WASHINGTON. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el órgano jurídico de la OEA, estudiará el caso del cese "arbitrario" de 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador mediante una resolución parlamentaria del 8 de diciembre de 2004, anunció hoy la CIDH.
La CIDH elevó el caso a la CIDH el pasado 2 de agosto por considerar que el Estado ecuatoriano "no cumplió con las recomendaciones" contenidas en el respectivo informe, según un comunicado difundido en Washington.
La "remoción arbitraria" de esos 27 magistrados se hizo "en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo", argumentó la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente.
Además, "las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse" y los hechos "ocurrieron en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador", añadió.
El 8 de diciembre de 2004, a iniciativa del Gobierno presidido por Lucio Gutiérrez, los magistrados de la Corte Suprema fueron sustituidos tras una votación en el Parlamento refrendada por mayoría simple, según los críticos del Ejecutivo.
Poco después, en marzo de 2005, la Comisión Andina de Juristas (CAJ), una organización independiente, llevó el caso ante la CIDH aduciendo que el Gobierno de Ecuador quebrantó el Estado de Derecho.
De acuerdo con la CIDH, en la misma época se produjeron otros "ceses" en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral, aprobados también por el Legislativo, que "estuvieron seguidos de la activación de mecanismos para impedir el acceso a la justicia por parte de los funcionarios judiciales afectados".
"Este caso constituye una oportunidad para que la Corte Interamericana consolide su jurisprudencia sobre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en materia de debido proceso", señaló el comunicado.
Asimismo, "incorpora por primera vez el análisis de la falta de claridad en los procesos y causales de remoción de jueces y juezas bajo el principio de legalidad contemplado en la Convención Americana". (EFE)
La CIDH elevó el caso a la CIDH el pasado 2 de agosto por considerar que el Estado ecuatoriano "no cumplió con las recomendaciones" contenidas en el respectivo informe, según un comunicado difundido en Washington.
La "remoción arbitraria" de esos 27 magistrados se hizo "en ausencia de un marco legal claro que regulara las causales y procedimientos de separación de su cargo", argumentó la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por los derechos humanos en el continente.
Además, "las víctimas no contaron con garantías mínimas de debido proceso, no fueron escuchadas ni tuvieron oportunidad de defenderse" y los hechos "ocurrieron en un álgido contexto político y de fragilidad institucional del Poder Judicial en Ecuador", añadió.
El 8 de diciembre de 2004, a iniciativa del Gobierno presidido por Lucio Gutiérrez, los magistrados de la Corte Suprema fueron sustituidos tras una votación en el Parlamento refrendada por mayoría simple, según los críticos del Ejecutivo.
Poco después, en marzo de 2005, la Comisión Andina de Juristas (CAJ), una organización independiente, llevó el caso ante la CIDH aduciendo que el Gobierno de Ecuador quebrantó el Estado de Derecho.
De acuerdo con la CIDH, en la misma época se produjeron otros "ceses" en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral, aprobados también por el Legislativo, que "estuvieron seguidos de la activación de mecanismos para impedir el acceso a la justicia por parte de los funcionarios judiciales afectados".
"Este caso constituye una oportunidad para que la Corte Interamericana consolide su jurisprudencia sobre el principio de independencia judicial y sus implicaciones en materia de debido proceso", señaló el comunicado.
Asimismo, "incorpora por primera vez el análisis de la falta de claridad en los procesos y causales de remoción de jueces y juezas bajo el principio de legalidad contemplado en la Convención Americana". (EFE)
