La Comisión Ocasional de Comunicación aprobará la próxima semana el articulado de los temas derivados de la consulta popular. Esto se debatirá junto al informe para segundo debate que se lo presentó el 1 de julio del 2010.
El presidente de la mesa, Mauro Andino, confirmó ayer que en la tarde tenía previsto remitir el documento elaborado por él y por los asesores a los legisladores de la comisión. Señaló que habrá un solo documento con el desarrollo de los artículos relacionados con el Consejo de Regulación, los contenidos discriminatorios, violentos y explícitamente sexuales, y la prohibición a los directores y accionistas principales a las empresas de comunicación de carácter nacional para que sean dueños de otras compañías ajenas a esa actividad.
“Con la oposición hay acuerdos. A lo mejor en lo que sí hay diferencia es en el Consejo de Regulación”, aseveró Andino, quien no descartó que haya un informe de minoría. Con los cinco días de plazo para su estudio, el martes la comisión debatiría el documento.
Pero existen dudas de que el Pleno debata este proyecto antes de las elecciones legislativas, que se realizarán el domingo 31 de julio, que ya marcan el ambiente de la Asamblea.
El legislador César Montúfar calificó como nefasto el hecho de que ya se empiece a negociar la presidencia de la Comisión, por lo que pidió prudencia.
No obstante, en la Asamblea circuló un borrador entre asambleístas de Alianza PAIS (AP). Según fuentes del bloque no habrá muchos cambios. En ese texto, por ejemplo, se ratifica que el Consejo de Regulación se conforme con dos integrantes designados por el Ejecutivo, uno por los consejos nacionales de igualdad, uno por las facultades o escuelas de Comunicación y tres por la ciudadanía.
En la definición de los medios nacionales, el documento de AP determina que los audiovisuales y las empresas de telecomunicaciones adquieren ese carácter cuando su cobertura alcanza como mínimo el 25% de la población o 6 provincias. Los medios impresos que emitan un número de ejemplares igual o superior al 0,5% de la población nacional en cualquiera de sus ediciones en el año inmediato anterior.
La novedad es la inclusión de agencias de publicidad, que serían catalogadas como nacionales cuando sus operaciones capten el 10% o más del mercado de venta de publicidad o de comercialización.
La responsabilidad ulterior, en el borrador de AP se lo define como la obligación de toda persona de asumir consecuencias jurídicas, administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios, información de relevancia pública no veraz, no verificada, descontextualizada y no oportuna, que lesione derechos humanos, el buen nombre de las personas, la seguridad pública del Estado y el orden constitucional.
El presidente de la mesa, Mauro Andino, confirmó ayer que en la tarde tenía previsto remitir el documento elaborado por él y por los asesores a los legisladores de la comisión. Señaló que habrá un solo documento con el desarrollo de los artículos relacionados con el Consejo de Regulación, los contenidos discriminatorios, violentos y explícitamente sexuales, y la prohibición a los directores y accionistas principales a las empresas de comunicación de carácter nacional para que sean dueños de otras compañías ajenas a esa actividad.
“Con la oposición hay acuerdos. A lo mejor en lo que sí hay diferencia es en el Consejo de Regulación”, aseveró Andino, quien no descartó que haya un informe de minoría. Con los cinco días de plazo para su estudio, el martes la comisión debatiría el documento.
Pero existen dudas de que el Pleno debata este proyecto antes de las elecciones legislativas, que se realizarán el domingo 31 de julio, que ya marcan el ambiente de la Asamblea.
El legislador César Montúfar calificó como nefasto el hecho de que ya se empiece a negociar la presidencia de la Comisión, por lo que pidió prudencia.
No obstante, en la Asamblea circuló un borrador entre asambleístas de Alianza PAIS (AP). Según fuentes del bloque no habrá muchos cambios. En ese texto, por ejemplo, se ratifica que el Consejo de Regulación se conforme con dos integrantes designados por el Ejecutivo, uno por los consejos nacionales de igualdad, uno por las facultades o escuelas de Comunicación y tres por la ciudadanía.
En la definición de los medios nacionales, el documento de AP determina que los audiovisuales y las empresas de telecomunicaciones adquieren ese carácter cuando su cobertura alcanza como mínimo el 25% de la población o 6 provincias. Los medios impresos que emitan un número de ejemplares igual o superior al 0,5% de la población nacional en cualquiera de sus ediciones en el año inmediato anterior.
La novedad es la inclusión de agencias de publicidad, que serían catalogadas como nacionales cuando sus operaciones capten el 10% o más del mercado de venta de publicidad o de comercialización.
La responsabilidad ulterior, en el borrador de AP se lo define como la obligación de toda persona de asumir consecuencias jurídicas, administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios, información de relevancia pública no veraz, no verificada, descontextualizada y no oportuna, que lesione derechos humanos, el buen nombre de las personas, la seguridad pública del Estado y el orden constitucional.
