Por falta de pruebas, el fiscal Leonidas Lema desestimó una denuncia por supuestos sobornos para conseguir cupos para la legalización de taxis ejecutivos, planteada el 24 de septiembre del 2010 por ocho socios de compañías en Guayaquil.
Lema, fiscal de la Unidad de Delitos Financieros y Anticorrupción, señaló que “solo las versiones de los denunciantes no constituyen elementos de convicción alguno”.
Según las declaraciones de los ocho presidentes de compañías de taxis ejecutivos, un funcionario de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG, actual CTE) los contactó con dos abogados y les solicitaron entre $200 y $ 3.200 para la calificación de cada vehículo.
“Yo ingresé mi carpeta a la CTG, después de eso salí en el cronograma de la primera inspección en el cual fue designado el arquitecto Alberto Valle, después de la inspección me pidió la cantidad de $ 400 y se los di a la semana siguiente, en diciembre del 2009”, relató en su denuncia Fabricio Jaramillo Rucano, representante de la compañía de taxis Friendscar.
Jaramillo agregó que en marzo del 2010 lo contactó una persona identificada como Jhon Carabajo, quien se presentó como enviado por la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. “Me dijo que para aprobar tenía que dar la cantidad de $ 2 mil, yo le dije que lo iba a pensar, pero me dijo que si no daba, mi compañía se iba a quedar fuera”, indica en su escrito.
A Jaramillo también lo visitó un supuesto abogado identificado como Jorge Cassis. “Me dijo que era representante de la empresa Vera y Asociados, me dijo que como no me había puesto de acuerdo con el abogado Carabajo, que le entregue el dinero a él mismo, pero me bajó a $ 1.500 por cada unidad, lo cual no accedí y por ende estoy fuera de este proceso”.
Los supuestos abogados, Carabajo y Cassis, presuntos amigos del inspector de la CTG, Alberto Valle, también se habrían reunido con los otros socios de compañías de taxis, en centros comerciales como el San Marino y Mall del Sol.
Según las versiones, algunos socios pagaron $ 200 por los informes favorables de las compañías, dentro del proceso para su respectiva legalización.
Zaida Rovira, representante de la compañía Andescar y abogada de la Asociación de Taxistas Ejecutivos del Guayas (ATEG), aseguró que antes de la primera inspección, en enero, dieron $ 1.000 por compañía para garantizar que el informe fuera positivo. “Ellos nos citaron por grupos en un centro comercial y allí dimos el dinero”, confiesa Rovira, quien asegura que lo hicieron presionados.
La CTG, confirmó el año pasado, según el expediente, que efectivamente Alberto Valle D’ Stéffano trabajaba como inspector del departamento de Transporte Público de la CTG, dirigido por Iván Zambrano Cedeño, quien hace poco asumió como director nacional de Transporte en la Agencia de Tránsito (ANT) en Quito.
Jorge Cassis, uno de los acusados en la denuncia, sería pariente de la esposa de Zambrano (Paola Cassis). “Él (Zambrano) reconoció, en una reunión que tuvimos en noviembre, que no se hacía responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus parientes”, indicó un dirigente del gremio de taxis ejecutivos.
La investigación del fiscal, que sugiere el archivo de la causa, se encuentra desde febrero pasado en el despacho del juez 3º de Garantías Penales, Eduardo Díaz Navarrete.
Detalles: Taxis ejecutivos
Causa pendiente
Hasta el martes pasado, el juez Eduardo Díaz Navarrete no tomaba conocimiento del informe del fiscal Lema, que pedía el archivo de la denuncia por extorsión presentada en septiembre del año pasado.
Decisión
El juez puede ratificar la desestimación solicitada por el fiscal o disponer que otro fiscal del Guayas continúe con la indagación previa.
Proceso
El proceso de legalización de taxis ejecutivos se inició tras conocerse el año pasado la disponibilidad de cupos.
Lema, fiscal de la Unidad de Delitos Financieros y Anticorrupción, señaló que “solo las versiones de los denunciantes no constituyen elementos de convicción alguno”.
Según las declaraciones de los ocho presidentes de compañías de taxis ejecutivos, un funcionario de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG, actual CTE) los contactó con dos abogados y les solicitaron entre $200 y $ 3.200 para la calificación de cada vehículo.
“Yo ingresé mi carpeta a la CTG, después de eso salí en el cronograma de la primera inspección en el cual fue designado el arquitecto Alberto Valle, después de la inspección me pidió la cantidad de $ 400 y se los di a la semana siguiente, en diciembre del 2009”, relató en su denuncia Fabricio Jaramillo Rucano, representante de la compañía de taxis Friendscar.
Jaramillo agregó que en marzo del 2010 lo contactó una persona identificada como Jhon Carabajo, quien se presentó como enviado por la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. “Me dijo que para aprobar tenía que dar la cantidad de $ 2 mil, yo le dije que lo iba a pensar, pero me dijo que si no daba, mi compañía se iba a quedar fuera”, indica en su escrito.
A Jaramillo también lo visitó un supuesto abogado identificado como Jorge Cassis. “Me dijo que era representante de la empresa Vera y Asociados, me dijo que como no me había puesto de acuerdo con el abogado Carabajo, que le entregue el dinero a él mismo, pero me bajó a $ 1.500 por cada unidad, lo cual no accedí y por ende estoy fuera de este proceso”.
Los supuestos abogados, Carabajo y Cassis, presuntos amigos del inspector de la CTG, Alberto Valle, también se habrían reunido con los otros socios de compañías de taxis, en centros comerciales como el San Marino y Mall del Sol.
Según las versiones, algunos socios pagaron $ 200 por los informes favorables de las compañías, dentro del proceso para su respectiva legalización.
Zaida Rovira, representante de la compañía Andescar y abogada de la Asociación de Taxistas Ejecutivos del Guayas (ATEG), aseguró que antes de la primera inspección, en enero, dieron $ 1.000 por compañía para garantizar que el informe fuera positivo. “Ellos nos citaron por grupos en un centro comercial y allí dimos el dinero”, confiesa Rovira, quien asegura que lo hicieron presionados.
La CTG, confirmó el año pasado, según el expediente, que efectivamente Alberto Valle D’ Stéffano trabajaba como inspector del departamento de Transporte Público de la CTG, dirigido por Iván Zambrano Cedeño, quien hace poco asumió como director nacional de Transporte en la Agencia de Tránsito (ANT) en Quito.
Jorge Cassis, uno de los acusados en la denuncia, sería pariente de la esposa de Zambrano (Paola Cassis). “Él (Zambrano) reconoció, en una reunión que tuvimos en noviembre, que no se hacía responsable por lo que hagan o dejen de hacer sus parientes”, indicó un dirigente del gremio de taxis ejecutivos.
La investigación del fiscal, que sugiere el archivo de la causa, se encuentra desde febrero pasado en el despacho del juez 3º de Garantías Penales, Eduardo Díaz Navarrete.
Detalles: Taxis ejecutivos
Causa pendiente
Hasta el martes pasado, el juez Eduardo Díaz Navarrete no tomaba conocimiento del informe del fiscal Lema, que pedía el archivo de la denuncia por extorsión presentada en septiembre del año pasado.
Decisión
El juez puede ratificar la desestimación solicitada por el fiscal o disponer que otro fiscal del Guayas continúe con la indagación previa.
Proceso
El proceso de legalización de taxis ejecutivos se inició tras conocerse el año pasado la disponibilidad de cupos.
