Las amenazas de paro por parte de los servidores públicos en rechazo al Decreto Ejecutivo 813, que establece que el Estado comprará de forma obligatoria sus renuncias (elemento que no fue aprobado por la Asamblea Nacional para incluirlo en la Ley de Servicio Público), quedaron en eso.
Ayer, a las 19:00, luego de dos horas de diálogo, los miembros de la Federación de Servidores Públicos decidieron que antes de aplicar una medida de hecho se debían tomar acciones, entre ellas declararse en sesión permanente, preparar movilizaciones y plantear la demanda de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto, en el que se detalla la compra de renuncias.
"Lo que queremos es que haya un solo pedido de inconstitucionalidad. No puede haber solicitudes dispersas por parte de las diferentes organizaciones de trabajadores públicos", señaló Miguel García, presidente del gremio.
Por ello se comprometió a contactarse con la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), los burócratas de los organismos autónomos seccionales y las organizaciones sindicales entre las que se encuentra el Frente Unitario de Trabajadores .
Ellos también decidieron plantear una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Mesías Tatamuez, representante de la organización, dijo que está por definirse el momento para presentar el recurso.
"Estamos trabajando en el proceso. Nos hemos reunidos con nuestros abogados para analizar el planteamiento", explicó.
Joaquín Viteri, jurista que labora con el gremio de trabajadores, señaló que la demanda podría entregarse el lunes. El argumento más fuerte con el que cuentan es que el Presidente no puede modificar una ley mediante decreto.
El artículo 147 de la Constitución, numeral 13, establece que el Presidente de la República tiene la potestad de expedir reglamentos para la aplicación de una ley, sin contravenirla ni alterarla.
"En el momento en que este decreto incluye un elemento que no consta en la ley hay una inconstitucionalidad. El Ejecutivo dice que el artículo 47, literal K, establece la compra de renuncias con indemnización, pero no se establece en el texto que eso sea obligatorio", aseguró Viteri.
Para el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, no hace falta que conste la palabra 'obligatorio' dentro del planteamiento del Ejecutivo, pues el Estado tiene la potestad para comprar las renuncias de los servidores.
Ante ello el Gobierno sostiene que el planteamiento presidencial es correcto. Pero, aún teniendo esta seguridad, el Ejecutivo quiere curarse en sano y habría planteado un acercamiento a los servidores públicos para analizar lo estipulado dentro del Decreto.
En el caso de que los servidores se reúnan con el presidente Rafael Correa, que podría ser en el transcurso de esta semana, una de las propuestas que estos le harían será la modificación del artículo ajustado a lo que dicta la Ley.
Mientras se concreta este encuentro la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea prepara también el pedido de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 813. La titular de la Comisión, Nívea Vélez, pedirá mañana el cambio del orden del día de la sesión del Pleno para plantear que sea el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, quien encabece la solicitud.
Los trabajadores esperan que se logre frenar posibles despidos con la norma. En algunos entes dicen que ya hay gente que está saliendo y que hay persecución del Ministerio de Relaciones Laborales. "Me dijeron que están viniendo a tomar lista para ver si estamos en los puestos de trabajo", aseguró una funcionaria pública.
Ayer, a las 19:00, luego de dos horas de diálogo, los miembros de la Federación de Servidores Públicos decidieron que antes de aplicar una medida de hecho se debían tomar acciones, entre ellas declararse en sesión permanente, preparar movilizaciones y plantear la demanda de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto, en el que se detalla la compra de renuncias.
"Lo que queremos es que haya un solo pedido de inconstitucionalidad. No puede haber solicitudes dispersas por parte de las diferentes organizaciones de trabajadores públicos", señaló Miguel García, presidente del gremio.
Por ello se comprometió a contactarse con la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), los burócratas de los organismos autónomos seccionales y las organizaciones sindicales entre las que se encuentra el Frente Unitario de Trabajadores .
Ellos también decidieron plantear una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Mesías Tatamuez, representante de la organización, dijo que está por definirse el momento para presentar el recurso.
"Estamos trabajando en el proceso. Nos hemos reunidos con nuestros abogados para analizar el planteamiento", explicó.
Joaquín Viteri, jurista que labora con el gremio de trabajadores, señaló que la demanda podría entregarse el lunes. El argumento más fuerte con el que cuentan es que el Presidente no puede modificar una ley mediante decreto.
El artículo 147 de la Constitución, numeral 13, establece que el Presidente de la República tiene la potestad de expedir reglamentos para la aplicación de una ley, sin contravenirla ni alterarla.
"En el momento en que este decreto incluye un elemento que no consta en la ley hay una inconstitucionalidad. El Ejecutivo dice que el artículo 47, literal K, establece la compra de renuncias con indemnización, pero no se establece en el texto que eso sea obligatorio", aseguró Viteri.
Para el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, no hace falta que conste la palabra 'obligatorio' dentro del planteamiento del Ejecutivo, pues el Estado tiene la potestad para comprar las renuncias de los servidores.
Ante ello el Gobierno sostiene que el planteamiento presidencial es correcto. Pero, aún teniendo esta seguridad, el Ejecutivo quiere curarse en sano y habría planteado un acercamiento a los servidores públicos para analizar lo estipulado dentro del Decreto.
En el caso de que los servidores se reúnan con el presidente Rafael Correa, que podría ser en el transcurso de esta semana, una de las propuestas que estos le harían será la modificación del artículo ajustado a lo que dicta la Ley.
Mientras se concreta este encuentro la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea prepara también el pedido de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto 813. La titular de la Comisión, Nívea Vélez, pedirá mañana el cambio del orden del día de la sesión del Pleno para plantear que sea el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, quien encabece la solicitud.
Los trabajadores esperan que se logre frenar posibles despidos con la norma. En algunos entes dicen que ya hay gente que está saliendo y que hay persecución del Ministerio de Relaciones Laborales. "Me dijeron que están viniendo a tomar lista para ver si estamos en los puestos de trabajo", aseguró una funcionaria pública.
