El cumplimiento en el pago de remuneraciones, sobresueldos y utilidades, a más de la afiliación de los trabajadores al Seguro Social, son algunas de las obligaciones que tendrán que verificar los inspectores del Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) movilizados desde ayer como parte de la campaña Trabajo Digno en el Ecuador.
En los próximos tres meses se llevará a cabo una intensa inspección a las grandes, medianas y pequeñas empresas del país. La jornada arrancó ayer en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, pero el ministro del ramo, Richard Espinosa, aseguró que la campaña llegará a todas las ciudades y que será permanente.
La tarde de ayer el funcionario visitó algunas de las empresas más grandes del norte de Quito, como la panificadora Maxipan, la distribuidora del Grupo Familia y la industria de calzado Buestán.
En Maxipan hubo hermetismo, pues la reunión entre Espinosa y el representante de la empresa se desarrolló a puerta cerrada. No obstante, se conoció que el diálogo se basó en conocer el número de empleados, cuántos tienen algún tipo de discapacidad, si los contratos de los trabajadores estaban debidamente legalizados y si cumplen con el pago del salario básico unificado, que desde el pasado enero es de 264 dólares mensuales.
Por parte de los trabajadores, José Cevallos, jefe de Logística, aseguró que la industria cumple con todos los derechos laborales y agregó que está conforme con los beneficios que le otorga la empresa, en la que labora desde hace 20 años.
La presencia de los inspectores del MRL llamó la atención de los trabajadores del sector. María Alulema, mesera de un restaurante aledaño, aprovechó la visita para denunciar que varios locales de comida de la zona no pagan el salario básico a sus trabajadores y que la mayoría no está afiliado al Seguro Social.
“Yo gano lo justo, pero algunas compañeras no superan los 170 dólares al mes y ninguna está afiliada. Por eso estoy de acuerdo con la pregunta 10 de la consulta popular (que propone penalizar la no afiliación a la seguridad social)”, manifestó la mujer, mientras observaba la visita del Ministro.
Fue notorio, en cambio, que algunos locales de los alrededores cerraron sus puertas por la presencia de los inspectores, cuando apenas eran las 15:00.
Las oficinas del Grupo Familia también fueron visitadas por Espinosa, quien dialogó con el personal de ventas de la empresa, cuya planta industrial se encuentra en Lasso (Cotopaxi), indicó el gerente Gustavo Duque.
El empresario estaba satisfecho con la visita y comentó que la inspección del propio Ministro da muestra del interés que tiene el Gobierno por acercarse a la ciudadanía. “La formalización del trabajo es algo que nos concierne a todos, porque a más de que garantiza la estabilidad de los trabajadores y su acceso a la seguridad social, también beneficia a la economía del país”, acotó.
Duque mencionó que cumplir con todos los derechos laborales representa un alto costo para las empresas, pero, aseguró, el compromiso empresarial es acatar lo que manda la ley y que, en su caso particular, lograron solventar esos costos sin necesidad de prescindir de ningún trabajador.
Con respecto, Espinosa reiteró que las visitas serán permanentes, pero que en los próximos tres meses el propósito es inspeccionar al menos 20.000 empresas. “La idea es hacer que se respete los derechos de los trabajadores. Los inspectores revisarán la documentación de cada trabajador a fin de constatar la veracidad de la información proporcionada por los patronos”, anotó.
Entre la documentación requerida por los inspectores están los roles de pagos, contratos y reglamentos internos, todo debidamente aprobado por el MRL.
En los próximos tres meses se llevará a cabo una intensa inspección a las grandes, medianas y pequeñas empresas del país. La jornada arrancó ayer en Quito, Guayaquil, Cuenca y Riobamba, pero el ministro del ramo, Richard Espinosa, aseguró que la campaña llegará a todas las ciudades y que será permanente.
La tarde de ayer el funcionario visitó algunas de las empresas más grandes del norte de Quito, como la panificadora Maxipan, la distribuidora del Grupo Familia y la industria de calzado Buestán.
En Maxipan hubo hermetismo, pues la reunión entre Espinosa y el representante de la empresa se desarrolló a puerta cerrada. No obstante, se conoció que el diálogo se basó en conocer el número de empleados, cuántos tienen algún tipo de discapacidad, si los contratos de los trabajadores estaban debidamente legalizados y si cumplen con el pago del salario básico unificado, que desde el pasado enero es de 264 dólares mensuales.
Por parte de los trabajadores, José Cevallos, jefe de Logística, aseguró que la industria cumple con todos los derechos laborales y agregó que está conforme con los beneficios que le otorga la empresa, en la que labora desde hace 20 años.
La presencia de los inspectores del MRL llamó la atención de los trabajadores del sector. María Alulema, mesera de un restaurante aledaño, aprovechó la visita para denunciar que varios locales de comida de la zona no pagan el salario básico a sus trabajadores y que la mayoría no está afiliado al Seguro Social.
“Yo gano lo justo, pero algunas compañeras no superan los 170 dólares al mes y ninguna está afiliada. Por eso estoy de acuerdo con la pregunta 10 de la consulta popular (que propone penalizar la no afiliación a la seguridad social)”, manifestó la mujer, mientras observaba la visita del Ministro.
Fue notorio, en cambio, que algunos locales de los alrededores cerraron sus puertas por la presencia de los inspectores, cuando apenas eran las 15:00.
Las oficinas del Grupo Familia también fueron visitadas por Espinosa, quien dialogó con el personal de ventas de la empresa, cuya planta industrial se encuentra en Lasso (Cotopaxi), indicó el gerente Gustavo Duque.
El empresario estaba satisfecho con la visita y comentó que la inspección del propio Ministro da muestra del interés que tiene el Gobierno por acercarse a la ciudadanía. “La formalización del trabajo es algo que nos concierne a todos, porque a más de que garantiza la estabilidad de los trabajadores y su acceso a la seguridad social, también beneficia a la economía del país”, acotó.
Duque mencionó que cumplir con todos los derechos laborales representa un alto costo para las empresas, pero, aseguró, el compromiso empresarial es acatar lo que manda la ley y que, en su caso particular, lograron solventar esos costos sin necesidad de prescindir de ningún trabajador.
Con respecto, Espinosa reiteró que las visitas serán permanentes, pero que en los próximos tres meses el propósito es inspeccionar al menos 20.000 empresas. “La idea es hacer que se respete los derechos de los trabajadores. Los inspectores revisarán la documentación de cada trabajador a fin de constatar la veracidad de la información proporcionada por los patronos”, anotó.
Entre la documentación requerida por los inspectores están los roles de pagos, contratos y reglamentos internos, todo debidamente aprobado por el MRL.
