Con treinta años de experiencia en el ejercicio del periodismo, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), no recuerda que en el mundo haya ocurrido una acción similar como la que afrontan Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de diario El Universo, y el articulista Emilio Palacio. "Me atrevería a decir que es el primer caso del mundo. Un caso vergonzoso para la historia del Ecuador".
En un diálogo con este Diario, cuenta que le asombró la decisión del juez temporal, Juan Paredes, de sentenciar a tres años de prisión a los cuatro querellados y exigir el pago de 40 millones de dólares de indemnización para el presidente Rafael Correa. Sin embargo, después de abandonar el país durante su última visita, no descartó la posibilidad de esta sentencia, "tomando en cuenta la enorme influencia que el Poder Ejecutivo tiene en los tribunales de justicia".
"Con esto lo que se quiere es transmitir un mensaje al resto de la prensa ecuatoriana, para que sepan que tienen que verse intimidados y autocensurarse o de lo contrario (el presidente) actuará en contra de ellos".
Mediante un comunicado publicado en la página web de la institución, la SIP reprocha la sentencia del juez Paredes y la califica de un "grave zarpazo a la libertad de prensa".
El texto cuestiona la celeridad con la que Paredes analizó más de 5.000 hojas de la demanda y redactó 156 carillas de sentencia. Por esta situación, el ente extiende su solidaridad hacia los directivos, empleados del medio y agrega que la decisión confirma que "el Gobierno Nacional continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente (...)".
El documento también recoge la muestra de apoyo del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard. El representante del periódico estadounidense San Antonio Express-News califica al 20 de julio como "un día negro en la historia de la prensa de Ecuador y de las Américas".
Desde su oficina en Guatemala, Marroquín sigue paso a paso lo que sucede en Ecuador. Está pendiente de la medida que adopte el rotativo porteño y no descarta acompañarlo en futuras acciones que interponga en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También está al tanto de la querella que Correa interpuso a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro 'El Gran Hermano', porque se podría repetir la misma historia. A ellos les exige el pago de $ 10 millones. De igual forma, teme que los procesos judiciales en contra de comunicadores se extienda al sector empresarial o a los defensores de la propiedad privada. "Estamos ante lo que podría ser el inicio de la pérdida de todas las libertades en Ecuador".
En un diálogo con este Diario, cuenta que le asombró la decisión del juez temporal, Juan Paredes, de sentenciar a tres años de prisión a los cuatro querellados y exigir el pago de 40 millones de dólares de indemnización para el presidente Rafael Correa. Sin embargo, después de abandonar el país durante su última visita, no descartó la posibilidad de esta sentencia, "tomando en cuenta la enorme influencia que el Poder Ejecutivo tiene en los tribunales de justicia".
"Con esto lo que se quiere es transmitir un mensaje al resto de la prensa ecuatoriana, para que sepan que tienen que verse intimidados y autocensurarse o de lo contrario (el presidente) actuará en contra de ellos".
Mediante un comunicado publicado en la página web de la institución, la SIP reprocha la sentencia del juez Paredes y la califica de un "grave zarpazo a la libertad de prensa".
El texto cuestiona la celeridad con la que Paredes analizó más de 5.000 hojas de la demanda y redactó 156 carillas de sentencia. Por esta situación, el ente extiende su solidaridad hacia los directivos, empleados del medio y agrega que la decisión confirma que "el Gobierno Nacional continúa con su sistemática e intencionada campaña para acabar con la prensa independiente (...)".
El documento también recoge la muestra de apoyo del presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard. El representante del periódico estadounidense San Antonio Express-News califica al 20 de julio como "un día negro en la historia de la prensa de Ecuador y de las Américas".
Desde su oficina en Guatemala, Marroquín sigue paso a paso lo que sucede en Ecuador. Está pendiente de la medida que adopte el rotativo porteño y no descarta acompañarlo en futuras acciones que interponga en instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También está al tanto de la querella que Correa interpuso a los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro 'El Gran Hermano', porque se podría repetir la misma historia. A ellos les exige el pago de $ 10 millones. De igual forma, teme que los procesos judiciales en contra de comunicadores se extienda al sector empresarial o a los defensores de la propiedad privada. "Estamos ante lo que podría ser el inicio de la pérdida de todas las libertades en Ecuador".
