Ecuador solicitó, el 28 de junio, a un tribunal arbitral que realice una interpretación del tratado bilateral de inversiones suscrito con EE.UU., en un intento por garantizar su seguridad jurídica y evitar demandas, informó ayer la Procuraduría.
El pedido obedece a la decisión de otro tribunal internacional, impulsada por la petrolera estadounidense Chevron, que en marzo del 2010 exigió a Ecuador el pago de una indemnización de USD 700 millones por la supuesta violación al tratado.
“Este proceso tiene como finalidad exclusiva encontrar una solución legítima a un problema de interpretación del tratado, además de garantizar la seguridad jurídica de la República”, dijo la Procuraduría, en un comunicado.
El anuncio del arbitraje se da luego de que en febrero pasado, la Corte de Sucumbíos dictó un fallo, de primera instancia, ordenando a Chevron a cancelar USD 8 600 millones para remediación ambiental. Esa sentencia fue apelada por las partes a la espera de una resolución final.
En el 2006, Chevron presentó un arbitraje alegando una supuesta “denegación de la justicia” ecuatoriana en sus juicios en la nación, cuyo resultado fue la orden de indemnización. Ecuador había pedido ya la nulidad de la indemnización ante la corte de La Haya para evitar el pago.
El pedido obedece a la decisión de otro tribunal internacional, impulsada por la petrolera estadounidense Chevron, que en marzo del 2010 exigió a Ecuador el pago de una indemnización de USD 700 millones por la supuesta violación al tratado.
“Este proceso tiene como finalidad exclusiva encontrar una solución legítima a un problema de interpretación del tratado, además de garantizar la seguridad jurídica de la República”, dijo la Procuraduría, en un comunicado.
El anuncio del arbitraje se da luego de que en febrero pasado, la Corte de Sucumbíos dictó un fallo, de primera instancia, ordenando a Chevron a cancelar USD 8 600 millones para remediación ambiental. Esa sentencia fue apelada por las partes a la espera de una resolución final.
En el 2006, Chevron presentó un arbitraje alegando una supuesta “denegación de la justicia” ecuatoriana en sus juicios en la nación, cuyo resultado fue la orden de indemnización. Ecuador había pedido ya la nulidad de la indemnización ante la corte de La Haya para evitar el pago.
