En medio de conflictos político-jurídicos, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, fue destituido ayer por el juez 21º de Flagrancia de Pichincha, Santiago Coba, por un supuesto incumplimiento de sus funciones.
Coba alega que el pasado 14 de junio, ordenó a Cevallos que reintegre en su cargo al juez 22º de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, a quien fue suspendió por 90 días.
Hernández -quien fue el juez que ordenó la destrucción de la maquinaria de los mineros ilegales de Esmeraldas- exigía un expediente administrativo previo a la suspensión, ya que es un funcionario de carrera.
La decisión de Coba, sin embargo, no fue acatada por Cevallos. De ahí que haya dispuesto su remoción “inmediata”, según consta en su providencia.
Coba, también es el juez que la semana pasada, dejó sin efecto la resolución de Cevallos quien suspendió, por 90 días, a dos de los tres jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales, Renato Vásquez y Luis Manosalvas, que sentenciaron al coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa y otros cinco policías por el delito de atentado a la seguridad del Estado en la toma de la Asamblea en la revuelta policial del 30 de septiembre.
Cevallos justificó esa medida a petición de la defensa de Tapia, que se quejó de que la sala que tramitó el caso estaba conformada de manera irregular, considerando que el tercero de los jueces, Xavier Andrade, fue designado directamente por los otros magistrados.
Pero la remoción de Cevallos, se da también luego de que en el enlace del sábado pasado, el presidente Rafael Correa cuestionara en duros términos su accionar, a quien calificó de “descarado”.
“Pregunto yo, para que vean las fuerzas ocultas a las que hemos tenido que enfrentar, cómo esto (los hechos del 30-S) se lo quiere dejar en impunidad. Me pregunto: si el Tribunal declaraba inocente al coronel Tapia, ¿se lo estaría destituyendo?”.
Y afirmó que tales acciones son “parte de un complot” para “manipular la justicia”.
Por eso, señaló, diferentes actores políticos “deliberadamente están demorando los resultados en la consulta, para que siga ese Consejo de la Judicatura y no solo este caso quede en la impunidad, también hay unos juicios de (Álvaro) Noboa (líder del Prian) con el cual pactó para que no sea llamado a juicio político para demorar el nuevo Consejo y que se dicte sentencia en esos casos y no se le pague al Estado lo que debe en impuestos”.
“Yo me preguntaba: ¿por qué un Vicente Taiano (asambleísta del Prian) presenta impugnaciones a los resultados? ¿para que quiere demorar los resultados si es claro que ganamos? Pero ya sé lo que quiere. Ustedes sí saben que el Consejo de la Judicatura y Cevallos fueron llamados a juicio político y fueron salvados por la partidocracia, pero no gratuitamente, ahí hay unos pactos terribles, y entre ellos se recusa al tribunal que está juzgando los casos de impuestos de Noboa”, dijo.
Esa actuación del hasta ayer presidente del CJ fue cuestionada por el ministro del Interior, José Serrano, quien denunció un supuesto conflicto de intereses pues el mencionado funcionario tiene a Víctor Hugo Cevallos, defensor del coronel Tapia, como abogado en un juicio por daño moral que le planteó en su contra y en el que exige el pago de $ 500 mil.
Al aceptar el pedido de su abogado de suspender al tribunal penal, dijo Serrano, Cevallos incurrió en prevaricato.
Coba alega que el pasado 14 de junio, ordenó a Cevallos que reintegre en su cargo al juez 22º de Garantías Penales de Pichincha, Juan Pablo Hernández, a quien fue suspendió por 90 días.
Hernández -quien fue el juez que ordenó la destrucción de la maquinaria de los mineros ilegales de Esmeraldas- exigía un expediente administrativo previo a la suspensión, ya que es un funcionario de carrera.
La decisión de Coba, sin embargo, no fue acatada por Cevallos. De ahí que haya dispuesto su remoción “inmediata”, según consta en su providencia.
Coba, también es el juez que la semana pasada, dejó sin efecto la resolución de Cevallos quien suspendió, por 90 días, a dos de los tres jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales, Renato Vásquez y Luis Manosalvas, que sentenciaron al coronel Rolando Tapia, exjefe de la Escolta Legislativa y otros cinco policías por el delito de atentado a la seguridad del Estado en la toma de la Asamblea en la revuelta policial del 30 de septiembre.
Cevallos justificó esa medida a petición de la defensa de Tapia, que se quejó de que la sala que tramitó el caso estaba conformada de manera irregular, considerando que el tercero de los jueces, Xavier Andrade, fue designado directamente por los otros magistrados.
Pero la remoción de Cevallos, se da también luego de que en el enlace del sábado pasado, el presidente Rafael Correa cuestionara en duros términos su accionar, a quien calificó de “descarado”.
“Pregunto yo, para que vean las fuerzas ocultas a las que hemos tenido que enfrentar, cómo esto (los hechos del 30-S) se lo quiere dejar en impunidad. Me pregunto: si el Tribunal declaraba inocente al coronel Tapia, ¿se lo estaría destituyendo?”.
Y afirmó que tales acciones son “parte de un complot” para “manipular la justicia”.
Por eso, señaló, diferentes actores políticos “deliberadamente están demorando los resultados en la consulta, para que siga ese Consejo de la Judicatura y no solo este caso quede en la impunidad, también hay unos juicios de (Álvaro) Noboa (líder del Prian) con el cual pactó para que no sea llamado a juicio político para demorar el nuevo Consejo y que se dicte sentencia en esos casos y no se le pague al Estado lo que debe en impuestos”.
“Yo me preguntaba: ¿por qué un Vicente Taiano (asambleísta del Prian) presenta impugnaciones a los resultados? ¿para que quiere demorar los resultados si es claro que ganamos? Pero ya sé lo que quiere. Ustedes sí saben que el Consejo de la Judicatura y Cevallos fueron llamados a juicio político y fueron salvados por la partidocracia, pero no gratuitamente, ahí hay unos pactos terribles, y entre ellos se recusa al tribunal que está juzgando los casos de impuestos de Noboa”, dijo.
Esa actuación del hasta ayer presidente del CJ fue cuestionada por el ministro del Interior, José Serrano, quien denunció un supuesto conflicto de intereses pues el mencionado funcionario tiene a Víctor Hugo Cevallos, defensor del coronel Tapia, como abogado en un juicio por daño moral que le planteó en su contra y en el que exige el pago de $ 500 mil.
Al aceptar el pedido de su abogado de suspender al tribunal penal, dijo Serrano, Cevallos incurrió en prevaricato.
