Los asambleístas, en la sesión 116, tramitaron en primer debate el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que busca regular la práctica preprofesional que deben cumplir las y los estudiantes egresados de las Facultades de Derecho, Ciencias Jurídicas o Jurisprudencia de las universidades del país, requisito que contempla el referido Código, en el Capítulo III del Título VII.
En su informe, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, señala que dichas prácticas debían ser reguladas a través de un reglamento que, para el efecto, dictaría el Consejo de la Judicatura; sin embargo, dos años después de la expedición del Código Judicial, éste no se emitió, causando perjuicio a quienes actualmente están cursando los últimos años de su carrera o han egresado y no podrán graduarse, por no cumplir con este requisito.
La titular del organismo legislativo explicó que en el Código Orgánico de la Función Judicial se determinó la necesidad de realizar prácticas previas, antes de obtener el título de abogados. Para realizarlas, el Consejo de la Judicatura debió haber emitido el reglamento que regule el cumplimiento de este requisito, que no lo hizo, y hoy hay un grupo de preprofesionales que están prontos a egresar, sin que hayan podido acogerse a esta disposición legal, por una deficiencia del Consejo de la Judicatura.
Por ello, en el informe se establece que no se impondría esta obligación a quienes ya están egresando, porque no se han dado las condiciones para cumplir la normativa, pero sí estarían obligados quienes ingresaron a la carrera cuando este Código ya entró en vigencia.
La reforma determina que los estudiantes de los últimos años de estudio de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas, deberán realizar en forma obligatoria un año de servicio a la comunidad, mediante la asistencia legal comunitaria en la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, los órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, en los sectores rurales, urbano marginales y organismos y gobiernos seccionales, dando prioridad a aquellos que no cuenten con recursos para contratar abogados de planta, o en cualquier institución del sector público, siempre que la práctica se relacione con la asistencia legal, según el reglamento que al efecto dictará el Consejo de la Judicatura, servicio cuyo cumplimiento será un requisito para el ejercicio profesional.
Quienes realicen el año de asistencia legal comunitaria no adquieren por ello la calidad de servidoras y servidores de la Función Judicial o servidoras o servidores públicos, según corresponda, y tendrán derecho a recibir un reconocimiento económico conforme la tabla que fijará el Consejo de la Judicatura para las prácticas preprofesionales.
En el debate resaltaron la participación ciudadana, que fue la clave en la construcción de este proyecto de ley, porque varias personas dieron sus aportes para el mismo.
Señalaron que en el cuerpo legal no se debe obviar la pluralidad jurídica, puesto que esta práctica comunitaria tiene que darse tanto en la jurisdicción ordinaria, cuanto en la indígena, a efectos de que los estudiantes puedan tener una escuela de justicia indígena. Así mismo, se debe incluir en las instituciones públicas indígenas como el Consejo de Pueblos y Nacionalidades, entre otros organismos; y, se debe tomar en cuenta a las comunidades, pueblos y nacionalidades que deberán ser motivo de práctica de los estudiantes.
Pidieron que se diferencie la situación del egresado y estudiante, para que no existan problemas a futuro y que el reconocimiento económico para esas prácticas, debe sujetarse a las normas constitucionales.
Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, pidió a los asambleístas enviar las observaciones por escrito al organismo legislativo, que deberá preparar el informe para segundo debate. /Asamblea Nacional
En su informe, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta María Paula Romo, señala que dichas prácticas debían ser reguladas a través de un reglamento que, para el efecto, dictaría el Consejo de la Judicatura; sin embargo, dos años después de la expedición del Código Judicial, éste no se emitió, causando perjuicio a quienes actualmente están cursando los últimos años de su carrera o han egresado y no podrán graduarse, por no cumplir con este requisito.
La titular del organismo legislativo explicó que en el Código Orgánico de la Función Judicial se determinó la necesidad de realizar prácticas previas, antes de obtener el título de abogados. Para realizarlas, el Consejo de la Judicatura debió haber emitido el reglamento que regule el cumplimiento de este requisito, que no lo hizo, y hoy hay un grupo de preprofesionales que están prontos a egresar, sin que hayan podido acogerse a esta disposición legal, por una deficiencia del Consejo de la Judicatura.
Por ello, en el informe se establece que no se impondría esta obligación a quienes ya están egresando, porque no se han dado las condiciones para cumplir la normativa, pero sí estarían obligados quienes ingresaron a la carrera cuando este Código ya entró en vigencia.
La reforma determina que los estudiantes de los últimos años de estudio de las facultades de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas, deberán realizar en forma obligatoria un año de servicio a la comunidad, mediante la asistencia legal comunitaria en la Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado, los órganos jurisdiccionales, consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, en los sectores rurales, urbano marginales y organismos y gobiernos seccionales, dando prioridad a aquellos que no cuenten con recursos para contratar abogados de planta, o en cualquier institución del sector público, siempre que la práctica se relacione con la asistencia legal, según el reglamento que al efecto dictará el Consejo de la Judicatura, servicio cuyo cumplimiento será un requisito para el ejercicio profesional.
Quienes realicen el año de asistencia legal comunitaria no adquieren por ello la calidad de servidoras y servidores de la Función Judicial o servidoras o servidores públicos, según corresponda, y tendrán derecho a recibir un reconocimiento económico conforme la tabla que fijará el Consejo de la Judicatura para las prácticas preprofesionales.
En el debate resaltaron la participación ciudadana, que fue la clave en la construcción de este proyecto de ley, porque varias personas dieron sus aportes para el mismo.
Señalaron que en el cuerpo legal no se debe obviar la pluralidad jurídica, puesto que esta práctica comunitaria tiene que darse tanto en la jurisdicción ordinaria, cuanto en la indígena, a efectos de que los estudiantes puedan tener una escuela de justicia indígena. Así mismo, se debe incluir en las instituciones públicas indígenas como el Consejo de Pueblos y Nacionalidades, entre otros organismos; y, se debe tomar en cuenta a las comunidades, pueblos y nacionalidades que deberán ser motivo de práctica de los estudiantes.
Pidieron que se diferencie la situación del egresado y estudiante, para que no existan problemas a futuro y que el reconocimiento económico para esas prácticas, debe sujetarse a las normas constitucionales.
Finalmente, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, pidió a los asambleístas enviar las observaciones por escrito al organismo legislativo, que deberá preparar el informe para segundo debate. /Asamblea Nacional
