Los presidentes de las Asociaciones Judiciales del país fueron invitados por el Consejo de la Judicatura en Transición (CJT) para hablar sobre la reestructuración en la Función Judicial y presentar sus propuestas.
El presidente del organismo, Paulo Rodríguez, señaló que durante estos diálogos se pudo evidenciar la carencia que existe para poder administrar la justicia en varios ámbitos.
“Estamos haciendo una evaluación para saber quiénes son y dónde están las personas que quieren esta transformación y dejar las viejas prácticas del pasado”, dijo.
Rodríguez señaló que la tecnología evitará la corrupción. “La tecnología es una buena herramienta para evitar discrecionalidad en aquellas partes del proceso donde las personas tienen tentaciones”, puntualizó.
Anunció que en 30 días, ya se convocará al concurso para consolidar la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Según Rodríguez, la propuesta de cambio en la justicia tiene que ser integral y el plan que presentarán en los próximos días, detallar tiempos, actividades, costos, responsables y cuáles serán los hitos que permitirán medir los avances.
De su parte, Tania Arias manifestó que el reglamento para convocar al proceso de selección de jueces de la CNJ estará listo en los próximos días. Señaló que el reglamento para el concurso de méritos y oposición, en el que están trabajando los integrantes del CJT, es general.
El presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas, Lenin Pilató, manifestó que se han realizado asambleas provinciales para recoger propuestas que se resumen en un documento. Entre los puntos que plantean están las evaluaciones a los empleados y el presupuesto.
“Las evaluaciones deben realizarse en un marco transparente y objetivo, como dice la Constitución y la Ley, estamos planteando que el CJT establezca los parámetros técnicos y no se incluya aspectos subjetivos, como entrevistas”, señaló.
A criterio del jurista Rafael Oyarte, si los concursos para llenar las vacantes en la Función Judicial (FJ), se realizan con transparencia, el país no correría el riesgo de que la justicia se politice. “Pero, debido al anuncio de que se hará tabla rasa en la FJ, que se harían evaluaciones sin que antes exista la escuela de la FJ, sí llama la atención”, dijo.
Según Oyarte, el primer riesgo que correría el país si la justicia se politiza, es la pérdida del principio de imparcialidad. Los jueces operan como terceros ajenos a la contienda, básicamente cuando hay conflictos o intereses en los cuales está inmiscuido el Estado o funcionarios de Gobierno”, señala.
El presidente del organismo, Paulo Rodríguez, señaló que durante estos diálogos se pudo evidenciar la carencia que existe para poder administrar la justicia en varios ámbitos.
“Estamos haciendo una evaluación para saber quiénes son y dónde están las personas que quieren esta transformación y dejar las viejas prácticas del pasado”, dijo.
Rodríguez señaló que la tecnología evitará la corrupción. “La tecnología es una buena herramienta para evitar discrecionalidad en aquellas partes del proceso donde las personas tienen tentaciones”, puntualizó.
Anunció que en 30 días, ya se convocará al concurso para consolidar la nueva Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Según Rodríguez, la propuesta de cambio en la justicia tiene que ser integral y el plan que presentarán en los próximos días, detallar tiempos, actividades, costos, responsables y cuáles serán los hitos que permitirán medir los avances.
De su parte, Tania Arias manifestó que el reglamento para convocar al proceso de selección de jueces de la CNJ estará listo en los próximos días. Señaló que el reglamento para el concurso de méritos y oposición, en el que están trabajando los integrantes del CJT, es general.
El presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas, Lenin Pilató, manifestó que se han realizado asambleas provinciales para recoger propuestas que se resumen en un documento. Entre los puntos que plantean están las evaluaciones a los empleados y el presupuesto.
“Las evaluaciones deben realizarse en un marco transparente y objetivo, como dice la Constitución y la Ley, estamos planteando que el CJT establezca los parámetros técnicos y no se incluya aspectos subjetivos, como entrevistas”, señaló.
A criterio del jurista Rafael Oyarte, si los concursos para llenar las vacantes en la Función Judicial (FJ), se realizan con transparencia, el país no correría el riesgo de que la justicia se politice. “Pero, debido al anuncio de que se hará tabla rasa en la FJ, que se harían evaluaciones sin que antes exista la escuela de la FJ, sí llama la atención”, dijo.
Según Oyarte, el primer riesgo que correría el país si la justicia se politiza, es la pérdida del principio de imparcialidad. Los jueces operan como terceros ajenos a la contienda, básicamente cuando hay conflictos o intereses en los cuales está inmiscuido el Estado o funcionarios de Gobierno”, señala.