobre el sueldo total sino sobre el sueldo básico”.
La dueña de un supermercado en el sector de La Carolina, que prefiere el anonimato y que tiene un solo dependiente, tiene otra solución para cumplir con la norma laboral: “Ya hemos acordado que parte de su sueldo servirá para pagar toda su afiliación”.
Este tipo de prácticas hacen que los trabajadores sientan que la afiliación es un castigo más que un derecho. Édison Aguilar, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica, habla de la falta de apropiación de los trabajadores. “Muchos se plantean la afiliación como una especie de sanción o disminución de salario y prefieren no estar afiliados”.
La Subdirección Nacional de Afiliación y Cobertura, que entró en funcionamiento el 15 de abril pasado, tiene la tarea de educar a los trabajadores. Esta nueva unidad del IESS está haciendo visitas domiciliarias y dan capacitación para motivar las afiliaciones. En mayo se hicieron 1 200 visitas en Pichincha y en Guayas 2 014.
Una periodista de este Diario acudió a las entrevistas que realizó una encuestadora como candidata para un puesto en su ‘call center’. En las oficinas, ubicadas en el sector Iñaquito, en el norte de Quito, una joven explicó que el trabajo era por horas y por proyecto y por esta razón no se afiliaba.
Idéntico escenario se presentó para las aspirantes a un puesto de teleoperadora en una empresa que vende paquetes turísticos. En la av. Amazonas y Veintimilla, el hombre que entrevistaba dijo que no podía afiliar, pero que pagaba USD 30 por venta y que el salario podía llegar a USD 800.
Si de todas maneras quieren la afiliación ofrecía el salario mínimo (USD 264). “Tuvimos una chica que quiso estar afiliada, pero al primer mes pidió el cambio, vio que sus compañeras ganaban más”, contaba el entrevistador y daba un consejo: “Sugiero que se afilien voluntariamente”.
La negación a la afiliación no es exclusiva de estas firmas. En sectores como el del transporte y el comercio hay patronos que niegan a afiliar y plantean soluciones que van en perjuicio del trabajador. Marco Sandoval, gerente de la central de radio taxi, que trabaja con varias cooperativas de taxis, transmite la posición de los dueños de unidades: “Conozco gente que tiene un chofer para el día y otro para la noche, y les he escuchado decir que van a afiliarlos pero no sobre el sueldo total sino sobre el sueldo básico”.
La dueña de un supermercado en el sector de La Carolina, que prefiere el anonimato y que tiene un solo dependiente, tiene otra solución para cumplir con la norma laboral: “Ya hemos acordado que parte de su sueldo servirá para pagar toda su afiliación”.
Este tipo de prácticas hacen que los trabajadores sientan que la afiliación es un castigo más que un derecho. Édison Aguilar, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Católica, habla de la falta de apropiación de los trabajadores. “Muchos se plantean la afiliación como una especie de sanción o disminución de salario y prefieren no estar afiliados”.
La Subdirección Nacional de Afiliación y Cobertura, que entró en funcionamiento el 15 de abril pasado, tiene la tarea de educar a los trabajadores. Esta nueva unidad del IESS está haciendo visitas domiciliarias y dan capacitación para motivar las afiliaciones. En mayo se hicieron 1 200 visitas en Pichincha y en Guayas 2 014.
