La falta de la conformación de los consejos de Educación Superior (CES) y de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador (Ceaaces) ha ocasionado que nueve procesos no se concreten.
Estos procesos se establecen en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que entró en vigencia en octubre pasado.
Para Alejandro Ribadeneira, presidente de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares (Ceupa), al no haber una transición entre la LOES y la anterior Ley de Educación Superior, el sistema universitario está postrado. “Tenía que transcurrir un tiempo entre la aprobación de la ley y la conformación de los consejos”. La legislación solo determina 60 días para llamar a concurso público a los candidatos para conformar los consejos.
Ribadeneira cita por lo menos cuatro problemas que afectan a la educación superior del país.
El primero: los consejos transitorios no tienen atribuciones, excepto para realizar certificaciones y cuestiones administrativas.
En el caso del CES está pendiente la aprobación de nuevas carreras y la acreditación de programas de posgrado. “Hay perjuicios académicos, económicos y sociales”. Por ejemplo, si una universidad tiene una maestría con un cupo de 20 alumnos y cada uno paga USD 6 000. Ese centro deja de percibir 120 000.
El segundo punto está relacionado con el Ceaaces. Al no existir este organismo de forma oficial no se conocen cuáles serán las reglas para realizar la acreditación de universidades y carreras.
La Constitución señala que en un plazo máximo de cinco años de su vigencia se deberán volver a acreditar las universidades, institutos y escuelas politécnicas.
Este proceso debe cumplirse hasta el 2013 pero solo quedan dos años para que ese consejo evalúe a más de 70 universidades, 200 institutos y más de 2000 carreras universitarias.
El tercer problema se refiere a si en el país existe el número suficiente de profesionales o técnicos con experiencia para realizar acreditaciones. En otros países la acreditación está realizada por instituciones independientes de las universidades y del Gobierno.
La cuarta traba tiene que ver con la tercera transitoria de la LOES, que establece un plazo de 18 meses para que las universidades con categoría E sean evaluadas por el Ceaaces. De los 18 meses ya pasaron nueve y no se sabe qué pasará con esas universidades. “ Talvez pierdan la oportunidad de mejorar su categoría”, insiste Ribadeneira.
Estos procesos se establecen en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que entró en vigencia en octubre pasado.
Para Alejandro Ribadeneira, presidente de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares (Ceupa), al no haber una transición entre la LOES y la anterior Ley de Educación Superior, el sistema universitario está postrado. “Tenía que transcurrir un tiempo entre la aprobación de la ley y la conformación de los consejos”. La legislación solo determina 60 días para llamar a concurso público a los candidatos para conformar los consejos.
Ribadeneira cita por lo menos cuatro problemas que afectan a la educación superior del país.
El primero: los consejos transitorios no tienen atribuciones, excepto para realizar certificaciones y cuestiones administrativas.
En el caso del CES está pendiente la aprobación de nuevas carreras y la acreditación de programas de posgrado. “Hay perjuicios académicos, económicos y sociales”. Por ejemplo, si una universidad tiene una maestría con un cupo de 20 alumnos y cada uno paga USD 6 000. Ese centro deja de percibir 120 000.
El segundo punto está relacionado con el Ceaaces. Al no existir este organismo de forma oficial no se conocen cuáles serán las reglas para realizar la acreditación de universidades y carreras.
La Constitución señala que en un plazo máximo de cinco años de su vigencia se deberán volver a acreditar las universidades, institutos y escuelas politécnicas.
Este proceso debe cumplirse hasta el 2013 pero solo quedan dos años para que ese consejo evalúe a más de 70 universidades, 200 institutos y más de 2000 carreras universitarias.
El tercer problema se refiere a si en el país existe el número suficiente de profesionales o técnicos con experiencia para realizar acreditaciones. En otros países la acreditación está realizada por instituciones independientes de las universidades y del Gobierno.
La cuarta traba tiene que ver con la tercera transitoria de la LOES, que establece un plazo de 18 meses para que las universidades con categoría E sean evaluadas por el Ceaaces. De los 18 meses ya pasaron nueve y no se sabe qué pasará con esas universidades. “ Talvez pierdan la oportunidad de mejorar su categoría”, insiste Ribadeneira.
