La necesidad de que la publicidad oficial y las cadenas nacionales sean reguladas también por la ley de comunicación, que está siendo tramitada en la Asamblea Nacional se discutió ayer durante un conversatorio, organizado por el Foro de Periodistas de Ecuador.
Al respecto, Daniel Santoro, periodista argentino de diario Clarín, expresó que los gobiernos, generalmente, usan la publicidad oficial para premiar o sancionar a los medios de comunicación, de acuerdo con sus intereses políticos. Por ello, indicó que la ley debe establecer regulaciones claras, específicas, para que no se produzcan este tipo de abusos.
Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, explicó que, debido a que las cifras de gasto oficial invertidas en publicidad en los últimos años son altas, se debe poner límites. “En 2010 se destinaron más de 30 millones de dólares”, precisó y añadió que en estas no se incluyen los montos destinados a la difusión de cadenas de radio y televisión, ni de los enlaces sabatinos.
Asimismo, dijo que en la ley de comunicación se debería regular que estos espacios no sirvan para perseguir políticamente a periodistas, medios u otros actores que tengan un criterio diferente al oficialismo.
En tanto, el asambleísta Paco Moncayo (MMIN) agregó que, si bien es importante que la ley garantice que la autoridad rinda a sus mandantes cuentas, estos espacios deben estar delimitados para evitar excesos. “Sin equilibrio de poder no hay democracia, por ello el Ejecutivo debe respetar los acuerdos de la Asamblea”, concluyó.
Al respecto, Daniel Santoro, periodista argentino de diario Clarín, expresó que los gobiernos, generalmente, usan la publicidad oficial para premiar o sancionar a los medios de comunicación, de acuerdo con sus intereses políticos. Por ello, indicó que la ley debe establecer regulaciones claras, específicas, para que no se produzcan este tipo de abusos.
Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, explicó que, debido a que las cifras de gasto oficial invertidas en publicidad en los últimos años son altas, se debe poner límites. “En 2010 se destinaron más de 30 millones de dólares”, precisó y añadió que en estas no se incluyen los montos destinados a la difusión de cadenas de radio y televisión, ni de los enlaces sabatinos.
Asimismo, dijo que en la ley de comunicación se debería regular que estos espacios no sirvan para perseguir políticamente a periodistas, medios u otros actores que tengan un criterio diferente al oficialismo.
En tanto, el asambleísta Paco Moncayo (MMIN) agregó que, si bien es importante que la ley garantice que la autoridad rinda a sus mandantes cuentas, estos espacios deben estar delimitados para evitar excesos. “Sin equilibrio de poder no hay democracia, por ello el Ejecutivo debe respetar los acuerdos de la Asamblea”, concluyó.
