Los propietarios de vehículos que participen en el programa de chatarrización impulsado por el gobierno recibirán un bono de hasta 28 530 dólares. Así lo dio a conocer el presidente de la República, Rafael Correa, mediante el Decreto 835.
Este documento reforma el artículo 4 del Decreto 676, instaurando el incentivo financiero no reembolsable que estará en función del tipo de vehículo y su antigüedad.
El pago irá desde 2 409 dólares hasta 28 530 para carros que tengan entre 10 y 30 años de fabricación. Por ejemplo, un autobús de pasajeros de entre 10 y 14 años de antigüedad recibirá 8 712 dólares del Estado.
El valor aumentará según el tamaño y peso del vehículo. Para los autos livianos (automóvil y camioneta) de entre 15 a 19 años de antigüedad el bono es desde 2 650 dólares, mientras que para los pesados de carga llega a 20 799 dólares. El decreto entró en vigencia ayer.
Desde el 2008, el Ecuador inició el programa de chatarrización en lo que ha invertido 36 millones de dólares en el remplazo de 13 571 vehículos de transporte público legalizado.
Con este plan se pretende mejorar la seguridad de conductores y usuarios del transporte público y reducir la contaminación ambiental con el remplazo de los vehículos que cumplieron su vida útil.
Este documento reforma el artículo 4 del Decreto 676, instaurando el incentivo financiero no reembolsable que estará en función del tipo de vehículo y su antigüedad.
El pago irá desde 2 409 dólares hasta 28 530 para carros que tengan entre 10 y 30 años de fabricación. Por ejemplo, un autobús de pasajeros de entre 10 y 14 años de antigüedad recibirá 8 712 dólares del Estado.
El valor aumentará según el tamaño y peso del vehículo. Para los autos livianos (automóvil y camioneta) de entre 15 a 19 años de antigüedad el bono es desde 2 650 dólares, mientras que para los pesados de carga llega a 20 799 dólares. El decreto entró en vigencia ayer.
Desde el 2008, el Ecuador inició el programa de chatarrización en lo que ha invertido 36 millones de dólares en el remplazo de 13 571 vehículos de transporte público legalizado.
Con este plan se pretende mejorar la seguridad de conductores y usuarios del transporte público y reducir la contaminación ambiental con el remplazo de los vehículos que cumplieron su vida útil.
