De enero a julio de este año se ha reportado alrededor de 600 denuncias por delito informático. Así lo reveló Paúl Pérez, fiscal de Delito contra el Patrimonio Ciudadano, quien explicó que esa cifra corresponde a Pichincha.
Mientras que en 2010 se registró 300 denuncias a nivel nacional.
Aclaró que en la mayoría de los casos los montos de perjuicio por cada víctima superan los $ 1.000.
Los denominados “hackers” o “piratas informáticos” también tienen la capacidad de obtener información interna de las cuentas bancarias de empleados del sector estatal. Esto se evidenció tras la denuncia presentada por Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que alertó sobre el “atraco informático” que afectó a alrededor de 30 funcionarios de esa entidad pública.
A más de $ 20.000 asciende el monto sustraído de las cuentas de los perjudicados mediante desvíos de dinero hacia diferentes entidades financieras del extranjero, como en Houston (Estados Unidos), Bogotá y Cali (Colombia).
Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, fue quien acogió la denuncia que fue delegada a Marco Freire, fiscal provincial de Pichincha para realizar las investigaciones correspondientes.
Los peritos informáticos forenses son los encargados de realizar las investigaciones pertinentes en cada caso, identificar el software utilizado, los datos sustraídos y las transacciones realizadas.
En el código penal, artículo 553.1, se establece que el uso fraudulento del sistema de información es utilizado para facilitar estafas financieras y se impondrá una pena de 6 meses a cinco años. Y si una persona interfiere en el funcionamiento de una alarma, utiliza controles de interferencia, manipula sistemas de información, realiza transacciones financieras o manipulación ilícita de redes, la pena será de uno a 5 años.
Explicó que la devolución del dinero a las personas perjudicadas es una diligencia directa con el banco del que ha sido sustraído el dinero.
Pablo Sosa, experto en seguridad electrónica, detalló que existe un mercado negro de tarjetas de crédito, a las cuales se les graba las bandas magnéticas sustraídas de las tarjetas originales.
Sosa señala que son grupos organizados, mafias de “hackers” quienes utilizan técnicas como “phishing”, utilizada para obtener información a través de correos electrónicos; otra táctica es grabar todo lo que el usuario escribe en su computadora; también se puede captar fotos instantáneas de todas las páginas que la persona utiliza.
Las seguridades biométricas que los bancos han implementado en el país ayudan a incrementar la seguridad de cada usuario, ya que se incluyen preguntas de tipo personal que solamente el dueño de la cuenta puede conocer.
Mientras que en 2010 se registró 300 denuncias a nivel nacional.
Aclaró que en la mayoría de los casos los montos de perjuicio por cada víctima superan los $ 1.000.
Los denominados “hackers” o “piratas informáticos” también tienen la capacidad de obtener información interna de las cuentas bancarias de empleados del sector estatal. Esto se evidenció tras la denuncia presentada por Marcela Miranda, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que alertó sobre el “atraco informático” que afectó a alrededor de 30 funcionarios de esa entidad pública.
A más de $ 20.000 asciende el monto sustraído de las cuentas de los perjudicados mediante desvíos de dinero hacia diferentes entidades financieras del extranjero, como en Houston (Estados Unidos), Bogotá y Cali (Colombia).
Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, fue quien acogió la denuncia que fue delegada a Marco Freire, fiscal provincial de Pichincha para realizar las investigaciones correspondientes.
Los peritos informáticos forenses son los encargados de realizar las investigaciones pertinentes en cada caso, identificar el software utilizado, los datos sustraídos y las transacciones realizadas.
En el código penal, artículo 553.1, se establece que el uso fraudulento del sistema de información es utilizado para facilitar estafas financieras y se impondrá una pena de 6 meses a cinco años. Y si una persona interfiere en el funcionamiento de una alarma, utiliza controles de interferencia, manipula sistemas de información, realiza transacciones financieras o manipulación ilícita de redes, la pena será de uno a 5 años.
Explicó que la devolución del dinero a las personas perjudicadas es una diligencia directa con el banco del que ha sido sustraído el dinero.
Pablo Sosa, experto en seguridad electrónica, detalló que existe un mercado negro de tarjetas de crédito, a las cuales se les graba las bandas magnéticas sustraídas de las tarjetas originales.
Sosa señala que son grupos organizados, mafias de “hackers” quienes utilizan técnicas como “phishing”, utilizada para obtener información a través de correos electrónicos; otra táctica es grabar todo lo que el usuario escribe en su computadora; también se puede captar fotos instantáneas de todas las páginas que la persona utiliza.
Las seguridades biométricas que los bancos han implementado en el país ayudan a incrementar la seguridad de cada usuario, ya que se incluyen preguntas de tipo personal que solamente el dueño de la cuenta puede conocer.
