A la espera de que mañana se emita una resolución judicial sobre el incremento o no de las tarifas eléctricas, el asambleísta Abdalá Bucaram Pulley (PRE) solicitará este miércoles que el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, sea llamado a juicio político.
Bucaram planteó una acción de protección contra las autoridades del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) por la decisión de eliminar gradualmente, desde el pasado 1 de julio, los subsidios a la electricidad a partir del consumo de 500 kilovatios hora al mes, ampliándose esa base a los 700 kWh en la Costa durante el invierno, de diciembre a mayo.
La jueza decimocuarta de la Niñez, Mariela Zunino, quien tiene el caso en sus manos, dispuso la suspensión provisional del alza de las tarifas eléctricas cuando admitió la causa y ratificó la medida en la audiencia del pasado 23 de junio.
No obstante, el Conelec desconoce tal suspensión y ratifica que “a partir del 1 de julio del presente año está vigente el nuevo esquema tarifario”.
Por el desacato judicial, dice Bucaram, los servidores públicos pueden ser destituidos por la Corte Constitucional como lo dispone el artículo 86, numeral 4 de la Constitución.
Basará su pedido de interpelar al ministro Albornoz por arrogación de funciones y desacato constitucional.
Con igual propósito de dejar sin efecto el alza, la Asociación de Defensa al Consumidor Acción por la Vida espera hoy el pronunciamiento de la jueza de inquilinato Katty Delgado.
Bucaram planteó una acción de protección contra las autoridades del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) por la decisión de eliminar gradualmente, desde el pasado 1 de julio, los subsidios a la electricidad a partir del consumo de 500 kilovatios hora al mes, ampliándose esa base a los 700 kWh en la Costa durante el invierno, de diciembre a mayo.
La jueza decimocuarta de la Niñez, Mariela Zunino, quien tiene el caso en sus manos, dispuso la suspensión provisional del alza de las tarifas eléctricas cuando admitió la causa y ratificó la medida en la audiencia del pasado 23 de junio.
No obstante, el Conelec desconoce tal suspensión y ratifica que “a partir del 1 de julio del presente año está vigente el nuevo esquema tarifario”.
Por el desacato judicial, dice Bucaram, los servidores públicos pueden ser destituidos por la Corte Constitucional como lo dispone el artículo 86, numeral 4 de la Constitución.
Basará su pedido de interpelar al ministro Albornoz por arrogación de funciones y desacato constitucional.
Con igual propósito de dejar sin efecto el alza, la Asociación de Defensa al Consumidor Acción por la Vida espera hoy el pronunciamiento de la jueza de inquilinato Katty Delgado.
