El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, dijo este miércoles que el pueblo ecuatoriano “se merece un debate más profundo y claro” en torno a la ley de Comunicación con el fin de que la ciudadanía sepa “qué vamos a regular, cuál es el ámbito y las capacidades que tendrá el órgano de regulación”.
Cordero cree que se ha recuperado la posibilidad de debatir, por lo que se manifiesta “optimista” ante la nueva revisión al proyecto de ley. “Todas las posturas y posibilidades son válidas en este momento”, comentó durante una entrevista con una televisora local.
El titular del Legislativo considera que la ley debe ser clara sobre lo que se va regular, el ámbito y las capacidades del órgano de regulación. “Si entendemos qué se regula, qué se hará en ese consejo, entenderemos quiénes deben estar ahí”, dijo al asegurar que dicho organismo deberá mantener independencia de los poderes políticos y fácticos.
“Tenemos un acuerdo ético-político en cosas importantes, como que no debe haber presencia del poder político y del poder fáctico de formar dominante. Que sea independiente”, agregó.
Ante la inquietud de lo que ocurrirá con los medios públicos y con los que al momento se encuentran incautados por el Estado, Cordero anunció que la ley los regulará y enfatizará en que pertenecen al Estado “no a un partido político ni a un gobierno. Los medios públicos tienen que madurar, ese es el desafío de lo público”, anotó.
Asimismo, comentó que la regulación a las cadenas de gobierno, a la publicidad estatal y a la presencia del presidente de la República en los medios también constará en el cuerpo legal.
Sobre el derecho a la réplica y a los reclamos ante injurias, el presidente de la Asamblea explicó que sí se deben incluir en la ley ya que, acorde a la legislación actual, “no hay delito que pueda aplicarse a personas jurídicas, como los medios de comunicación, y la responsabilidad ulterior no es solo penal”.
“El ente de regulación jamás puede suplantar a un tribunal de justicia, de ninguna manera, el Consejo de Regulación no va a ser un organismo que suplante porque el debido proceso está en la Constitución. El consejo será un órgano administrador, sin entrar en conflicto con la justicia penal o civil”, aclaró.
Cordero cree que se ha recuperado la posibilidad de debatir, por lo que se manifiesta “optimista” ante la nueva revisión al proyecto de ley. “Todas las posturas y posibilidades son válidas en este momento”, comentó durante una entrevista con una televisora local.
El titular del Legislativo considera que la ley debe ser clara sobre lo que se va regular, el ámbito y las capacidades del órgano de regulación. “Si entendemos qué se regula, qué se hará en ese consejo, entenderemos quiénes deben estar ahí”, dijo al asegurar que dicho organismo deberá mantener independencia de los poderes políticos y fácticos.
“Tenemos un acuerdo ético-político en cosas importantes, como que no debe haber presencia del poder político y del poder fáctico de formar dominante. Que sea independiente”, agregó.
Ante la inquietud de lo que ocurrirá con los medios públicos y con los que al momento se encuentran incautados por el Estado, Cordero anunció que la ley los regulará y enfatizará en que pertenecen al Estado “no a un partido político ni a un gobierno. Los medios públicos tienen que madurar, ese es el desafío de lo público”, anotó.
Asimismo, comentó que la regulación a las cadenas de gobierno, a la publicidad estatal y a la presencia del presidente de la República en los medios también constará en el cuerpo legal.
Sobre el derecho a la réplica y a los reclamos ante injurias, el presidente de la Asamblea explicó que sí se deben incluir en la ley ya que, acorde a la legislación actual, “no hay delito que pueda aplicarse a personas jurídicas, como los medios de comunicación, y la responsabilidad ulterior no es solo penal”.
“El ente de regulación jamás puede suplantar a un tribunal de justicia, de ninguna manera, el Consejo de Regulación no va a ser un organismo que suplante porque el debido proceso está en la Constitución. El consejo será un órgano administrador, sin entrar en conflicto con la justicia penal o civil”, aclaró.
