"El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", dijo el asambleísta César Montúfar a decenas de estudiantes la noche del pasado viernes, para explicar los riesgos que podría acarrear la aprobación de una Ley de Comunicación, si esta no mantiene distancia con el Gobierno.
La advertencia la hizo durante el conversatorio "Libertad de Expresión" que fue organizado por la universidad Casa Grande de Guayaquil, evento en el que también participaron otros expertos en la materia como Rafael Balda y Xavier Flores. Con retraso, la asambleísta Cynthia Viteri se unió al diálogo.
El análisis se desarrolló con una novedad. Montúfar y Viteri anunciaron que esa misma tarde dentro del Legislativo habían recibido un nuevo proyecto de Ley de Comunicación, que lleva la venia del Ejecutivo y que estaría listo para ser debatido la próxima semana, en segunda instancia, en el interior del parlamento.
Aunque aún se desconocen los detalles del documento, los especialistas centraron su discusión en la autonomía e imparcialidad que se debería aplicar para la creación de un Consejo de Regulación de los medios, el mismo que, para Balda y Flores, no debería tener la facultad de controlar el contenido de la programación, cuando los ciudadanos están en capacidad de elegir. "Deben ser los propios medios los que deben clasificar los contenidos que van a emitir... El Consejo lo que debe hacer es establecer la extensión temporal de determinados horarios de protección al menor".
La sentencia dictada en contra de diario El Universo, por supuestas injurias contra el presidente Rafael Correa, también fue objeto de análisis. Y aunque los expertos están de acuerdo en la responsabilidad ulterior, coinciden en que esta debe ser limitada para no coartar la libertad de expresión. Según Flores las rectificaciones deben darse para las informaciones erróneas y no para las opiniones que se vierten en un medio. "Aunque hay que aclarar que una cosa es opinar y otra imputar delitos... eso merece reproche y sanción, pero no penal", recalcó.
Montúfar añadió "que las injurias en contra de funcionarios públicos deberían ventilarse en el ámbito civil y jamás traspasar el ámbito penal".
El legislador además advirtió de las intenciones que tendría el nuevo proyecto, de imponer una censura previa contra la información que se emite, incluso, a través de las plataformas tecnológicas como la web y redes sociales. "Ahí se habla de los mensajes discriminatorios, pero eso se puede dar lugar a muchas interpretaciones".
Por ello, se planteó la necesidad de utilizar criterios técnicos y objetivos para normar a un sector donde además deben garantizarse la pluralidad de voces.
La advertencia la hizo durante el conversatorio "Libertad de Expresión" que fue organizado por la universidad Casa Grande de Guayaquil, evento en el que también participaron otros expertos en la materia como Rafael Balda y Xavier Flores. Con retraso, la asambleísta Cynthia Viteri se unió al diálogo.
El análisis se desarrolló con una novedad. Montúfar y Viteri anunciaron que esa misma tarde dentro del Legislativo habían recibido un nuevo proyecto de Ley de Comunicación, que lleva la venia del Ejecutivo y que estaría listo para ser debatido la próxima semana, en segunda instancia, en el interior del parlamento.
Aunque aún se desconocen los detalles del documento, los especialistas centraron su discusión en la autonomía e imparcialidad que se debería aplicar para la creación de un Consejo de Regulación de los medios, el mismo que, para Balda y Flores, no debería tener la facultad de controlar el contenido de la programación, cuando los ciudadanos están en capacidad de elegir. "Deben ser los propios medios los que deben clasificar los contenidos que van a emitir... El Consejo lo que debe hacer es establecer la extensión temporal de determinados horarios de protección al menor".
La sentencia dictada en contra de diario El Universo, por supuestas injurias contra el presidente Rafael Correa, también fue objeto de análisis. Y aunque los expertos están de acuerdo en la responsabilidad ulterior, coinciden en que esta debe ser limitada para no coartar la libertad de expresión. Según Flores las rectificaciones deben darse para las informaciones erróneas y no para las opiniones que se vierten en un medio. "Aunque hay que aclarar que una cosa es opinar y otra imputar delitos... eso merece reproche y sanción, pero no penal", recalcó.
Montúfar añadió "que las injurias en contra de funcionarios públicos deberían ventilarse en el ámbito civil y jamás traspasar el ámbito penal".
El legislador además advirtió de las intenciones que tendría el nuevo proyecto, de imponer una censura previa contra la información que se emite, incluso, a través de las plataformas tecnológicas como la web y redes sociales. "Ahí se habla de los mensajes discriminatorios, pero eso se puede dar lugar a muchas interpretaciones".
Por ello, se planteó la necesidad de utilizar criterios técnicos y objetivos para normar a un sector donde además deben garantizarse la pluralidad de voces.
