Antes de que el Consejo de la Judicatura suspenda a dos de los tres jueces del Tribunal de Garantías Penales con 90 días, estos notificaron con la sentencia de prisión a los seis policías acusados del delito de atentado a la seguridad interna del Estado, el pasado 30 de septiembre (día de la revuelta policial) en el caso por la toma de la Asamblea Nacional.
Para el ex jefe de la escolta legislativa Rolando Tapia, acusado de autor de ese delito, se impuso una prisión de 3 años; a los policías Mario Flores y Patricio Simancas, considerados como cómplices, 18 meses de prisión; y, un año para Francisco Noboa, Carlos Tasinchana y Marco Tibán, señalados como encubridores.
La resolución se adoptó en medio de una polémica legal, porque tanto la suspensión de los jueces Renato Vásquez y Luis Manosalvas y la suspensión del cargo como juez temporal de Javier Andrade, y la notificación de la sentencia a los seis policías, tienen la misma fecha, es decir, 29 de junio.
En su sentencia, el Tribunal aplicó penas reducidas, tomando en cuenta que el artículo 130 del Código Penal, con el que fueron acusados, determina una sanción de entre 4 a 8 años de reclusión mayor.
Hasta ayer en la mañana, los abogados de los acusados afirmaron que los jueces suspendidos: Renato Vásquez y Luis Manosalvas, así como Xavier Andrade, quedaban inhabilitados para firmar la providencia que formalizaba la sentencia y sus penas, tema que quedó pendiente la madrugada del martes pasado.
No obstante, la providencia del Tribunal, que consta de 129 hojas, y que está firmada por los tres jueces, fue emitida el 29 de junio, a las 15:00. Su notificación se cumplió al mediodía de ayer.
En tanto, la sanción a los jueces, dispuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, quedó lista para las 18:00 del mismo 29 de junio.
El principal del Consejo adoptó esa resolución sobre la base de la queja que propuso Víctor Hugo Cevallos, abogado de Tapia, el mismo 29 de junio, a las 16:10.
Esa última resolución no pudo ser notificada la mañana de ayer, según la defensa de Tapia, debido a que el Tribunal cerró sus puertas. Además, dijo, tener datos de que se observó en esa dependencia judicial a varios funcionarios del Ministerio de Justicia tratando de detener las notificaciones a los jueces.
Con ese antecedente, el abogado desconoció el pronunciamiento de los jueces, ya que desde el 29 de junio quedaron suspendidos y sin competencia para resolver el caso o actuar. A su juicio, la sentencia quedaba en el limbo por el momento.
Además, agregó, que el presidente del Tribunal, Renato Vásquez se arrogó funciones al nombrar a Xavier Andrade para integrar esa dependencia judicial, pese a que era un juez ad hoc, que no estaba dentro de la base de elegibles.
En esta ocasión, Víctor Hugo Cevallos no quiso pronunciarse sobre si la resolución de la Judicatura fue una vendetta política en contra del Gobierno por el tema de la reorganización de la justicia.
Para el ex jefe de la escolta legislativa Rolando Tapia, acusado de autor de ese delito, se impuso una prisión de 3 años; a los policías Mario Flores y Patricio Simancas, considerados como cómplices, 18 meses de prisión; y, un año para Francisco Noboa, Carlos Tasinchana y Marco Tibán, señalados como encubridores.
La resolución se adoptó en medio de una polémica legal, porque tanto la suspensión de los jueces Renato Vásquez y Luis Manosalvas y la suspensión del cargo como juez temporal de Javier Andrade, y la notificación de la sentencia a los seis policías, tienen la misma fecha, es decir, 29 de junio.
En su sentencia, el Tribunal aplicó penas reducidas, tomando en cuenta que el artículo 130 del Código Penal, con el que fueron acusados, determina una sanción de entre 4 a 8 años de reclusión mayor.
Hasta ayer en la mañana, los abogados de los acusados afirmaron que los jueces suspendidos: Renato Vásquez y Luis Manosalvas, así como Xavier Andrade, quedaban inhabilitados para firmar la providencia que formalizaba la sentencia y sus penas, tema que quedó pendiente la madrugada del martes pasado.
No obstante, la providencia del Tribunal, que consta de 129 hojas, y que está firmada por los tres jueces, fue emitida el 29 de junio, a las 15:00. Su notificación se cumplió al mediodía de ayer.
En tanto, la sanción a los jueces, dispuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos, quedó lista para las 18:00 del mismo 29 de junio.
El principal del Consejo adoptó esa resolución sobre la base de la queja que propuso Víctor Hugo Cevallos, abogado de Tapia, el mismo 29 de junio, a las 16:10.
Esa última resolución no pudo ser notificada la mañana de ayer, según la defensa de Tapia, debido a que el Tribunal cerró sus puertas. Además, dijo, tener datos de que se observó en esa dependencia judicial a varios funcionarios del Ministerio de Justicia tratando de detener las notificaciones a los jueces.
Con ese antecedente, el abogado desconoció el pronunciamiento de los jueces, ya que desde el 29 de junio quedaron suspendidos y sin competencia para resolver el caso o actuar. A su juicio, la sentencia quedaba en el limbo por el momento.
Además, agregó, que el presidente del Tribunal, Renato Vásquez se arrogó funciones al nombrar a Xavier Andrade para integrar esa dependencia judicial, pese a que era un juez ad hoc, que no estaba dentro de la base de elegibles.
En esta ocasión, Víctor Hugo Cevallos no quiso pronunciarse sobre si la resolución de la Judicatura fue una vendetta política en contra del Gobierno por el tema de la reorganización de la justicia.
