Han pasado 58 días desde que se desarrolló la consulta popular del 7 de mayo y los resultados finales todavía no han sido publicados en el Registro Oficial.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó con el escrutinio de las 24 provincias el 18 de mayo. Pero la demora en la proclamación de resultados se produce porque hubo cuestionamientos de sujetos políticos, que han recurrido a todas las instancias.
Este es el primer proceso electoral nacional que se concreta, amparado en el Código de la Democracia, que está en vigencia desde junio del 2009.
En este se establece un sistema de recursos de impugnación y apelación que permite que los sujetos políticos recurran a la instancia administrativa (CNE) y a la jurisdiccional (Tribunal Contencioso Electoral) para cuestionar los resultados. De este modo, se pueden presentar reclamos ante la junta receptora del voto, en la junta provincial, cuyos resultados pueden ser refutados ante el CNE y, a su vez, estas resoluciones pueden ser apeladas ante el TCE.
Omar Simon, presidente del Consejo Electoral, reconoce que en esta consulta hubo una “utilización inadecuada de los recursos electorales”, que plantea el Código. Dice que este constante cuestionamiento de los resultados, en todas las instancias, busca deslegitimar este proceso.
En elecciones anteriores, el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) era el único organismo de decisiones en materia electoral. Este captaba las facultades administrativas y judiciales. Además, las decisiones que tomaba eran de última instancia.
Sin embargo, con el Código de la Democracia se marcó una diferenciación entre lo administrativo, cuya responsabilidad es ahora del Consejo Electoral, y lo judicial, que depende del Tribunal Contencioso Electoral.
Tania Arias Manzano, presidenta del TCE, sostiene que “si un sujeto político agota todos los recursos en sede administrativa y judicial se prolonga excesivamente el proceso”. Adelantándose a los hechos indica que si las elecciones de autoridades de enero del 2013 se hicieran bajo el amparo del Código, la entrega de resultados podría demorarse meses.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó con el escrutinio de las 24 provincias el 18 de mayo. Pero la demora en la proclamación de resultados se produce porque hubo cuestionamientos de sujetos políticos, que han recurrido a todas las instancias.
Este es el primer proceso electoral nacional que se concreta, amparado en el Código de la Democracia, que está en vigencia desde junio del 2009.
En este se establece un sistema de recursos de impugnación y apelación que permite que los sujetos políticos recurran a la instancia administrativa (CNE) y a la jurisdiccional (Tribunal Contencioso Electoral) para cuestionar los resultados. De este modo, se pueden presentar reclamos ante la junta receptora del voto, en la junta provincial, cuyos resultados pueden ser refutados ante el CNE y, a su vez, estas resoluciones pueden ser apeladas ante el TCE.
Omar Simon, presidente del Consejo Electoral, reconoce que en esta consulta hubo una “utilización inadecuada de los recursos electorales”, que plantea el Código. Dice que este constante cuestionamiento de los resultados, en todas las instancias, busca deslegitimar este proceso.
En elecciones anteriores, el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) era el único organismo de decisiones en materia electoral. Este captaba las facultades administrativas y judiciales. Además, las decisiones que tomaba eran de última instancia.
Sin embargo, con el Código de la Democracia se marcó una diferenciación entre lo administrativo, cuya responsabilidad es ahora del Consejo Electoral, y lo judicial, que depende del Tribunal Contencioso Electoral.
Tania Arias Manzano, presidenta del TCE, sostiene que “si un sujeto político agota todos los recursos en sede administrativa y judicial se prolonga excesivamente el proceso”. Adelantándose a los hechos indica que si las elecciones de autoridades de enero del 2013 se hicieran bajo el amparo del Código, la entrega de resultados podría demorarse meses.
